Al cumplirse un año de la asunción de Javier Milei a la presidencia, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, el mandatario derogó por decreto la Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas y, en especial, la suspensión de los desalojos. Desde los pueblos originarios remarcaron: “Con este decreto se le desatan las manos a Patricia Bullrich para que nos desaloje, nos reprima, matándonos, encarcelándonos». Al menos, 254 causas judiciales podrían reactivarse con esta medida.

El Decreto 1083/2024, publicado este 10 de diciembre, elimina una de las pocas barreras que aún quedaban para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios del país, en un contexto de desmantelamiento de las políticas que atendían sus reclamos y, en especial, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que, a cargo de Claudio Avruj –exsecretario de Derechos Humanos durante el macrismo- redujo al mínimo su capacidad de intervención.

Cabe destacar que, según el decreto mencionado, existen al menos 254 causas judiciales por desalojo contra comunidades indígenas en todo el país que podrían reactivarse como consecuencia del decreto. No obstante, la avanzada y procesos de desalojos violentos contra pueblos originarios ya comenzaron en diferentes puntos del país, tanto en la Patagonia como en el norte.

Le desataron las manos a Bullrich

Este decreto nos coloca en extrema fragilidad a las naciones y pueblos originarios que habitamos este país. Pero también, sabiendo que había un debate entre los monopolios imperialistas sobre dialogar o hacer una campaña de exterminio hacia los pueblos indígenas, optaron por el exterminio con la votación en la ONU y al derogar ahora la Ley 26.160”, dijo a Tiempo Margarita Peñailillo, Iman Longko de la Comunidad Pillan Pullum We Eglentina Machado de La Pampa y del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha.

Foto: Gentileza Denali Degraf

La referenta señaló que el decreto de Milei libera a las fuerzas de seguridad para que se tensen los diferentes conflictos territoriales que buscan despojar a los pueblos indígenas. “Con este decreto se le desatan las manos a Patricia Bullrich para que nos desaloje, nos reprima, matándonos, encarcelándonos, comenzando una campaña de exterminio como los genocidas Roca y Victorica”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a todos los gobernadores y las fuerzas políticas provinciales: “lo que pase de aquí en adelante va a ser en las provincias, allí están nuestros territorios y los recursos naturales que quieren saquear”.

A un año de esta gestión de gobierno, aseveró Peñailillo, los pueblos originarios también sufren la falta de entrega de alimentos, el ajuste en la salud y la educación, la falta de trabajo y los despidos. “Ahora también el ataque específico a nuestros derechos. Todas las fuerzas democráticas que defendemos el país, debemos repudiar y pedir la nulidad del Decreto 1083/24”, expresó.

Se derogó una ley analgésica

Milei está allanando todos los caminos posibles para que se consume, finalmente, el despojo absoluto del territorio y de los recursos. Está pasando en la Patagonia, en Wallmapu y Puelmapu, pero también en el centro y en el norte de este país”, dijo a Tiempo Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut.

“Somos pueblos que no demandamos planes sociales ni aumento salarial sino una oportunidad para planificar nuestro propio futuro, para existir y hay sectores para los que es un inconveniente que los pueblos indígenas existamos, principalmente para el sector empresarial y de la Sociedad Rural”, aseveró.

En relación a la derogación de la normativa, Millán manifestó que el decreto plantea un falso dilema en relación a la propiedad privada ya que el sector empresario siempre contó con las fuerzas militares, policiales y judiciales para producir los desalojos: “Han derogado una ley que era analgésica ya que los anteriores gobiernos pseudo-progresistas la plantearon para dilatar el otorgamiento y la materialización de nuestros derechos que ya estaban plasmados en la Constitución y en convenios internacionales, pero jamás los regularon y no los transformaron en políticas profundas para reparar el daño que nos hicieron”.

Foto: Pedro Perez

Recordó que se continúa negando el genocidio indígena, la matanza de sus familiares, los campos de concentración, el despojo, las violaciones y crímenes sufridos por los pueblos indígenas. “Somos pueblos tan fuertes que luchamos para seguir existiendo como tales y para defender el territorio: el agua, los bosques, los llanos. Esa defensa se traduce en una proyección para toda la sociedad mapuche y no mapuche”, indicó.

Y agregó: “Ahora sí tenemos que empezar a hablar de libertad, no esa libertad que ellos exclaman, viciada y corrupta, que solo se puede traducir en dinero. Los pueblos indígenas sabemos, porque lo tenemos registrado en nuestra memoria y en nuestros cuerpos, lo que es libertad”, concluyó.