Este viernes, trascendió que el gobierno porteño dio marcha atrás con el proyecto de levantar una torre dentro de la Plaza Antonio Malaver, del barrio de Villa Ortúzar, una decisión que, a priori, emerge como parte del resultado de la lucha de los vecinos para preservar este espacio verde, tal como lo anticipara Tiempo (ver aparte), pero, a la vez, todavía presenta puntos sin aclarar que generan desconfianza y críticas vecinales, mientras preparan reuniones para definir los pasos a seguir.

En este contexto, fuentes de la administración porteña confirmaron a la agencia Télam la suspensión del proyecto inmobiliario, que contemplaba la habilitación de la construcción de un edificio de ocho pisos y un local gastronómico, en la planta baja en una de las esquinas de la Plaza Malaver, que tiene la particularidad de ser un espacio verde público, con viviendas en dos de sus cuatro esquinas, las que pertenecen, en algunos casos, a dueños particulares y, en otros, al Estado porteño.

De acuerdo a esas fuentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo de Álvaro García Resta, «la parcela privada de la Plaza Malaver, donde se iba a hacer un edificio, se convertirá en verde como contraprestación de un convenio urbanístico».

Así, siempre según la versión oficial, una empresa desarrolladora compró la parcela a la constructora que iba a levantar el edificio de ocho pisos, y la cederá al Gobierno porteño para que pase a sumarse al espacio verde y público de la Plaza Malaver.

Mientras tanto, a modo de contraprestación, este desarrollador privado, del cual no se brindó todavía el detalle del nombre, podrá aumentar los metros de altura en un emprendimiento que tiene sobre Avenida Del Libertador.

«El convenio firmado entre el Ejecutivo y el desarrollador debe ser refrendado por la Legislatura de la Ciudad», precisaron las fuentes de la gestión porteña.

Según García Resta, la decisión “es un ejemplo de que el gobierno escucha y genera los instrumentos para resolver los problemas de la gente, trabajando en conjunto entre el sector público y el sector privado».

Según pudo saber este medio, la novedad no cayó bien entre varios de los vecinos que defienden el espacio verde porque se enteraron de la decisión “por los medios”, no están seguros de que la medida se vaya a efectivizar, consideran que todavía les falta información, y porque tampoco se les escapa que es una decisión con ribetes no difundidos que el gobierno porteño tomó dos días antes de las elecciones legislativas.

En comunicación con Tiempo, Gigi Colabella, vecina de Ortúzar que vive en hace más de 25 años en el barrio y que integra el movimiento de autoconvocados “Somos de Ortúzar”, planteó: “Es como un toma y daca, los convenios urbanísticos tienen esto. Yo soy de la Plaza 25 de Agosto, y tengo entendido que los vecinos de la Plaza Malaver no fueron consultados y segundo, les llama la atención (que anuncien esto) dos días antes de las elecciones. De todos modos, allí había un proyecto, que tampoco estaba claro, donde los socios iban a poner dinero de pozo… no sé cómo habrán solucionado ese tema. Me suena muy raro todo. Esto lo digo a título personal”.

“Es una decisión que salió en todos los diarios de la tarde, sin una seguridad de que esto después se pueda sostener. Porque, ¿qué edificio de Avenida Libertador es el que va a tener más pisos, quién construye ese edificio? ¿Qué privado está ofreciendo comprar una parcela para ampliar una plaza? Suena raro. Yo esperaría un par de días para estar segura”, planteó.

“Nos sentimos manipulados, no tomados en cuenta, se está haciendo negocio sobre negocio”, acusó. Mientras tanto, vecinos de la Plaza Malaver tienen previsto llevar a cabo, este sábado una “reunión especial” para analizar esta novedad y definir los pasos a seguir.