Por impulso del oficialismo, en la sesión de este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), que será el responsable de estudiar y autorizar, junto a la Dirección de Interpretación Urbanística, los proyectos inmobiliarios en territorio. La particularidad es que no tendrá representantes de la oposición ni incluye a la participación ciudadana en las decisiones.
Así lo denunció el diputado Matías Barroetaveña (FdT), puntualizando que «es la primera vez que un organismo de integración plural ligado a la Legislatura no se integra con representación de la oposición». Y consideró que esta decisión unilateral se debe a que «Larreta busca facilitar los negociados inmobiliarios de la ciudad».
La Ley 71 ordena que el COPUA esté conformado por representantes del Poder Ejecutivo y 9 de la Legislatura de la Ciudad, que de acuerdo a las conformaciones de otros entes y consejos, suele estar representada en ellos en una relación proporcional a las fuerzas que la integran. No fue este el caso.
El jefe de bloque de Vamos Juntos, Diego García Vila, defendió el listado de nueve integrantes propuesto: “En ningún lugar de la ley se establece que los 9 representantes de la Legislatura deban ser proporcionales. Son nueve técnicos designados a propuesta de la Legislatura. Porque la diversidad consiste en que este grupo convive con los propuestos por el Poder Ejecutivo y los otros estamentos. En la nómina propuesta hay un representante de Consenso Federal, uno del GEN, uno de Evolución, uno de la Coalición Cívica”. En efecto, todos aliados del macrismo.
No se trata de un tema menor en un distrito como la Capital Federal, donde el desarrollo inmobiliario generó en estos últimos años numerosos reclamos de vecinos y organizaciones con casos concretos de gentrificación, expulsando a los vecinos de los barrios como La Boca, Caballito, Palermo o Barracas, en un combo que incluye la construcción de torres, la especulación con las viviendas, el encarecimiento de los precios o la pérdida de patrimonio de cada barrio.
De acuerdo a la información oficial, la función del COPUA en este contexto es la de «procurar soluciones a los problemas urbano–ambientales comunes; entender en cuanto al grado de apropiación del terreno para evitar el uso irracional del suelo urbano; impulsar las inversiones públicas y privadas para generar mejoras, dotando de similares condiciones de vida a todo el territorio». El problema, sostiene la oposición, es que si el organismo sólo cuenta con representantes del oficialismo no habrá ningún control ni regulación, entre otras cuestiones porque quizás los «problemas urbano–ambientales» que suceden en el espacio públicos o en la conformación urbana porteña no los ven necesariamente como problemas.
«La Ley de Plan Urbano Ambiental no es una ley más, es la norma más importante de la Ciudad luego de la Constitución. Toda normativa urbanística y las obras públicas deben ajustarse a esta ley marco», subrayó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en un artículo publicado en El Cohete a la Luna. Abogó porque la priorización de las soluciones sea colectiva, con participación ciudadana real, ysubrayó tres pasos «esenciales» para toda planificación: diagnóstico, detección de los problemas y priorización de los conflictos a solucionar: «Hasta ahora no hay atisbos de autocrítica gubernamental por estos doce años de gestión que constituyen el peor gobierno de la Ciudad en su historia democrática. La emergencia habitacional, ambiental, de los servicios públicos y alimentaria es real. Para empezar, sería conveniente finalizar con la postura negacionista».
«El interés del Ejecutivo es avanzar con proyectos inmobiliarios sin ningún tipo de control ciudadano –remarcó Barroetaveña–. Asistimos nuevamente a un gesto de doble estándar por parte de la fuerza Vamos Juntos; mientras en los medios de comunicación se vanaglorian de las formas republicanas, transforman a la Legislatura en la escribanía de los desarrollos inmobiliarios de la Ciudad». La legisladora Victoria Montenegro acotó: «Los negociados de esta Ciudad no conocen de cuarentena. Larreta quiere tener vpia libre para los negocios inmobiliarios de sus amigos».
