En Dique Chico, una comuna del sur de Córdoba distante a 50 kilómetros de la ciudad capital, niños y niñas de entre cinco y 13 años evidencian daño genético y presencia de agrotóxicos en los cuerpos. El dato, aberrante, surge de un estudio científico encargado por los vecinos preocupados por las constantes fumigaciones al comienzo de la pandemia y sus indisimulables efectos sobre la salud de la población. “Aquí estamos madres, padres, familias enteras para dar esta batalla, poniendo la vida en el centro por sobre los intereses económicos y la naturalización de un modelo que pone a la humanidad toda en riesgo”, avisan desde las asambleas autoconvocadas.
A principios del 2020, hartos de la “convivencia forzada” con las pulverizaciones en los campos de soja y maíz que rodean el pueblo, la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico le encomendó a la investigadora y genetista Delia Aiassa la realización de un estudio de genotoxicidad con el fin de detectar daño genético y presencia de glifosato, columna vertebral del actual modelo de producción agroindustrial en nuestro país, y AMPA, uno de sus principales productos de degradación.
Las 20 muestras tomadas el 7 de febrero de 2020 a los chicos expuestos a diario a las aplicaciones de plaguicidas, evidenciaron un daño genético que en la mayoría de los casos triplica a “aquellos valores considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional”.
El estudio especificó “altos niveles de rotura en el material hereditario de las células que dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos)”. Además, se detectó glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio (se realizó un segundo muestreo en noviembre de 2020).
“Queríamos indagar en las consecuencias efectivas de un modelo que afecta directamente a las personas. Encontramos daño genético en los niños, lo que quiere decir que a largo plazo van a ser más propensos a desarrollar enfermedades asociadas a la exposición de agroquímicos. Son nuestras víctimas silenciosas”, se lamenta Diana Hernández, integrante de la Asamblea y mamá de Malena, cuya muestra de orina confirmó presencia de glifosato y AMPA en su organismo.
“Hay personas –continúa– con enfermedades, que están atravesando cánceres, sufrimos lo mismo que todos los pueblos fumigados, pero la justicia pareciera que no puede conectar una cosa con la otra. Lo que estamos produciendo es evidencia del daño genético en los chicos y de la presencia de agrotóxicos en su orina. No debería haber glifosato en los cuerpos de nuestros hijos”.
Un modelo de despojo
El 13 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la medida cautelar –originada por un primer informe de Aiassa de 2018 que había detectado daño genético en seis chicos– que impide la aplicación o fumigación a menos de 500 metros del predio donde funcionan la escuela rural Bernardo de Monteagudo y el jardín de infantes Mariano Moreno, en la comuna de Dique Chico. Según el fallo, los niños, niñas y adolescentes constituyen un colectivo “especialmente vulnerables”, lo que los vuelve “merecedores de una tutela ambiental reforzada o de mayor espesor”.
Sin embargo, la justicia cordobesa olvidó preservar al resto del pueblo. “Deja a los mismos chicos desprotegidos cuando están en sus casas que, en contexto de pandemia, es la mayor parte del tiempo”, se queja Hernández.
A través de un comunicado, la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico expresó que “aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno, nuestro pueblo es consciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos”.
