La cuestión educativa se instala en los medios de comunicación en febrero y marzo como en ningún otro momento del año, puesto que son los meses “calientes” de discusión paritaria. Éste verano la educación no fue noticia por la presencia de paritaria sino por su ausencia, ya que el gobierno incumple la Ley de Financiamiento Educativo. Lo educativo aparece en diarios y en televisión porque el Ministerio de Educación ilegalmente deja de lado la ley que año tras año sienta en la misma mesa al Estado y los representantes sindicales para discutir el salario mínimo, la formación docente, el calendario educativo y las condiciones laborales. El reclamo por el aumento salarial no es otra cosa que un pedido legítimo frente al más del 40% de inflación que vivimos en 2016. Poder de compra real contra salarios atrasados en relación a la inflación, esa es la discusión principal. 

A su vez, la discusión sobre lo salarial se inscribe en la poca valoración por la educación pública que el gobierno actual pregona, privilegiando la educación privada y en clara consonancia con los medios de comunicación. Clarín preparó el terreno el sábado pasado comparando la “fructífera” experiencia de un niño de una escuela privada con otro, que por asistir a la pública, “recién el viernes cumplió su quinto día en primer grado”. Haciendo pie en evidentes estereotipos, se instala una competencia feroz en la que ambas partes pelean en una supuesta igualdad de condiciones, poniendo el eje en una calidad educativa diferencial y desacreditando así la lucha docente, por cuanto esos días “perdidos” se deberían al paro docente. Se moldea así, primero desde los medios y luego en la voz de las autoridades políticas, un discurso que se presenta como natural y obvio y que por debajo tiene la grave intencionalidad de desacreditar la idea de la educación como derecho.

Pasados tres días de esa nota, en la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados del operativo Aprender, Macri se manifestó sobre “la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que ‘caer’ en una escuela pública”. Si la propuesta es relacionar caídas y educación pública, podemos pensar en cómo cayó el presupuesto educativo en CABA desde que la gestiona el PRO, cómo se han caído techos en las escuelas por falta de mantenimiento o cómo se vaciaron programas como el Conectar Igualdad a nivel nacional.

Respecto a los “malos resultados” del Operativo Aprender, que no por casualidad comenzaron a mostrar esta semana en plena Marcha Federal y con paros intermitentes en diversas jurisdicciones, hay varias cuestiones para apuntar. El año pasado buena parte de la comunidad educativa se opuso a su aplicación, mecanismo estandarizado que sólo se dedicaba a medir resultados y no procesos. Incluso se negaron a hacerlo porque era un dispositivo descontextualizado que presentaba a los y las docentes como aplicadores de una prueba elaborada por expertos y alejada de las necesidades reales de las aulas y porque vino a reemplazar otro instrumento que tenía más de 20 años de trayectoria (el ONE) desconociendo aportes y limitaciones. 

Nadie niega que la evaluación es parte importante del proceso educativo. Pero el gobierno desecha lo que ya sucede en las aulas y en lugar de convocar a docentes y sindicatos para pensar de qué manera evaluar o cómo mejorar lo que existe, decide implementar mecanismos que poco dicen sobre la situación educativa nacional. O mejor dicho, esas evaluaciones aportan «datos» según un diseño que responde a determinados intereses políticos. Y esos datos son interpretados, como cualquier dato, por alguien que también tiene intereses educativos y políticos. Entonces: el operativo estuvo formulado y aplicado para obtener los datos que efectivamente se consiguieron y poder mostrarlos así, de nuevo con la complicidad mediática. A la educación pública le irá mal, condenada de antemano, y la culpa la tendrá la “pesada herencia”, lxs docentes que se ausentan demasiado y lxs estudiantes porque sólo el “50% responde bien”. 

A su vez, nos preguntamos qué hará el gobierno nacional con la poca información difundida sobre el operativo. No creemos que busquen mejorar el aprendizaje y la enseñanza, ya que han vaciado fuertemente al Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). O quizás, como están haciendo con la modificación del Estatuto del Docente en CABA, beneficien con mayor puntaje docente a los cursos que sean dictados por plataformas privadas. 

Paradójicamente coincidimos  con lo que Bullrich expuso en la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes realizada en Tokio en 2016: “la mala educación es fruto de mala política pública, no es culpa de los maestros”. Nuestras aulas tienen historia, y quienes las habitamos también. Este gobierno con sus malas políticas públicas pasará a la historia como el que activamente desarrolla políticas de abandono hacia la escuela pública y el que abona a la construcción de imaginarios meritocráticos, privatizadores y excluyentes.

* Alan Baichman y Natalia Stoppani, Observatorio de Políticas Educativas del CCC Floreal Gorini