Aunque no fue un hecho aislado, la fumigación que causó vómitos y malestares a cientos de personas en Presidencia Roca –provincia de Chaco- marcó un quiebre. Luego de que familias enteras sufrieran la intoxicación por los agrotóxicos usados en campos pertenecientes al Grupo Eurnekian y el caso adquiriera visibilidad, la justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar y suspendió temporalmente las fumigaciones en ese lugar.
Según publicó el portal chaqueño Litigio Periodismo Judicial, el juez de Garantías subrogante de la ciudad de General San Martín, Luis Eugenio Allende, ordenó la suspensión de todo tipo de fumigación con agroquímicos “hasta tanto se verifique su realización conforme las normativas aplicables y con seguridad para el medio ambiente y la población en general”.
La cautelar fue dictada en el marco del trámite de una acción de amparo impulsada por los concejales Gustavo Latapié y de Facundo Silvestri, representados por el abogado Juan Alberto Sánchez. En su escrito solicitaron que de manera urgente “cesen las fumigaciones/pulverizaciones aéreas, terrestres con biocidas que vienen realizando en la zona rural y/o suburbana de la ciudad de Presidencia Roca llamada Colonia San Francisco y sobre el pueblo de Presidencia Roca hasta que se verifique la seguridad de las mismas y su no afectación a las comunidades lindantes y al medio ambiente”.
“En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que, los demandados se dedican a la actividad agrícola y por lo tanto usan fertilizantes, lo que debe suspenderse provisoriamente hasta tanto se dicte sentencia de fondo o los organismos determinen que los demandados cumplen con todos los recaudos y condiciones legales para el uso de las mismas”, planteó Allende entre sus fundamentos. “Mantenerse dichas fumigaciones con agrotóxicos no resulta razonable, tampoco estrictamente necesaria, ni proporcional, y tampoco se ajustan a los derechos constitucionales que rige en la materia”, añadió el magistrado, y convocó a una audiencia con las partes para el próximo miércoles.
Si bien había denuncias previas, la última se aceleró tras las fumigaciones del 21 al 24 de octubre, que tuvieron efecto inmediato y brusco sobre la población y las huertas. Además de vómitos, diarreas y dolores de cabeza en hombres, mujeres y niñes, esas fumigaciones provocaron que los cultivos se marchitaran en menos de 48 horas, algo inusual.
“Desconocemos qué productos se utilizan. Hasta la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia informó que se fumigó sin receta agronómica. Aparte de otros incumplimientos con los que habitualmente realiza estas aplicaciones la empresa, esos días los vecinos refieren que había vientos de una velocidad tal que no estaría permitida la fumigación aérea”, dijo días atrás a este medio la abogada Alejandra Gómez, de la Red Popular Ramón Carrillo. “El caso se conoce por la repercusión que hubo ante la cantidad de personas afectadas en la salud y en sus chacras. Pero no es un hecho ni aislado ni nuevo”, advirtió.
“Desde que la empresa está instalada ahí, hace años, viene realizando fumigaciones violando la ley. Fumigan cuando quieren, excediendo los límites del terreno. Lo que tuvo de distinto esta vez es que se afectó la zona urbana y fue muy visible: se veía el avión fumigando en un día de fuertes vientos. La gente reaccionó”, dijo a Tiempo el abogado Juan Alberto Sánchez, representante de los concejales Latapié y Silvestri, quienes realizaron la denuncia judicial en calidad de ciudadanos, por haberse visto afectados por vivir en la zona.
“La gente acudió al hospital público en Presidencia Roca. Mucha gente se vino a la ciudad más cercana, General San Martín, a los sanatorios privados. No hay un número definido de afectados porque el Municipio, que tuvo que haber intervenido desde el inicio, hasta hoy no lo hizo. El personal dependiente de provincia hizo un relevamiento y aún no concluyó. La Red Sanitaria Popular fue la que más se movió, habló con la gente, tomó muestras y fotos, pero todavía está en etapa de procesar datos”, señaló el letrado.
Por el caso hay varias denuncias en paralelo: una que presentó un productor en representación del sector, por los cultivos dañados; otra que se motorizó a raíz de la llamada al número de emergencias ambientales, que dio lugar a un trámite que lleva la Subsecretaría de Ambiente de la provincia; una denuncia penal que hizo un concejal que a su vez preside una institución que nuclea a la gente del campo, y la ONG sanitaria que ya tenía un pedido de amparo iniciado por las fumigaciones sobre las comunidades qom de Pampa del Indio, al que añadió los últimos episodios.
“Esa medida la presentaron en abril y todavía no se pronunció el juez”, cuestionó el abogado. Al mismo tiempo, destacó que el juez Allende actuó con rapidez tras la presentación que formularon sus representados: la acción se presentó el lunes y, dos días después, llegó la respuesta judicial. La empresa acusada se notificó este jueves y tiene plazo hasta el martes para responder, mientras que el miércoles próximo está convocada la audiencia. La denuncia también apunta “a los organismos competentes de provincia: porque la Ley de Biocidas está siendo violada. Otorga autoridad de control a la subsecretaría de Ambiente y estas cosas pasan, alegamos, porque hay un desinterés del Estado en ejercer su poder de control. Entonces nadie hace las cosas bien”.
El abogado remarcó que “más allá de los daños que pueden valuarse en dinero, hay daños que no son perceptibles hoy. Son los residuales, que van quedando en la tierra, el agua y quizás en algún momento empiecen a hacerse efectivos: la comunidad puede empezar a tener problemas genéticos y todo lo que deriva de los agrotóxicos. Hay daños que todavía no son palpables”.
