“Desde agosto notamos cómo aumentaron estos operativos de detenciones masivas, arbitrarias y allanamientos ilegales. En ese marco, cientos de personas han sido privadas de su libertad arbitrariamente”, contó a Tiempo desde Tucumán, Florencia Vallino, directora ejecutiva de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Se trata de verdaderas razzias dentro de los barrios populares tucumanos en las que, por medio de un operativo de saturación en las calles, se produce la detención al voleo de quienes transitan por allí. Una política que también aplica la gestión de Jorge Macri bajo el mando del ministro de Seguridad porteño, Waldo Wollf y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.
La práctica fue apodada como “el trencito” por los vecinos ya que se trata de un operativo donde las fuerzas de seguridad recorren las calles en largas filas de vehículos levantando a quien transite por la vía pública. En este contexto, Andhes realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento “la situación de incitación a la violencia y la promoción de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios públicos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y el empeoramiento de la crisis carcelaria”, según expresaron en el informe publicado en la web. Como respuesta oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo declaró: “No nos van a parar; vamos a profundizar el accionar. Los operativos los vamos a seguir haciendo”.
Incremento por partida doble
Vallino informó que el incremento se dio en dos aspectos: por una parte, desde el mes de agosto aumentó la cantidad de operativos simultáneos y coordinados. Pero por el otro, también hubo un notable crecimiento en la cantidad de personas que han sido privadas de su libertad de manera arbitraria. “La práctica incluye que sean trasladadas a comisarías que, en principio, no son informadas a las propias familias. Luego, se les está pidiendo montos de dinero para liberar a las personas que, según los testimonios de quienes hemos contactado, van desde $10.000 pesos por persona”, aseguró.
Las detenciones se producen bajo figuras de la Ley provincial de Contravenciones, en particular, por disturbios en la vía pública. “En la práctica lo que sucede es la presencia policial que sin mediar palabras, empieza a detener en función de su propio olfato y lo hacen contra quienes son identificados por la misma fuerza de seguridad como ‘sujetos peligrosos’ que son detenidos de manera arbitraria”, detalló.
Los testimonios recabados por la organización social Andhes dan cuenta de múltiples circunstancias, incluso personas detenidas en la puerta de su casa o que salieron a hacer alguna compra, iban o volvían de su trabajo y terminaron privadas de su libertad.
Violencia desproporcionada del Jefe de la Policía
Cabe resaltar que el pasado 21 de noviembre, según denunció la regional Tucumán de la Red de Medios Digitales, se produjo una violenta jornada de razzias simultáneas con más de 50 detenciones en los barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán. “Los vecinos registraron cómo la policía detenía de manera ilegal e ingresaba a la fuerza a domicilios particulares sin orden judicial que los autorizara. Mujeres embarazadas, niños y niñas golpeadas, incluso denuncian robos por parte de los oficiales”, publicó La Palta.
El megaoperativo se desplegó en diversas zonas de la provincia, como Villa Muñecas, Lomas de Tafí, Los Pocitos, Tafí Viejo. Según trascendió, se dispuso de recursos pertenecientes a cuatro zonas operativas y 36 comisarías de la Policía de Tucumán. En esa oportunidad, Fernando Korstanje, en representación de la Sociedad Civil ante la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y degradantes, y el abogado Carlos Garmendia presentaron un habeas corpus por la detención ilegal de 58 personas.
La Red de Medios Digitales y, por su parte, Andhes denuncian que esta política se profundizó desde la asunción del jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau.
“Esto se inscribe en un contexto de incremento de discursos de incitación a la violencia por parte del propio jefe de la Policía, que a través de sus dichos públicos y en conferencia de prensa plantea un discurso de legitimación del uso de la fuerza sin ajustarse a estándares vigentes en materia de Derechos humanos para el uso regular de la fuerza”, manifestó Vallino. Cabe resaltar que entre las declaraciones públicas escandalosas del jefe de la Policía tucumana se incluyen: “No estamos para andar preguntando al delincuente si se va a reinsertar en la sociedad. Son delincuentes, nacen y mueren delincuentes. Ya me cansé de decirlo”.
Vallino contó que, también en declaraciones públicas, Girvau dijo que esos operativos no se realizan en cualquier barrio sino en aquellos que son identificados por la propia fuerza como zonas rojas o peligrosas. “Están sucediendo en múltiples barrios de la provincia, todos caracterizados por ser barrios populares. Y las personas que se llevan detenidas están en circunstancias de tránsito en la vía pública y en ese contexto, son levantadas y llevadas por la fuerza”, aseguró.
