En diciembre de 2019, meses previos al comienzo del confinamiento en el país, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó una vieja licitación (Expediente Electrónico Nº 26.211.573/GCABA-DGCYC/2.018) que habilitaba la adjudicación de más de 1.051 millones de pesos para 46 firmas privadas especializadas en la organización de eventos y empresas proveedoras de luminarias, arreglos florales, vallas y escenarios. En las últimas horas reabrió la misma licitación con un incremento que alcanza alrededor del 280% respecto a la anterior. La primera fue el 6 de diciembre de 2019, a través de una resolución del Ministerio de Economía. La Ciudad había autorizado el convenio para alquilar “elementos destinados al interés público, recreativo y cultural» en eventos de las diversas reparticiones del gobierno.
Concretamente, entre los diferentes elementos se encuentran: tarimas, escenarios, tribunas, stands, grupos electrógenos, torres, gazebos, carpas, pérgolas, arreglos florales, y diferente mobiliario; además de servicios de seguridad, maestranza, iluminación y sonido, pantallas gigantes, escenografías, fotografía, entre otros; todos aparecen publicados en la licitación inicial pero sin detallar en qué actos o eventos se utilizarían. La Dirección General de Compras y Contrataciones que había abierto esa licitación a fines de 2018, prorrogó la misma hasta noviembre de 2019. Por cada empresa “contratada” se podía gastar hasta 87 millones 300 mil pesos, es decir que distribuidas entre todas las que se presentaron, el monto aprobado fue de 1.051 millones 645.213 pesos.
El pasado lunes 13 de diciembre, la misma Dirección publicó en el Boletín Oficial una disposición para abrir un nuevo proceso licitatorio (con cierre el próximo 6 de enero) para la adquisición de los mismos servicios mencionados ya que, cabe aclarar, el convenio marco anterior duraba dos años y finalizaba el pasado 9 de diciembre. Hasta que la nueva licitación quede adjudicada, el Ministerio de Economía y Finanzas, decretó la prórroga de la licitación vigente «hasta el perfeccionamiento del documento contractual». En la disposición de la nueva apertura licitatoria, la dirección fijó un nuevo límite a gastar por cada empresa. La suma alcanza a 243.004.000 de pesos, un 278 por ciento más que los 87 millones establecidos a fines de 2018 con la licitación aprobada en diciembre de 2019.
“Nosotros venimos haciendo un chequeo de todos los gastos y contrataciones de los centros COVID en Movistar Arena y en La Rural; primero lo anunciaron como que eran lugares de uso gratuito y después terminamos confirmando en el Boletín Oficial que eran pagos, y cuando comenzamos a rastrear descubrimos que hacen lo mismo con el pago de otras publicaciones”, cuenta a Tiempo el legislador porteño Matías Barroetaveña del Frente de Todos que redactó un pedido de informes sobre este tema. Sistemáticamente el gobierno porteño cada año realiza la misma estrategia: mediante los convenios marco primero licita y después va adjudicando a lo largo del año, pero sin brindar información oficial sobre estas adjudicaciones. El pedido de informes apunta a conocer, entre otras cosas, en qué eventos fueron requeridos los alquileres de los diferentes elementos licitados, y que informen cómo fueron actualizados los precios iniciales durante la pandemia.
El diputado del Frente de Todos recuerda que el gobierno porteño hizo lo mismo con el mantenimiento de los patrulleros y camionetas de la policía de la Ciudad, con la tercerización de los talleres mecánicos, al igual que con las contrataciones de empresas que realizan encuestas. “El gobierno adjudica a las empresas hasta un monto total y después eso le funciona como un esquema de cuenta corriente, ya que van solicitando servicios y ya tienen el proceso licitatorio hecho”, desarrolla Barroetaveña y agrega: “Acá con este tema es lo mismo, y aumentaron ese monto respecto a la vieja licitación de 2019. No sabemos cuál fue la cifra final que terminaron pagando por todos estos servicios y en qué eventos los utilizaron durante la pandemia cuando todos y todas nos encontrábamos cumpliendo con el confinamiento, es por eso que presenté este pedido de informes”.
Ante la imposibilidad de acceder al detalle de ejecución de la presente licitación, que fue prorrogada hasta que se adjudique una nueva, el diputado solicita “el detalle de la ejecución presupuestaria, por renglón y proveedor, de los gastos relacionados con la Licitación Pública N° 623-1444-LPU18 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021”, además de una descripción detallada “de los eventos en los que fue requerido el alquiler de los elementos licitados en la presente licitación, con indicación de las unidades requirentes”.
Falta de información
No se informó cuáles fueron los porcentajes utilizados para determinar los nuevos incrementos en Licitación Nº 5416/MHFGC/21. “El gobierno porteño nos tiene acostumbrados a que las contrataciones sufra numerosas redeterminaciones de precios, sin informar nada. Necesitamos mayor transparencia, porque no cumple con la obligación de publicarlas en el Boletín Oficial, denuncia Barroetaveña. “Desconocemos en qué se pudieron usar esos servicios durante la pandemia, porque, como puse en el pedido de informes «los resultados de la ejecución de la contratación deberán ser analizados en el contexto del desarrollo de la pandemia de Covid-19, cuyas consecuencias aún hoy padecemos».
