La mamá de Valentino Blas Correas (17), el adolescente asesinado de un balazo policial en agosto de 2020 en la capital de Córdoba, manifestó hoy que su hijo «estaría vivo si los policías lo hubiesen atendido» cuando estaba gravemente herido, y bregó para que los responsables «paguen con la condena que se merecen».
Soledad Laciar (44), mamá de la víctima, dijo a Télam que a Blas «lo mataron tres veces. Primero por los disparos de la policía; después en la clínica Aconcagua cuando no quisieron atenderlo, y volvieron a matarlo los policías deshumanizados que frenaron en auto y no dejaron que llegue hasta el hospital».
La mujer dijo que cuando el auto Fiat Argo blanco fue interceptado por la policía en la intersección de Chacabuco y Corrientes su hijo «estaba vivo, todavía respiraba y pedía seguir viviendo». «Mi hijo estaría vivo si los policías lo hubiesen atendido», reprochó.
Al respecto agregó que los efectivos policiales «en vez de salvar la vida de Blas ocuparon todo su tiempo en tratar de maltratar y buscar la forma de inculpar a los chicos, a los mejores amigos que Blas había elegido y que los consideraba como familia».
Asimismo manifestó que en función de las pruebas que se van develando en el proceso judicial, «claramente los responsables de la muerte son mucho más que los trece» que están sentados en el banquillo de los acusados, por lo tanto «también van a tener que dar explicaciones en la Justicia», aseveró Laciar.
Mientras tanto esta mañana abrió la 8va. audiencia del juicio en la sede de Tribunales de la ciudad de Córdoba, que comenzó con Juan Laciar (21), hermano de la víctima, quien prosiguió con su testimonio que había iniciado ayer.
«A mi hermano lo tengo presente en todo momento de mi vida. En todo lo que hago imagino su presencia, como si estuviera hoy aquí», manifestó Juan al declarar ante los miembros del tribunal y del jurado popular y recordar que le había prometido a Blas que iba a ser el padrino de su primer hijo.
Relató también que se fue a trabajar a Estados Unidos por tres meses, como un «escape», aunque siente que nada lo completa, ya que no puede estudiar ni pensar en su futuro. «Sólo pienso y espero justicia. No tengo odio, no tengo rencor, no tengo bronca. Sí tengo mucho dolor y mucho sufrimiento, como toda mi familia», expresó.
Luego declaró Miguel Ángel Laciar (77), abuelo materno de Blas, quien dijo que lo sucedido es «muy desolador y muy duro por el horror que vivió toda la familia».
En otro tramo del relato dijo de acuerdo a las evidencias del juicio los hechos «exceden al gatillo fácil y claramente se trató de violencia institucional». Se espera que después del testimonio del abuelo declare su esposa, Ana María Chanaguir.
El asesinato de Blas Correas
El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas se hallaba en el Fiat Argo junto a sus cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.
Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Ambos llegaron al juicio como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’, ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.