Leonel Sotelo tenía 19 años y estaba estrenando una moto comprada hacía dos semanas cuando, el primero de diciembre de 2016, lo mataron dos balazos por la espalda efectuados por Giuliano Armando Fattori, oficial de la Policía Local de Almirante Brown. El agente dijo que el joven y su acompañante habían intentado robarle y que hubo un intercambio de disparos. Pero en el lugar sólo se hallaron vainas policiales. A casi cinco años comenzó el juicio al policía, que sigue en funciones.
El debate oral comienza este martes, continúa el jueves y podría extenderse por otras dos audiencias la semana próxima ante el Tribunal Oral uno de Lomas de Zamora. La familia de Sotelo impulsa la acusación por “homicidio agravado por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad”, mientras que la primera acusación fiscal le imputó “homicidio en exceso de la legítima defensa”.
“Pedimos justicia y cárcel efectiva y perpetua para Fattori, que el primero de diciembre de 2016 disparó nueve veces su arma reglamentaria contra Leo y su amigo (Alan Deveza). Dos balazos impactaron a Leo por la espalda y murió”, resumió Florencia Blanco, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde la puerta del Tribunal. “El policía sigue en funciones. Tuvimos un testimonio en Correpi de una mujer que nos contó que este personaje acudió a su casa cuando hizo una denuncia por violencia de género”, alertó.
“Cualquier cosita me llama”, le dijo el oficial de Policía Bonaerense a la mujer que había activado su botón antipánico, según difundió la organización antirrepresiva hace casi un mes. La vecina había reconocido el nombre de Fattori, presente en tantos afiches de reclamo de justicia por Leo Sotelo. “Alertamos a lxs vecinxs de Burzaco: por sus calles camina un policía asesino, en funciones”, difundió Correpi.
En el mismo juicio a Fattori se juzga también a Alan, quien viajaba con Leonel y recibió un balazo policial en un glúteo. Está acusado de tentativa de robo. “Te dicen que te quieren robar y se prioriza la propiedad privada, pero hasta donde sabemos eran dos pibes en moto. Y por más que le hayan querido robar, es un sistema en el que el policía dispara a mansalva. Existe la pena de muerte sumarialmente, a manos de miembros de seguridad”, cuestionó Blanco. Y remarcó que “el hecho de Leo no es un caso aislado, está plasmado en la Doctrina Chocobar. Policías que descargan su furia en barriadas populares y sobre jóvenes de entre 15 y 25 años: el 41% de las víctimas de gatillo fácil pertenece a ese grupo”.
El juicio ya había comenzado en 2019, pero Fattori “había sido indagado por un no-delito: a las cuatro horas el fiscal dijo que había sido en legítima defensa y después se retrotrajo todo a la etapa de instrucción”, recordó Blanco sobre las dilaciones que enfrentaron en la Justicia. Ahora, más allá del veredicto, considera que “es un logro estar acá y poder traerlo frente a un tribunal”.
En este camino, destaca el rol de la mamá de Leonel, Noemí Robelli, quien se convirtió en una ferviente militante contra la violencia institucional y la represión policial tras el crimen de su hijo. Dos años atrás, ante la inminencia del primer juicio, en diálogo con Tiempo negaba la versión policial y advertía que Fattori “dice que Leonel le quiso robar y que el compañero que iba con él sacó el arma de fuego, que nunca apareció. Las pericias demostraron que mi hijo no tenía ningún arma y Alan, el otro muchacho, tampoco”.
El crimen de Leonel Sotelo también reflota otro reclamo de Correpi y de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en contra del permiso de uso de arma reglamentaria para policías cuando están fuera de servicio. En este caso, según se pudo reconstruir, el policía iba vestido de civil, en moto, y nunca se identificó como tal. Así persiguió a los dos jóvenes a los que acusó de intentar robarle y tiró nueve veces. Dos disparos mataron a Leonel por la espalda.
