La madrugada del 8 de marzo, Facundo Ferreira, de 12 años, murió de un balazo policial en la nuca. Los uniformados, avalados por la institución y la ministra Patricia Bullrich, adujeron que el niño y un amigo habían disparado mientras huían en su motocicleta. Sin embargo, una pericia de “barrido electrónico” de pólvora dio negativo, tal como sostuvo su familia.
La pericia que busca vestigios de “fulminante”, que sólo son hallados en personas que dispararon un arma de fuego, se realizó primero en Salta y luego en Chaco. Ya se sabía que no había ADN de Facundo en el arma que se secuestró en el lugar.
Los policías que persiguieron y dispararon contra Facundo son Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, la fiscalía aún no a hecho público quien de los dos es el responsable del disparo. La defensa menciona que Díaz Cáceres está imputado por abuso y exceso policial en otras causas previas.
Luego del asesinato, fue notorio el despliegue de fuerzas policiales en el barrio donde vivía Facundo con su abuela, buscando amedrentar y coaccionar a familiares y amigos. La situación, que fue denunciada públicamente, no consiguió detener el acoso de las fuerzas públicas tucumanas. El caso, incluso, fue mencionado como caso testigo de uso de fuerza letal contra niños en el Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante la evaluación de la situación de la infancia y adolescencia en la Argentina.
La fiscalía a cargo de Adriana Gianoni encargó primero una prueba de parafina que dio positivo en ambas manos del menor. Sin embargo, advirtió que este tipo de test suele dar falsos positivos si se manipula nafta u otros elementos químicos. Por esto, se resolvió el nuevo examen a realizar en la provincia de Salta, desde donde respondieron que la muestra era insuficiente y luego se la envío a un laboratorio chaqueño en el que finalmente dio negativa.
