Un paro de colectivos afecta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país desde las 0 hasta el mediodía del viernes, convocado por una rama disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nucleada en la «Lista Azul Juan Manuel Palacio», en reclamo de mejoras salariales y ante la «falta de respuestas» del Ministerio de Trabajo para el reconocimiento de las autoridades electas en distintas seccionales. El gremio había realizado una medida similar el 27 de febrero pasado.
«Paramos porque, entre gallos y medianoches, la conducción de la UTA, sin consultar con las bases, viene desde hace ya años firmando acuerdos salariales de miseria y ha logrado pulverizar nuestros salarios, reduciendo su poder adquisitivo a un 50% de lo que debería ser», anunció la agrupación, enfrentada a la conducción del gremio que dirige Roberto Fernández.
Las 10 líneas principales afectadas por la huelga movilizan a unas 15 millones de personas al mes, y son la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el ámbito provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543.
Las razones de la UTA
En su anuncio de la protesta, el sector denunció que «hace tres años la conducción corrupta de la UTA viene firmando acuerdos que habilitan ilegalmente la aplicación del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que establece que para los trabajadores de todo el país -excluido el AMBA- el 88% del sueldo no es remuneración salvo a los fines de la cuota sindical, la cuota de promoción para el sindicato, la cuota solidaria para el sindicato y los aportes a la obra social de la UTA, aunque los compañeros estén en otra obra social».
«Nos pagan como si no trabajáramos, así que nos abstendremos de hacerlo», advirtió esa fracción, que a nivel nacional conducen Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo.
La organización señaló que el artículo 223 bis «constituye en estas condiciones un latrocinio, un robo, una manifiesta ilegalidad que quita el salario deferido de los trabajadores de la actividad, condenándolos a una jubilación ruinosa porque los aportes y las contribuciones a la seguridad social se realizan sólo sobre el 12% del salario real». Así, apuntó contra esa «maniobra ilegal» que «enriquece a empresarios inescrupulosos y dirigentes sindicales corruptos».
También denunció la Lista Azul que, pese a haberse impuesto en elecciones gremiales de cinco seccionales del país -Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán-, y «a pesar de que la Justicia lo viene ordenando desde hace más de dos meses», la conducción de la UTA «no quiere ponerlos en posesión y se vale para ello de la pasividad de un ministerio que no funciona».
La agrupación Juan Manuel Palacios recordó además que el martes último Bustinduy llevó a cabo un acampe en una de las sedes del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de la regularización de las seccionales. En tanto, el Consejo Directivo Nacional de la UTA anunció que «no ha dispuesto paro, ni medida de acción gremial alguna».
Y calificaron de «lamentable que un pequeño grupo de personas, identificadas con la lista que perdió las elecciones, pretenda la utilización de los trabajadores, teniendo a los usuarios de rehenes de sus intereses, en una supuesta medida que no se encuentra avalada por la entidad sindical, reiteramos, con el único objetivo de generar descuentos a los haberes de los trabajadores». «Compañeros en la vida hay que elegir, y en la UTA elegimos defender a los trabajadores con la verdad, porque conocer la Verdad nos hará Libres», finaliza el comunicado del gremio conducido por Roberto Carlos Fernández.
