Representantes de todos los pabellones del penal de Devoto mantuvieron una mesa de diálogo con las máximas autoridades de la Justicia Federal y autoridades nacionales, penitenciarias y organizaciones que trabajan en cárceles. La charla se concretó durante el fin de semana, tras el estallido del viernes pasado que mantuvo en vilo a todo el país durante nueve horas, y se repetirá este jueves luego de que se confirmara que dos detenidos de ese penal tienen Coronavirus.
“Este jueves tenemos una nueva reunión con las autoridades para ver cuáles fueron los avances ante el compromiso que tomaron sobre hacer cumplir el acuerdo que se firmó el sábado pasado”, explicó a este diario, Claudia Cesaroni, miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CPOC).
La abogada, magíster en criminología y querellante en la causa por la Masacre en el pabellón séptimo, aseguró: “Nos dijeron que iban a rever todo los expedientes que están en tratamiento y avanzar con los que aún no lo estaban. También que otorgarían los beneficios liberatorios correspondientes a quienes cumplan con los requisitos”.
Pablo Palmisano tiene 45 años, estudia sociología y es uno de los detenidos que encabeza el reclamo y participó de la mesa junto a representante de todos los pabellones. “Hay mucha preocupación por el virus. No sabemos si estamos infectados”, contó.
Palmisano destacó que durante la reunión se acordó analizar la situación de más de 6 mil internos que conforman grupos de riesgo y demás situaciones de personas que están prontas a los beneficios liberatorios.
“El sábado a la mañana vinieron las autoridades y nos reunimos en la capilla del penal. Allí les planteamos que descompriman las cárceles. Nos dijeron que van a rever la situación de más de 6 mil personas que ya deberían estar en sus casas”, agregó.
En esa mesa de diálogo con 22 presos participaron el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y el juez de la Cámara Nacional de Casación Daniel Morin. Además, estaban presentes las autoridades de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN); de la Defensoría de Ciudad de Buenos Aires; del Comité Nacional de la Prevención Contra la Tortura; de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); la Comisión de Cárceles y el director del SPF, Emiliano Blanco.
Nicolás Cardozo y Roberto Fontana son los dos casos de Coronavirus positivo que informaron las autoridades del SPF. “El pibe de que se cayó del tercer piso estuvo acá con nosotros en el pabellón 1 y está en terapia intensiva porque tiene el virus. Era del pabellón 4, nosotros lo socorrimos cuando se accidentó. Recién ayer sacamos su colchón. Todo el tiempo nos están llamando de Salud Penitenciaria para darnos recomendaciones pero no nos han hecho ningún testeo ni nada que se le parezca. Solo nos miden la temperatura”, agregó Palmisano.
Los detenidos pidieron que los jueces cumplan con las acordadas y los fallos que dictaron las máximas autoridades de la Justicia Federal. Explicaron la necesidad que existe de largar a los que están cumpliendo salidas transitorias, con condenas no superiores a tres años y los que llevan en prisión más de dos años sin una sentencia firme, mujeres con hijos y embarazadas, extranjeros con trámite de expulsión y personas que fueron condenadas por delitos menores.
“El acuerdo que firmamos es que se cumpla lo que ordenó la Justicia, sobre que liberen a las personas detenidas en establecimientos penitenciarios de todo el país”, explicó Palmisano. En este sentido las acordadas 2,5 y 20/20 de la Cámara Federal de Casación Penal, indican en forma clara y precisa que los jueces deben descomprimir las cárceles. Fueron las medidas que se tomaron ante la pandemia global declarada por el Covid-19.
“Hay mucha preocupación. Entre los presos y los penitenciarios son ocho casos positivos. La población considera que las autoridades solo se acercaron para calmar la situación, tenemos dudas de que cumplan con lo acordado”, subraya Palmisano. Y finaliza contando que: “El jueves tendremos otra reunión con la autoridades y expondremos la necesidad que existe de crear políticas de integración para las personas liberadas. Para que les brinden acompañamiento y puedan proyectar sus vidas, no queremos sufrir más”.
