Tras doce años de gobierno, el de las grúas y el acarreo pugna por ser considerado uno de los mayores negociados de la Gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Cánones irrisorios, licitaciones vencidas, ganancias multimillonarias para empresas amigas. Y también, la extensión del servicio a cada vez más zonas de la Capital, con fines recaudatorios, en perjuicio de las y los automovilistas.
En sus últimos días de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta licitó el sistema de acarreo y a partir de ahora las nuevas empresas adjudicadas van a poder operar y levantar autos en cualquiera de los 51 barrios porteños cuando antes solo se podía hacer en el Microcentro y barrios aledaños, zonas en donde supuestamente se establecía el sistema bajo la necesidad de organizar el tránsito.
Así lo denunció Juan Manuel Valdés, legislador porteño de UP: “Es un escándalo que en plena campaña electoral estén aprovechando para negociar el futuro de tu auto y quieran recaudar en lugares en los que no se necesita organizar el tránsito. Además claro está el negocio con los parquímetros, que maneja una empresa de Nicolás Caputo”.
Valdés enfatizó que las grúas por definición deben ser excepcionales: «solo tienen que funcionar cuando se obstruye la vía pública y no como forma de recaudación. Las multas tienen que servir para generar educación vial real. Por ejemplo, tenemos que terminar con el alcoholismo en sangre a la hora de manejar”.
El legislador impulsó recientemente un proyecto de ley para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de Alcohol Cero al volante. “Necesitamos políticas vinculadas a la seguridad vial, incrementar los controles de alcoholemia y fomentar la educación vial para entender de una vez por todas que no se puede manejar después de haber tomado alcohol”, remarcó.
Y añadió que «está demostrado que en grandes ciudades como Rosario o Mar del Plata, en las que rige el Alcohol Cero, el consumo no bajó en los bares y sí la incidencia del alcohol en los siniestros viales. Podríamos replicarlo en la Ciudad pero pareciera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elige promover la ley de la selva”.
El gran negociado de las grúas
El servicio de las grúas y los acarreos es tal vez el servicio que mayor críticas genera en la población porteña, incluso (o sobre todo) en el electorado oficialista. De ahí se pueda entender, y también por presiones internas, que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta tomó hace un año la decisión que menos le reconforta: estatizar. Pero el acarreo en manos públicas nunca terminó de proyectarse, y se volvió algo exiguo hasta consumir la nueva licitación, postergada hace años.
El Frente Antigrúas, conformado por todos los bloques opositores porteños (desde la extrema derecha a la izquierda y el FdT) exigió que se audite un servicio que es tan polémico como deficitario para la Ciudad, que en 20 años se perdió de recaudar miles de millones de pesos, los cuales quedaron en manos de solo dos firmas que operan con contratos vencidos hace dos décadas.
Las dos empresas pagaron cánones mensuales irrisorios que amortizaron en una hora. Los contratos se vencieron hace 22 años y el gobierno de Larreta los fue prorrogando a cambio de un irrisorio canon mensual de $55.000.
“Es imposible que semejante negocio irregular no cuente con la complicidad de autoridades del gobierno. Por eso pedimos que se audite toda la concesión del servicio durante estos años y esperamos que el nuevo contrato se debata de cara a la ciudadanía”, planteó en su momento el legislador Matías Barroetaveña.
Con contratos vencidos en 2001, las dos empresas de acarreo que se repartieron la ciudad durante estas décadas la Capital Federal son Dakota–STO y BRD–SEC, levantando 14 autos por hora a un valor de $6500 por cada vehículo y que hoy llega a los 10.000. Al costo del acarreo la persona debe sumarle el costo de la multa, de igual magnitud.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que en 2016, Dakota S.R.L. y BRD S.A. cubrieron el canon anual que tienen que abonar al Gobierno de la Ciudad por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos.
En el mismo se detalla que BRD tuvo un ingreso total ese año por $57.477.750 como consecuencia de los 76.637 acarreos que realizó y tuvo que abonar un canon anual de $660.000, es decir que con el 1,15% de su facturación cubrió el canon anual. Dakota, ese mismo año realizó 84.919 acarreos lo que le representó un ingreso de $63.689.250 de los cuales tuvo que pagar $660.000 de canon anual, el 1,04% del total.
Pero no sólo con el acarreo ocurre eso. En 2007 el Gobierno de la Ciudad rubricó un acuerdo por el que se comprometió a hacerse cargo del 20% del extra en los sueldos de los empleados de ambas empresas. Por este mecanismo, entre 2014 y 2016 BDR recibió $170.820.033 mientras que Dakota obtuvo $164.590.661.
