Un gendarme fue detenido junto a otros dos hombres tras una persecución en el partido bonaerense de Morón cuando se movilizaban en una camioneta, en cuyo interior había tres armas de fuego, chalecos antibalas, precintos y una picana, informaron hoy fuentes judiciales.

Los pesquisas investigan si los sospechosos integraban una banda que estaba por cometer un robo en una casa de El Palomar, en el citado distrito de la zona oeste del conurbano.

Fuentes judiciales informaron a Télam que todo comenzó ayer por la tarde, alrededor de las 19, cuando un comerciante llegaba a su casa a bordo de un auto pero observó que al frente siete hombres estaban a bordo de una Ford EcoSport blanca, un Peugeot 308 y una Partner.

Como esa situación le resultó sospechosa dado que uno de ellos le tomó una foto, el automovilista continuó su marcha y llamó al 911, tras lo cual regresó a los pocos minutos pero los ocupantes de esos rodados ya no estaban.

Según las fuentes, el comerciante dio a conocer a la Policía el número de patente de la EcoSport, por lo que personal que patrullaba la zona comenzó una persecución tras ver que circulaba por la zona.

Los efectivos detuvieron la marcha de la camioneta y aprehendieron a los tres sospechosos, entre ellos un integrante de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que trabaja en la villa 1-11-14, en la zona porteña de bajo Flores.

Otro de los detenidos es un hombre de nacionalidad boliviana que hace poco tiempo salió del penal de Sierra Chica por una «portación de arma de guerra» y el tercero, un argentino que tenía una causa en San Martín por «portación de arma de uso civil».

En tanto, dentro del vehículo, cuyo propietario es el gendarme que vive en el barrio de Villa Lugano, hallaron una pistola calibre .40 y dos 9 milímetros, una de ellas provista por la GNA.

Además, la Policía encontró chalecos antibalas, esposas, precintos, una picana y 450 pesos, agregaron las fuentes.

Los detenidos, quienes se negaron a declarar, fueron imputados por el delito de «tenencia de arma de guerra» por la fiscal de la causa Adriana Suárez Corripio, quien constató que el efectivo había estado dos años en «disponibilidad» por una situación similar.