En la comisaria tercera de La Tablada, partido de La Matanza, las mujeres detenidas pasaban varios días aisladas, en celdas oscuras, sin acceso a un baño, orinando en botella plásticas y defecando en bolsas de nylon. Además, sufrían abusos durante requisas vejatorias. La Comisión por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, realizó una inspección sorpresiva, constatando la situación de grave violación de los Derechos Humanos. Luego de la denuncia radicada por el organismo, la justicia ordenó la inmediata clausura de los calabozos.
Los padecimientos de las mujeres alojadas en la comisaria fueron comunicados a la CPM por el Defensor de Casación de la Provincia Mario Coriolano. Durante una inspección sin previo aviso, el organismo entrevistó a las detenidas y así pudo constatar las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de los policías. Las mujeres denunciaron abusos durante requisas vejatorias provocadas por personal policial femenino y masculino del grupo especial GAD o «paleros» que, según la denuncia, “en gran número presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas”.
Las detenidas refirieron que los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales cometidos el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas mientras que durante el segundo fueron 15. Cuatro de ellas estuvieron presentes en ambos.
Además, las detenidas recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para los alimentos que les acercaban sus familiares. En el lugar no tenían agua fría para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino. Como si el destrato no fuera suficiente, permanecían alojadas en la oscuridad y, al ser aisladas durante varios días, debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon. No tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran, y al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves.
“La violación de Derechos Humanos padecidas por las detenidas en La Tablada dan cuenta de una situación estructural en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. También sobre las condiciones de detención: una situación aberrante, de inhumanidad y de tratos hacia las personas allí alojadas que implican la comisión de delitos de parte de funcionarios públicos que son muchos más graves, incluso, que los delitos que cometieron las detenidas”, le dice a Tiempo Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
El organismo interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza, que de inmediato dispuso la clausura de los calabozos. En simultáneo, el Ministerio de Seguridad desde la Auditoria de Asuntos Internos intervino la dependencia y desplazó a los funcionarios a cargo. Además, hubo una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, a quien le solicitaron medidas urgentes para revertir la sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías provinciales.
“Es importante –concluye García– que el Poder Ejecutivo revierta esta política criminal, que las mujeres dejen de estar en estos lugares que no son los indicados para el alojamiento de personas. Hay una coincidencia con el gobierno actual en este punto de promover políticas públicas que garanticen la no repetición de estos hechos y la sanción a los responsables”.
