El ataque de la patota que atentó contra la redacción de Tiempo Argentino y Radio América será investigado por el fuero federal. Esta semana quedó firme el fallo de la jueza María Julia Correa en el que se declaró incompetente, tras considerar que los matones contratados por el empresario estafador Mariano Martínez Rojas afectaron la libertad de expresión y de prensa.

Los plazos previstos para que la fiscal Verónica Andrade y la abogada María Luisa Paonesa, que representa a Martínez Rojas, apelaran la medida de Correa se vencieron el pasado jueves. Ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal deberá sortear el juzgado que seguirá estudiando el caso.

El nuevo juez que asuma la causa tendrá que evaluar, a su vez, la posibilidad de unificar este expediente con el que se tramita en el juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº 10 de Julián Ercolini, que busca esclarecer el copamiento por parte de Martínez Rojas de la planta transmisora de Villa Soldati, donde funciona la antena de Radio América.

Por su parte, la defensa del supuesto comprador de Tiempo y de la radio intentó embarrar el escenario judicial al denunciar a los trabajadores de ambos medios como usurpadores del edificio de Amenábar 23, en Colegiales, cuyo espacio está al resguardo de los ex empleados de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel por orden del Ministerio de Trabajo luego del abandono patronal.

El expediente en contra de los integrantes de la Cooperativa Por Más Tiempo, presentado el 27 de mayo, no tuvo mayores movimientos porque Martínez Rojas no pudo comprobar su relación con el diario.

En tanto, la causa que registró más actividad fue la que está vinculada con la radio, ya que el supuesto empresario apuntó ahí todos sus cañones. En concreto, acusó a los trabajadores que estaban sin cobrar desde diciembre por haber usado el aire de la emisora para difundir detalles del conflicto.

Pero la maniobra que pretendía criminalizar a los trabajadores se le volvió en contra. Es que el fiscal Matías Di Lello convocó al presunto empresario varias veces para documentar la propiedad de la emisora, pero pasados dos meses aún no lo pudo demostrar.

Ahora los trabajadores de ambos medios solicitarán el cierre de la causa por inexistencia de delito.