La Organización Mundial de la Salud establece que el consumo de azúcar agregado en la dieta debe representar menos del 10% del total de la energía consumida en un día por una persona. Traducido a cucharaditas de 5 gramos, la dieta diaria supone ingerir unas diez (o sea, 50 gramos), pero bajar esa cantidad a cinco implica beneficios adicionales para la salud. Los argentinos estamos peligrosamente lejos de esa cifra: consumimos, en promedio, 35 cucharaditas al día.

La Argentina está entre los cinco países que más azúcar agregada consumen en el mundo. Una de las principales fuentes de estos valores es la ingesta de bebidas azucaradas. Otra vez, somos el primer consumidor de gaseosas del planeta: 137 litros per cápita por año.

Y la preocupación crece. Según una investigación de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), con el objetivo de evaluar el contenido de azúcares agregados en la oferta de bebidas azucaradas no alcohólicas en el país, de un total de 287 productos relevados y analizados, hubo 184 con azúcar, y las gaseosas son las que más tienen: un promedio de 21,9 cada 200 miligramos.

«Estos indicadores son alarmantes y se ven reflejados en el aumento en los niveles de sobrepeso y obesidad en la población infantil (34,5%) y adulta (57,9%) en el país», asegura el estudio. Los adolescentes de entre 13 y 15 años consumen dos o más bebidas azucaradas por día. Además, solo en una de cada cuatro escuelas se ofrecen frutas y verduras en los kioscos, y el 80% vende bebidas azucaradas.

Este inquietante panorama se enrareció el mes pasado, luego de que se publicara un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston que halló que Coca-Cola y Pepsi han patrocinado al menos a 96 organizaciones de salud entre 2011 y 2015. Entre esas entidades, dos se especializan en diabetes: la American Diabetes Association y la Juvenile Diabetes Research Foundation. Este hallazgo fue definido por los autores del estudio como «sorprendente, dado el vínculo establecido entre la diabetes y el consumo de estas bebidas». Mañana es el Día Mundial de la Diabetes.

El autor principal de la investigación, Daniel Aaron, aseguró que las compañías «usaron las relaciones con organizaciones de salud para desarrollar asociaciones positivas para sus marcas», y sostuvo que Coca y Pepsi tienen la capacidad de «neutralizar potenciales oposiciones legislativas al invocar la reciprocidad y la dependencia financiera de las organizaciones nacionales de salud».

El informe revela que Coca y Pepsi presionaron contra 28 proyectos de ley de salud pública o propuestas de regulación dirigidas a reducir el consumo de gaseosas, como mayores impuestos a esas bebidas y restricciones publicitarias. En los cinco años relevados, Coca-Cola gastó más de 6 millones de dólares anuales en lobby, y Pepsi, más de 3 millones. La OMS acaba de pedir a los gobiernos que establezcan nuevos impuestos a las bebidas azucaradas, a las que responsabilizó del aumento de la diabetes y la obesidad, una patología con dimensiones epidémicas en algunos países.

ILSI es una de las entidades que financia Coca-Cola. En mayo pasado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debió suspender, a instancias de la Justicia, el programa «Mi Escuela Saludable», que preveía evaluar hábitos alimentarios en niños y adolescentes de escuelas porteñas para, supuestamente, «promover hábitos saludables para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso y la obesidad». La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por el sindicato docente ADEMYS y el legislador Gustavo Vera, que denunciaron que las firmas que componen ILSI Argentina –la consultora que analizaría los resultados– son grandes multinacionales, muchas denunciadas por su accionar en términos ambientales y de alimentación saludable. Entre ellas, Monsanto, Bayer… y Coca-Cola.

El lobby de las gaseosas va más allá: un informe de la revista MU reveló que 620 mil niños de escuelas primarias públicas de todo el país recibieron en el colegio el marketing de Coca-Cola, y que la empresa promociona sus productos –bajo el formato de la responsabilidad social empresaria– en seis hospitales públicos.

Lorena Allemandi, directora del Área de Políticas de Alimentación Saludable de FIC Argentina, asegura que «las empresas de bebidas azucaradas quedaron tan en evidencia en relación al aumento en los valores de obesidad, que quisieron mejorar su imagen pública a través de programas engañosos, supuestamente tendientes a disminuir, por ejemplo, las tasas de obesidad infantil, pero que en realidad obstaculizan el avance de políticas públicas». La especialista remarca que «hoy el país no cuenta con políticas públicas integrales y concretas diseñadas para reducir el consumo de azúcares» y lamenta que «tampoco es obligatoria la declaración de azúcares en el rótulo nutricional según el Código Alimentario Argentino: su contenido puede ser declarado en forma opcional, con la consiguiente desinformación de los consumidores».

Para Sebastián Laspiur, consultor de Enfermedades no Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Argentina, la mayor debilidad es que los rótulos de los productos no contemplan la cantidad de azúcar agregado. «Sin ese mensaje, el consumidor no puede ejercer su derecho a elegir qué productos lo benefician o no. Por ejemplo, la gente compra ciertos jugos como naturales y tienen azúcar agregado. Y encima la publicidad dice que son sanos.»

El espejo donde se mira este fenómeno podría ser el de la industria tabacalera, que debió pagar millonarias indemnizaciones a familiares de víctimas. El argumento común para demandar a esas empresas fue que ocultaron información sobre los riesgos que se corrían al consumir sus productos. «

«Mi Escuela Saludable», la encuesta que no pudo ser

“Mi Escuela Saludable pretende promover un cambio cultural para el desarrollo de hábitos y prácticas saludables a fin de prevenir, disminuir y revertir el avance del sobrepeso, la obesidad y ofrecer más y mejores oportunidades para toda la comunidad escolar”. Así se presentaba el programa del Ministerio de Educación porteño, que fue suspendido por el juez Lisandro Fastman, del Juzgado N° 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario. El fallo hizo lugar a un amparo en el que se pidió mayor información y exigió que la Ciudad “se abstenga de implementar la evaluación de los niños, niñas y adolescentes prevista en el programa y, en el caso de haberla iniciado, proceda a su inmediata suspensión”. El Gobierno porteño no apeló. El programa suponía la participación del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus miembros a varias multinacionales de la alimentación, entre ellas Coca-Cola.

Medicamentos para diabetes

El bloque de senadores del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca garantizar de manera gratuita la provisión de insumos para todas las personas que padezcan diabetes y que vivan en territorio bonaerense. La iniciativa pretende que todas las obras sociales y las prepagas que brinden cobertura médico asistencial en la provincia incluyan, con carácter obligatorio, la totalidad de los insumos y medicamentos que fueran prescriptos para el tratamiento terapéutico de la diabetes, como también los reactivos de diagnóstico de autocontrol y de control evolutivo de la enfermedad.