El próximo miércoles se cumplirán dos años del ataque a la redacción de Tiempo. Veinticuatro meses desde aquella medianoche en que una patota de unas 20 personas comandadas por Juan Mariano Martínez Rojas irrumpió en la cooperativa, golpeó a sus trabajadores y comenzó a romper los equipos y las conexiones necesarias para editar el entonces incipiente medio autogestionado. Setecientos treinta días desde que los periodistas presentaron en la Justicia las pruebas que identificaban a 15 de esas personas y pidieron que se las juzgue con celeridad.

Al día de hoy, sin embargo, la causa no avanzó un ápice. Sólo uno de los agresores fue indagado e incriminó a la policía, aunque paradójicamente la causa iniciada en la Procuvin que investigaba el accionar policial fue cerrada por «inexistencia de delito». Así lo consideró el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 57.

Los trabajadores de Tiempo que aquella madrugada recuperaron el medio por segunda vez, tras el vaciamiento empresario de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, siguen exigiendo justicia. La misma que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reclamó al Estado Nacional el año pasado.

Una causa que quema

La noche del ataque a Tiempo, la fiscal Verónica Andrade intervino de oficio y abrió una investigación por presunta intrusión. La intención de desviar el hecho fue rápidamente abortada por María del Carmen Verdú, referente de la Correpi y abogada de la cooperativa, quien pidió que se tome a los trabajadores como querellantes y marcó los delitos que se cometieron, además de las lesiones: la interrupción de un medio de comunicación y un ataque a la libertad de expresión, ambos de jurisdicción federal.

La jueza María Julia Correa aceptó inmediatamente el pedido y giró la causa a la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, que se la asignó al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pero allí comenzó un pasamanos entre este y el titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 3, Daniel Rafecas, que entonces investigaba el ataque a la planta transmisora de Radio América. Finalmente debió intervenir la Corte Suprema de Justicia, que retó a los magistrados por la demora y ordenó a Martínez de Giorgi que avanzara.

Recién a principios de 2018 la causa volvió a moverse empujada por la querella de Verdú. Martínez de Giorgi volvió a tomarles testimonio a los integrantes de la cooperativa y citó a indagatoria a la patota. En el caso de Martínez Rojas, que había aprovechado la impunidad para profugarse, pidió el 14 de junio último su extradición a la Justicia de EE UU, en el marco de otra causa por lavado de dinero. Ya en el país, tendrá que responder también por este delito.

Los otros integrantes de la patota usaron distintas estrategias para demorar sus indagatorias, que tendrán lugar durante julio. Gabriel Martín Moraut, que se presentó como «personal de seguridad», fue el único que declaró hasta el momento. Señaló que fue convocado tres días antes por Juan Carlos Blander y que vio ingresar por la fuerza a Martínez Rojas, acompañado por dos policías. El pacto de silencio pareciera haberse roto. «