Se trata de uno de los servicios preferidos por la gestión macrista, que desde su asunción a fines de 2007 aumentó su valor en un 5300 por ciento.
D’Alessandro y el dueño de una de las empresas
Marcelo Violante es el titular de Dakota, y aparece en uno de los chats con el ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En febrero de este año, la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la nulidad de la sociedad comercial «Dakota S.A.», por los «graves y reiterados» incumplimientos a las normativas vigentes.
En uno de los primeros intercambios del 14 de junio de 2019, Violante le escribe a D’Alessandro para que medie ante Carlos Rolero, Fiscal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar una probation por violar una clausura: “Hola Marce, necesito si me podés hacer el favor de reforzar lo que hablaste con el fiscal por la violación de clausura. Nos quieren aplicar una multa en pesos. Eso no tengo problema… pero le quieren aplicar probation al presidente de mi empresa, y es un amigo. Se podrá solamente pagar la multa son la probation?? Porque sino va a quedar el antecedente”.
Aquí Violante hace referencia a Rubén Hugo Laghezza, titular de Brewda Construcciones SA.
“Si, me acuerdo. Ya está para resolver. Yo hablo”, le responde D’Alessandro, quien le pide además que le de un margen para hablar con el fiscal: “Q le pida q espere! Q le de al lunes. Así yo tengo margen d hablar con el (sic)”.
Según publicó en su momento Ámbito Financiero, el 11 de julio de 2019, Violante le escribe a D’Alessandro para asegurarle que «no pudo juntar todo» y que «antes de fin de mes te integro el 100%». El empresario le asegura que tiene «60 verdes» en «dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno» y «50 lucas que están descubiertas», aunque aclara que esas «50 lucas son argentinas». Dos meses después, el 11 de septiembre de 2019, el empresario le avisa al ministro de Seguridad que necesita verlo «por el chat que te mandé» y «de paso te llevo los 50 mil».
El 21 de septiembre, Violante le pregunta a D’Alessandro si le «da para proponer negocios a Horacio», el ministro le responde que sí y el empresario le pide verse la semana siguiente cuando él quiera.
El 11 de noviembre de 2019 cuando Violante le avisa a D’Alessandro: «Hola Marce! Tengo que verte por negocios!».
Desde el 13 de noviembre de ese año, el empresario comienza a hablarle sobre distintas licitaciones que busca obtener para la construcción de estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Violante le indica al ministro de Seguridad que pensó en él «para acompañar el proceso».
A principios de 2020, Violante le pide a D’Alessandro que hablé con Jose Luis Giusti, ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones. El empresario le advierte que tiene «miedo que lo caguen» porque «se presentaron unos cuantos».
A fin de enero, el empresario busca encontrarse con D’Alessandro para contarle los detalles de una reunión con Juan Manuel Franchi, director general de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Economía y Finanazas porteño. Le informa que averiguará sobre licitaciones y cánones adeudados, «por si hay paño para q tu amigo me dé una mano previa».
El 17 de febrero se detalla cómo Violante busca arreglar situaciones adversas de sus negocios a través de la figura del ministro de Seguridad de la Ciudad, como por ejemplo «ver la posibilidad de no instalar el sistema de guiado indicador de cochera libre u ocupada» en la playa subterranea de Tribunales, dado que «su valor es en dolares y con la devaluación es inviable». También le solicita a D’Alessandro si habrá «posibilidad de poner policia o agentes de tránsito en algunas grúas» y si podrá conseguirle «mantener el canon anterior» sobre la «playa pitta (al lado de La Rural, sobre Avenida Sarmiento)» ante un aumento que «no rinde» y la posibilidad de que le quiten «un convenio precario».
En los chats Violante llega a mencionar a Diego Santilli y a Giusti «a ver que ayuda nos pueden dar», o meses después que le pregunta a D’Alessandro si conoce a Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon en la costa bonaerense, a quién le quiere presentar un negocio en Mar Del Plata. El empresario le ofrece al ministro «proponerle el tema» al intendente ya que esos son los negocios donde pueden «ir en sociedad».
En junio de 2020, Violante se muestra preocupado por el Estación de Madero, y por el peligro de quedar afuera de la licitación. Le confía a D’Alessandro: «Acá alguien se quedó con un vuelto y piensan que yo no cumplí».
