Hasta su despido, Medardo Ávila Vázquez había trabajado durante 18 años como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de la Clínica Privada Caraffa, en la ciudad de Córdoba. En ese tiempo, tuvo a su cargo la salud y la vida de más de 12 mil niños y de unos 1800 recién nacidos, a los que cuidó sobrepasando por mucho la responsabilidad profesional, involucrándose como si cada paciente fuera un hijo. En paralelo, se convirtió en un referente de los pueblos fumigados, denunciando las consecuencias fatales de los agrotóxicos. Justamente, lo echaron por persistir en sus convicciones: había comprado un medicamento por su cuenta para tratar a un nene de dos años con leucemia proveniente de una de las tantas zonas sojeras de la provincia. “Esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad”, justificó uno de los gerentes.

De acuerdo al relato que el propio Medardo publicó en sus redes sociales, el jueves 4 de junio, él y su equipo recibieron a un nene de dos años con un posible diagnóstico de bronquiolitis. La experiencia del pediatra lo hizo desconfiar: el chico estaba muy débil y hacía tres semanas que “volaba” de fiebre. Encima era de Villa de María, en el departamento de Río Seco y cerca de Santiago del Estero, un paraje dominado por los cultivos de soja y maíz y sus consecuentes riegos de herbicidas y pesticidas en cantidades industriales. Medardo aceleró las intervenciones necesarias –incluida una punción de médula ósea– y al día siguiente confirmó que se trataba de una leucemia linfocítica aguda de células B.

El caso, describió luego Medardo en Facebook, «verifica la injusticia ambiental y social». «Una familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos”, agregó.

Una vez confirmado el diagnóstico, se debía empezar cuanto antes con el tratamiento de altas dosis de metilprednisona en gotas, pero la farmacia de la clínica no tenía. “Deltisona B gotas (marca comercial de la metilprednisona) hay en todas las farmacias y sale 470 pesos. Le avisé al director médico que los pediatras la podríamos comprar y que arreglaríamos el lunes”, recordó Medardo.

Ese mismo lunes, indiferente a la mejoría del chico, Pedro Flores, uno de los gerentes de la clínica e hijo de los dueños fundadores, convocó al pediatra a su oficina para reprocharle la compra del medicamento argumentando que “esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad”.

Aún conmovido, Medardo le explica a Tiempo que el despido reflejó una “bronca solapada” porque hace un año que “nos vienen masacrando”.

“La clínica –continua– era una sociedad de médicos, pero ahora se convirtió a en una empresa manejada por un abogado y una contadora. Ellos quieren tomar el control con un código distinto al de los sanitarios, quieren manejar la clínica como si fuera una fábrica o un comercio”.

Actualmente, Medardo es coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Médicos de Pueblos Fumigados y uno de los peritos de parte en la causa que investiga la presencia de glifosato y otros plaguicidas en las muestras de agua tomadas de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida, en Pergamino. Ya en 2015, había participado del primer debate sobre agroquímicos en el Senado de la Nación, dando detalles de sus investigaciones sobre el impacto ambiental en poblaciones fumigadas de Córdoba.

“Hay una onda de solidaria muy grande –concluye– que no es tanto conmigo sino con una actitud digna del trabajo del médico que ahora con el Covid-19 se pone más en discusión. La verdad es que recibir el apoyo de Nora Cortiñas o Adolfo Pérez Esquivel me da vergüenza”.