La Justicia Federal ordenó la detención del prefecto Francisco Pintos, acusado de matar por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel durante la ocupación de un terreno en Villa Mascardi. La detención fue concretada por la Policía Federal en San Isidro por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado luego de que un fallo de la Cámara Federal de General Roca dejara confirmada la prisión preventiva por homicidio agravado.

El fallo del tribunal dio por tierra con la hipótesis del “enfrentamiento” apurada y sostenida con vehemencia por Patricia Bullrich. Por unanimidad, el Tribunal rechazó la apelación presentada por el defensor de Pintos y ratificó la prisión preventiva “en razón del cambio de calificación y el imperativo del artículo 312 del Código Procesal Penal, puesto que cuando estamos en presencia de un delito de los que se ha dado en llamar ‘no excarcelables’, la prisión preventiva debe ser dictada”.

El primer cargo contra Pintos fue “homicidio en exceso de legítima defensa”, pero luego fue procesado por “homicidio agravado” ocurrido el 27 de noviembre de 2017. El prefecto es representado legalmente por Marcelo Hugo Rocchetti, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense. La «cacería» fue llevada a cabo por cinco miembros del grupo Albatros que dispararon entre 114 y 129 veces con balas de plomo 9mm contra miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Desde el tribunal de Roca apuntaron con dureza contra el Ministerio que encabeza Patricia Bullrich: “Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial (…)  Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República”, redactaron en su dictamen.

El juez de Bariloche Leonidas Moldes, responsable del primer fallo, también había ordenado la prisión preventiva por usurpación de tierras de Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes intentaron socorrer sin éxito a Nahuel. Luego del fallo de la cámara, el caso vuelve a la justicia federal de Bariloche para que investigue, aunque ya la hipótesis del enfrentamiento queda descartada.