La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó que la cúpula completa de la unidad penal 43 de González Catán, partido de La Matanza, fue desplazada por una causa relacionada a corrupción. En paralelo, la entidad comunicó la confirmación de un fallo judicial que ordena al Estado a poner en condiciones la cárcel 25 de Lisandro Olmos, que está destinada al alojamiento de adultos mayores.

“Durante los primeros días de julio se realizó un allanamiento en el pabellón 10 de la unidad penal 43 de González Catán”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, a Tiempo. Se hizo con el objeto de secuestrar “teléfonos celulares, de transacciones comerciales realizadas a través de billeteras virtuales, documentos de identidad, registros, armas de fuego y estupefacientes, entre otras cosas”, agregó.

La denuncia de la CPM

Todo sucedió en el marco de una investigación penal “iniciada por una denuncia que nosotros realizamos sobre corrupción y venta de drogas a cargo de las máximas autoridades de ese penal”, aseguró el secretario ejecutivo. Como resultado de la medida “fue desplazada la cúpula completa”.

“Presentamos la denuncia el pasado 2 de febrero a raíz de distintas llamadas telefónicas que recibimos de parte de personas detenidas en esa cárcel y de sus familiares”, recordó el letrado. Siguió relatando que también realizaron “una presentación administrativa ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”.

“En las dos presentaciones que hicimos demostramos que existía un esquema de recaudación ilegal en ese penal donde, según los testimonios recibimos, el jefe de Asistencia y Tratamiento, Sebastián Penida, con el consentimiento del director Gastón Spaltro, cobraba la permanencia en determinados pabellones”, denunció García. Siguió detallando que lo hacían con el acceso a las “casitas” del régimen abierto y “dirigían la venta de estupefacientes dentro de la cárcel”.

Sobre el allanamiento en la unidad penal 43

Fue así que la Ayudantía Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional de La Matanza, a cargo de la doctora Andrea Verónica Palin, realizó un allanamiento en el pabellón 10 de la unidad penal 43. Lo hizo con el objeto de secuestrar teléfonos celulares, documentos de identidad, registros de transacciones comerciales realizadas a través de billeteras virtuales, armas de fuego y estupefacientes. Así mismo, pidió al Juzgado de Garantías 1, a cargo de la doctora Mary Mabel Castillo, el inmediato desplazamiento de la cúpula del establecimiento penitenciario que fue efectivizada la semana pasada.

Cabe destacar que en la unidad 43 se encuentran alojadas 1.261 personas sobre un total de 440 plazas disponibles en esa institución. “Además de estar triplicada la población pudimos constatar otras situaciones irregulares como una veintena de fugas del sector de régimen abierto, todas ellas vinculadas a hechos de violencia y tortura”, aseguró el secretario ejecutivo. También apuntó que todas las personas “que han realizado denuncias -detenidos y sus familiares- señalan a las autoridades penitenciarias como las principales responsables de estos hechos”.

“También descubrimos que el sector de leoneras del penal, que funciona como un lugar de depósito de personas expulsadas de los distintos pabellones, se encuentra en pésimas condiciones materiales y de salubridad”, remarcó el abogado. Detalló que los detenidos “permanecen allí sin baño, sin colchón, sin adecuada higiene, con agua contaminada, limitado acceso a la alimentación y padecen una precariedad edilicia extrema”.

Una muerte ocurrida en 2022

En 2022 se produjo la muerte de un detenido que estaba alojado en uno de los pabellones de este penal. “Nosotros denunciamos el caso, según un parte realizado por la Jefatura de Asistencia y Tratamiento de la unidad 43, la muerte se habría producido por un fuerte golpe en el sector de las duchas”, explicó el letrado.

“Nosotros pedimos que se realice la operación de autopsia respetando el Protocolo de Minnesota -que es una técnica para estudiar las muertes que ocurren bajo custodia del Estado- con el objetivo de esclarecer las causales del fallecimiento”, subrayó el secretario ejecutivo. En esta línea la UFIJ de Homicidios Culposos de La Matanza “nos informó que en principio la muerte se produjo por un paro cardio-respiratorio no traumático, sin profundizar en ninguna especificidad. Sin embargo existen distintas versiones de personas detenidas que dan cuenta de situaciones previas de violencia, que deben ser investigadas en profundidad”.

Sobre la unidad penal 25 de Lisandro Olmos

La semana pasada la Justicia confirmó un fallo que obliga al Estado a poner en condiciones la unidad penal 25 de Lisandro Olmos. “Se harán las refacciones que sean necesarias, esto había  sido ordenado en junio de este año en un fallo favorable a un habeas corpus colectivo presentado por nosotros”, señaló el letrado. También dijo que lo hicieron “porque estaban vulnerados todos los derechos de los allí cautivos, padecían condiciones edilicias muy precarias, en esa unidad se alojan personas de entre 60 y más de 80 años”.

“Además, la atención a la salud era mala, como así también diversos aspectos del régimen de vida cotidiano de los detenidos”, aseguró el secretario ejecutivo. Sin embargo, en lugar de cumplir inmediatamente con el fallo “el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires apeló el incidente de habeas corpus, cuyo recurso que interpusieron ahora fue rechazado por la Cámara de Apelaciones de La Plata”, celebró.

El Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata, a cargo del doctor José Villafañe, había hecho lugar y resolvió a favor la presentación que hicimos, en el fallo señaló todas estas falencias que expone el secretario ejecutivo de la CPM. Se ordenó corregir la situación denunciada en un plazo de entre 60 y 120 días. Pero esta resolución fue interrumpida por el recurso de apelación.

Finalmente la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides, rechazó por completo los argumentos con los que intentaron excusarse desde la Dirección Provincial de Política y Gestión Penitenciaria de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ordenó que se realicen las obras que sean necesarias para que se garanticen las condiciones de detención de las personas allí alojadas.