Nadia Rojas no es una desconocida para los medios. Tampoco para la justicia ni la policía. La adolescente, que ahora tiene 15 años, volvió a desaparecer y se presume que cayó en manos de la misma red de trata que la mantuvo cautiva en varias oportunidades. Este martes, seis días después de que había sido por última vez, fue encontrada nuevamente. El agravante en esta oportunidad es que la chica estaba bajo la tutela del Estado, en un hogar a cargo de la Dirección de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Nadia había sido vista por última vez el miércoles 4 de abril cerca de las 13, en la esquina de Nueva York y Nazca, en Villa Pueyrredón. Según pudo reconstruir el portal Cosecha Roja la adolescente se dirigía al colegio donde cursa tercer año, pero no se supo más de ella durante seis días. Elena, la madre de Nadia contó que habían estado juntas el domingo y que todo parecía normal: fueron al cine y a almorzar.

“Cada vez que una piba se ausenta salimos a buscarla, y es entre todos, duplicando el esfuerzo que aparecen. Gritemos sus nombres y repliquemos su búsqueda. No nos da lo mismo que haya una piba menos y por eso salimos a buscarla, acompañanos a difundir”, publicó en Facebook la Red de familias, docentes y organizaciones de Lugano, la organización que resultó clave para dejar en evidencia la existencia de una red de trata que operaría en algunos barrios de zona sur de la Capital. 

La joven estaba alojada en este hogar de puertas abiertas luego de haber desaparecido dos veces: de junio a julio del año pasado y en agosto. Después, quedó a cargo del Estado. En paralelo, comenzó a intervenir la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) con la intención de recabar denuncias similares en la zona con la certidumbre de que se trata de un gran negocio que explota sexualmente a jóvenes vulnerables.

El fiscal federal Federico Delgado también analizó el caso y concluyó que existe «un plan delictivo direccionado a captar adolescentes, dominar su subjetividad y explotarlas sexualmente» y que «cuando las víctimas intentaban salir de ese circuito ilícito, comenzaban las amenazas». Y las tareas de la policía, las declaraciones de los docentes y los testimonios obtenidos permiten sostener esta hipótesis». Por su parte, el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, no encontró aún que haya un delito y mucho menos sospechosos.