En medio de la caída del empleo y la recesión, más de setecientos trabajadores del Buenos Aires Design quedarán sin trabajo por el inesperado cierre del reconocido shopping de Recoleta. Este miércoles, los empleados realizaron un corte parcial de Avenida Libertador en protesta por la medida anunciada el viernes por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.  El predio está concesionado a la empresa Irsa desde 1993 y si bien los comerciantes denunciaron que hasta la semana pasada se hablaba de a renovación, sorpresivamente el gobierno porteño anunció que no seguirá ese camino y retomará la posesión del predio.

Varios de los propietarios de los más de sesenta comercios que se hallan en el shopping reclamaron con desconcierto por la inesperada medida. Tanto el gobierno como Ia empresa concesionaria se desligaron de la suerte de los empleados, que tendrán su último día de trabajo  el sábado 17 de noviembre. Irsa comunicó que se hará cargo de sus veinticinco empleados, reubicándolos o pagándoles indemnización si decidieran despedirlos mientras que los comerciantes deberán hacerlo con los que figuran en cada una de sus nóminas. 

El predio de Recoleta es una joya preciada para el PRO y, sobre todo, para quienes lo explotan hasta ahora: el grupo IRSA de Eduardo Elsztain (propietario del 56%) y Hope Funds de Enrique Blaksley Señorans, considerado el «Madoff argentino» por el monto de las estafas en las que estaría involucrado y por las que está con prisión domiciliaria desde el 10 de abril (44%). Ambos aprovecharon durante años un canon irrisorio de 46 mil pesos que, cuando alcanzó estado público en 2017, fue nuevamente cotizado en $ 397.500. Un monto todavía ridículo si se tiene en cuenta que el alquiler y las expensas de dos locales de los 80 que posee ya cubrían el costo del canon.

El pedido de los trabajadores, que plantean continuar con las medidas de protesta, para que se les diera una prórroga a los concesionarios se encontró con una decisión irrevocable del gobierno que no plantea ninguna clase de salida ni para los comerciantes ni para ellos. El gobierno difundió el martes un comunicado que expresa que la “concesión finaliza este domingo” y que se trata de “una cuestión ya sabida de antemano por todos los actores intervinientes”. Y especifica que ya “se presentó un proyecto de ley que impulsa una concesión por 20 años, enfocado en un desarrollo cultural, gastronómico y comercial del predio, y con un nuevo mecanismo de actualización de canon”. Los trabajadores reclaman una salida que preserve sus fuentes de trabajo, sin embargo los negocios inmobiliarios del PRO no conocen ese tipo de reparos.

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La gerenta del Hard Rock Café, Adriana De Angelis, expresó al portal iProfesional que “Si se hace el desalojo, quedará mucha gente en la calle. Hablamos de hasta 1.500 personas que de forma directa e indirecta se estarán quedando sin trabajo”. Sólo ese local cuenta con alrededor de cien empleados. Mientras que el dueño de otro de los bares del shopping reclamó que ellos apostaron a invertir en la zona “en un momento en que el país estaba complicado y ahora no sabemos qué hacer con los locales y los empleados”. 

El PRO en pos de un negocio inmobiliario que se realiza sin la transparencia debida, se desentiende del destino de 700 trabajadores, muchos de ellos cabezas de familia, que quedarán sin empleo en una época del año en que encontrar un nuevo puesto resulta improbable.