El ministro de Educación Esteban Bullrich abandonará su cargo para dedicarse a la campaña electoral el próximo 14 de julio. Pero su última semana de gestión le deparará noticias poco agradables. 

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) presentará en el marco del Foro Político de Alto Nivel, organizado por la ONU en Nueva York, un crítico informe sobre las políticas educativas que Cambiemos llevó adelante en su primer año y medio de gobierno. Reducción y subejecución presupuestaria, desjerarquización del trabajo docente y medidas promercantilistas son algunos de los cuestionamientos que presenta el documento elaborado por esta coalición de organizaciones sociales que nació en 2006 e integra la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.

Entre el 11 y el 18 de julio, la ONU llevará adelante el Foro con el fin de que los países rindan cuenta de sus avances en la prosecución de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable fijados por el organismo internacional para 2030. Uno de esos objetivos, el cuarto, refiere a «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos».

 Además del encuentro oficial, en el que exponen los representantes gubernamentales, Naciones Unidas promueve espacios paralelos para que la sociedad civil también presente sus informes. Esas exposiciones son tomadas muy en cuenta por la ONU a la hora de realizar sus recomendaciones. En ese contexto, la CADE expondrá sobre la situación argentina en un panel moderado por Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL.

El estudio de la CADE es el primero que evalúa la gestión educativa macrista de manera integral. Entre otras cosas, el documento informa que los fondos asignados a la función educación en el Presupuesto de 2017 son, en términos reales, un 13% más bajos que los asignados en 2016. En ese lapso, la participación del gasto público en educación disminuyó del 7,8% al 6,8 por ciento. 

«El Estado vuelve a gastar más en el pago de deuda que en educación», subraya el informe, y amplía: mientras que en 2016 por cada peso destinado a educación se asignaba 0,85 la deuda, en 2017 la relación se invirtió y pasó a ser de 1 a 1,55.

La CADE llama la atención, además, sobre la desjerarquización que el trabajo docente sufrió durante la actual gestión. Uno de los indicadores que publica es el presupuesto destinado a la formación docente, que en términos absolutos implicó una reducción del 25%: mientras que en 2016 tenía asignado un 4,7% del presupuesto del Ministerio de Educación, este año descendió a un 3,8 por ciento. El informe, a la vez, da cuenta de que en 2017, por primera vez desde 2008, el gobierno nacional no convocó a la discusión salarial. «La paritaria docente ya no se visualiza como una forma de recomponer el sueldo de los maestros y profesores de cara a jerarquizar la profesión sino como una pieza clave en la estrategia antiinflacionaria.»

¿ Los niños primero?

El análisis más crítico que realiza la CADE es, sin duda, sobre el nivel incial, donde el macrismo hizo de la universalización de la escolarización temprana su principal bandera, una necesidad en la que coinciden todos los sectores. Según el informe, el gobierno presupuestó 5592 millones de pesos (un 3,5% de todo lo presupuestado en educación y cultura en 2017) para la construcción o refacción de jardines de infantes. Sin embargo, para la primera semana de junio, llevaba ejecutado apenas un 9%, la ejecución más baja de las 19 partidas de la cartera educativa. El dato contrasta con la ejecución global del Presupuesto nacional (46%) y la del propio Ministerio (36 por ciento). De las 268 obras previstas en jardines, en 215 todavía no se registró ninguna erogación.

En el otro extremo del sistema educativo, en las políticas universitarias, el informe cuestiona el virtual congelamiento de las plantas docentes y el avance sobre la autonomía de las instituciones de educación superior al establecer, en la Ley de Presupuesto, que la responsable de aprobar los nombramientos de los nuevos profesores es la Secretaría de Políticas Universitarias. 

La presentación de CADE alerta, además, que puede resentirse el desarrollo de la actividad académica por la reducción del ingreso de investigadores al Conicet. «El calificativo drástico –subraya– no cabe únicamente por la disminución en la cantidad de ingresantes (de 830 en 2015 a 385 en 2016), sino por el desfasaje entre el número de investigadores recomendados para el ingreso (833) y cuántos accedieron. «El documento recuerda que esta reducción implica un incumplimiento del plan vigente Argentina Innovadora 2020, que planteaba la meta de alcanzar para ese año cinco investigadores cada mil habitantes económicamente activos. «Desde el punto de vista fiscal –analiza–, el ahorro es muy pequeño frente al amedrentamiento simbólico que significa.»

