La Ciudad de Buenos Aires tiene una zona liberada para la trata. En el Bajo Flores y Villa Lugano desaparecen menores pobres, hijas de inmigrantes, víctimas de violencia intrafamiliar y abusos con una frecuencia que espanta. Ocurre a plena luz del día y el circuito de la explotación se repite, evidenciando la protección de las fuerzas de seguridad y sectores del poder político y judicial. En este contexto, la mayoría de los casos no se denuncia y son los docentes de los colegios los que identifican las ausencias e impulsan las búsquedas, junto con las familias y organizaciones sociales. Sólo en el Bajo Flores, durante 2016 y en lo que va de 2017 hubo más de 20 casos de alumnas desaparecidas de las escuelas públicas de barrios del sur de la Capital. Apenas el de Nadia Rojas, una adolescente de 14 años de Villa Lugano que desapareció dos veces en 55 días (la segunda vez escapó de un hogar dependiente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), tuvo cierta repercusión en los medios.
«Hay mitos muy instalados como, por ejemplo, que estas redes operan a través de secuestros, la famosa leyenda de la Trafic blanca estacionada en la puerta de los colegios, pero en realidad, esos mitos están ocultando los verdaderos mecanismos de captación a través de la persuasión. Las redes de trata se aprovechan de la vulnerabilidad de las chicas, que tiene que ver con situaciones económicas apremiantes o de violencia. El captador aparece prometiendo un futuro más próspero, con mejores condiciones de vida o de ingresos económicos, y es así cómo se produce el engaño, en niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de la Ciudad», explica Guadalupe, una docente de la Escuela de Educación Media N° 3 del Bajo Flores, que forma parte de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones que funciona desde 2015, a partir del caso de Layla, una chica captada por Internet, y que sirvió de modelo para los vecinos de Lugano.
«Vimos que se repetían mecanismos de captación de jóvenes muy vulnerables pero nadie hablaba del tema por miedo. Así que se nos ocurrió hacer una encuesta anónima, a través de un buzón, y así las chicas pudieron contar que eran contactadas por Facebook, que se les pedía fotos bajo la amenaza de tomar represalias contras sus familiares si no lo hacían. El caso de Layla reveló la presencia de una red de trata pero la Justicia no investigó, porque se instaló que la chica se había ido por sus propios medios», recuerda Amanda Martín, secretaria general adjunta del gremio Ademys e integrante de la red del Bajo Flores. Desde entonces, la organización se reúne una vez por semana, pone a disposición abogados para acompañar las denuncias y recorre escuelas brindando apoyo e información.
«El Ministerio de Educación se queja Martín está al tanto de la desaparición de chicas pero no hace nada, y sólo ayuda a fomentar la hipótesis de que se van por propia voluntad. Nosotros le exigimos que se haga presente en el conflicto, que habilite jornadas pedagógicas abordando el tema y que facilite el transporte seguro hacia las escuelas. También exigimos que la Justicia investigue como se debe y a quien se debe, que dejen de proteger a las mafias y encuentren a los culpables de las amenazas».
La teoría del «noviecito»
A partir del caso de Nadia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) comenzó a trabajar en la individualización de víctimas que hayan hecho denuncias similares. El objetivo es «peinar» la zona y encontrar coincidencias con los lugares por donde pasó Nadia mientras estuvo desaparecida, para poder configurar un mapa de la trata.
«En todas las declaraciones nombran al boliche El Basilón, de Liniers. Y que en las comisarías no les quieren tomar la denuncia. ‘Vos sabes dónde está tu hija, andá a buscarla’, dicen, instalando que las chicas se van porque quieren. Pero la policía no es el único problema. Todas las denuncias recaen en la fiscalía de Pompeya, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, que planchan las causas, no investigan», confía una fuente de PROTEX.
El miércoles, el juez Rodolfo Canicoba Corral recibió a militantes del plenario de trabajadoras e integrantes de la Red de Lugano y volvió a insistir en que para él no hay ninguna red de trata. «Mandamos a allanar y no encontramos nada», justificó.
En el allanamiento al boliche El Basilón del 18 de junio último no se encontró a Nadia pero, según el expediente, «detrás de la barra había una pasarela que comunicaba con una construcción lindera con 15 habitaciones, identificadas con placas numeradas en su frente».
El dato coincide con lo relatado por profesores y alumnos, sobre encuentros sexuales a cambio de dinero. «Cuentan que en Basilón tienen su debut sexual, que las chicas se ofrecen por dinero y luego concretan el acto sexual en el edificio de al lado», declaró un docente de la escuela de Nadia. Y agregó que «en ese boliche hay chicas de 12, 13, 14 años, que se prostituyen. Incluso, me dijeron que si las chicas son grandes no las dejan pasar. Los hombres, en cambio, van hasta de 40». «
Hipótesis
Para el fiscal federal Federico Delgado, existe «un plan delictivo direccionado a captar adolescentes, dominar su subjetividad y explotarlas sexualmente. Cuando las víctimas intentaban salir de ese circuito ilícito, comenzaban las amenazas. Las tareas de la policía, las declaraciones de los docentes y los testimonios obtenidos permiten sostener esta hipótesis».
