Un juez de Salta ordenó la inmediata libertad de una médica que había sido detenida en la mañana del viernes, en una causa judicial iniciada por haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE), una práctica autorizada por la legislación argentina.

La decisión fue tomada por el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, al cabo de la audiencia de imputación que se llevó adelante en la sede fiscal, en presencia de la defensa técnica de la médica y el letrado de la querella.

El juez le impuso a la profesional, como medida sustitutiva mientras dure el proceso, la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y le prohibió ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del magistrado.

Tras la detención, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó a la médica por la presunta comisión del delito de aborto.

Durante la audiencia de imputación, la profesional fue asistida por su abogado particular, Cristian Villagran, y se abstuvo de declarar.

Voceros del Ministerio Público Fiscal de Salta aseguraron que en las actuaciones consta que la médica del Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, situada a 365 kilómetros al norte de la capital salteña, intervino en el procedimiento de ILE en un proceso gestacional de 22 semanas y dos días.

El procedimiento fue realizado el 24 de agosto pasado a una joven de 21 años, a pesar de que la mujer habría manifestado su arrepentimiento, según consta en la historia clínica, donde una profesional del equipo lo dejó sentado por escrito, precisaron las fuentes consultadas.

Por ello, el fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir si acceden a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.

En este caso se trata de una ILE.

Las fuentes indicaron que «a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales».

Pero esto fue desmentido por la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que en un comunicado aseguró que la médica detenida «ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE».

Durante la jornada, se realizaron pañuelazos en Salta capital y en Tartagal, además de la Ciudad de Buenos Aires, por la libertad de la médica.

La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer, quien tenía previsto prestar declaración testimonial, ante el fiscal interviniente, pero su representante solicitó la prórroga de la audiencia, debido al estado de su salud.

La detención la médica «es absolutamente irrazonable e injustificada», dijo Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

«Tememos que se trate de un modo de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante prácticas de ILE e IVE (interrupción voluntaria del embarazo), amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del caso», enfatizó la funcionaria.