La CADE también analizó la política educativa en el ámbito rural, que tuvo un importante de desarrollo a partir de 2008 con el Programa de Mejoramiento de la Educación Rural (Promer) financiado por el Banco Mundial. El informe señala que en 2017 se derivaron 35 millones de pesos del Promer a la Secretaría de Evaluación. «No puede concebirse –sentencia– que recursos que están destinados a la construcción y equipamiento de escuelas rurales se deriven a actividades de evaluación que bien podrían tener otras fuentes de financiamiento.» 

Tecnología y memoria

Sobre las nuevas tecnologías, el trabajo de CADE destaca que durante 2016 no se distribuyeron las netbooks de Conectar Igualdad a los 600 mil ingresantes al secundario ni a quienes se incorporaron a las carreras de formación docente (se entregaron 350 mil según el gobierno y solo 100 mil de acuerdo a los gremios). Para este año, el presupuesto prevé distribuir 800 mil netbooks, una cifra que no alcanza para cubrir a los estudiantes de primer año, más aquellos que no recibieron su equipo el año pasado. El informe brinda datos extras para comprender la situación: hasta ahora solo se licitaron 550 mil equipos y al cierre del primer semestre se había ejecutado menos del 15% del presupuesto que, para 2017, estaba previsto en 7200 millones de pesos, aunque a poco de andar fue reducido a 6000 millones (un 16 por ciento).

Un apartado especial del documento refiere al Programa de Educación y Memoria. «Se ha visto muy menguada la actividad», sentencia y ejemplifica: «Cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, el Ministerio de Educación produjo el libro 30 ejercicios de memoria y afiches que llegaron a las 50 mil escuelas del país. En 2016, cuando se cumplieron los 40 años del Golpe, se hicieron solo producciones digitales que no se promocionaron en la web oficial del Ministerio.» A su vez, en el Postítulo de Derechos Humanos del Programa de Formación Docente «Nuestra Escuela», que tiene 3500 inscriptos, dejaron de ofertarse materias obligatorias que estaban centradas en explicar qué fue el terrorismo de Estado y cómo explicarlo en las escuelas. «Buscan desandar un importante camino de aprendizaje que nuestro sistema educativo y nuestro país en su conjunto ha transitado en el tema de los Derechos Humanos», concluye la CADE.

La presentación que tendrá lugar el próximo 12 de julio destacará, además, que solo un tercio de los once altos funcionarios de la gestión Bullrich tienen una titulación pedagógica o docente: «Da cuenta de una cierta carencia de antecedentes formativos valiosos para la gestión», advierte. 

El documento hace señalamientos en lo que atañe a las políticas para la primaria, la secundaria y advierte sobre cómo el deterioro del contexto socioeconómico afecta al derecho a la educación. Por último, finaliza con una sentencia demoledora. Habla de una gestión educativa que «se ha mostrado sagaz para comunicar y marcar agenda en medios y redes sociales, pero que no ha tenido la misma eficacia para apalancar decisiones que mejoren la realidad cotidiana de la educación”. «

Un voluntariado «irresponsable»

En el extenso documento de más de 60 páginas, la CADE señala varios anuncios y medidas que colaboran con la desjerarquización docente. Allí destaca la convocatoria a voluntarios –realizada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal– con el fin de reemplazar a los docentes durante las huelgas y, la contratación de «codocentes» implementada en la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy, dos bastiones de Cambiemos. 

Esta iniciativa convoca a jóvenes «talentosos» que asisten a una breve capacitación organizada por la ONG EnseñáXArgentina para luego sumarse a las aulas cobrando un tercio del salario de maestros y profesores. «Lo que podría ser simplemente un uso irresponsable del voluntariado y del espíritu de solidaridad que perdura en nuestro pueblo puede también ser entendido como una desatención del Estado de funciones clave en el sistema educativo, creando un vacío para la intervención de los privados», explica la CADE en el estudio.

Para leer el informe completo, hacé clic en el siguiente link: El derecho a la educación en Argentina. ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?, CADE.