El escándalo por la venta de tierras públicas y la transferencia de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires por parte de Mauricio Macri llegó a la justicia, gracias a una denuncia penal elevada en las últimas horas contra el ex presidente y el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús. Según las seis organizaciones que impulsan la medida judicial, esas acciones gubernamentales sobre las tierras fiscales fueron realizadas “en forma ilegal e inconstitucional”.
La denuncia contra Macri y Lanús se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad; y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública. Al ser una de las últimas radicadas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 del Juez Claudio Bonadío (Expediente N° 428/2020), deberá aguardar ahora quién la tomará, si Sebastián Casanello o algún otro subrogante.
El escrito, presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Unidad Popular–CABA, el Movimiento Popular la Dignidad (MPLD–Capital), CTAA–Capital, Frente Territorial Salvador Herrera y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas–IPYPP, sostiene que a través de once decretos formulados desde 2016 hasta el 2019, decisiones administrativas y otros convenios de la AABE, el ex presidente Mauricio Macri autorizó la venta de unos 150 inmuebles nacionales, un centenar de ellos ubicados en la Ciudad. Decenas de ellos ya fueron vendidos. “Estas ventas se realizaron sin autorización del Congreso Nacional tal como lo establece la Constitución Nacional”, enfatizó Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC.
Algunas decisiones fueron especialmente polémicas. Por ejemplo, los dos convenios firmados entre Nación y Ciudad el 11 y 13 de noviembre del año pasado, después de las elecciones y a un mes de finalizar Macri su mandato, a través de los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad, pertenecientes a los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur 2. “Estas trasferencias se hicieron en violación al artículo 15 bis de la Ley N° 25.917 que establece que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos”, acota Baldiviezo.
Hay otros puntos polémicos de la venta de tierras, como la transferencia de dos parcelas de Av. Brasil N° 16/20 donde se encuentra el Darling Tennis Club, a contramano del art. 18 de la Ley N° 27.098 el cual establece que debe asegurarse el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio que tengan sus sedes construidas en terrenos fiscales.
Días atrás, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) envió a la Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete de Ministros un informe que cuestiona la adjudicación del Paseo de la Infanta por parte de la AABE en la anterior gestión de gobierno. La SIGEN denunció un conflicto de intereses que ya había sido resuelto por el organismo mediante un informe del 2 de diciembre pasado, a través del cual respondía a una consulta de Lanús. En su momento, el entonces titular de la AABE había solicitado un dictamen a SIGEN, luego de que un oferente informara durante el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con Lanús, con quien había mantenido una disputa judicial.
Ante la consulta de Lanús, SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación. Sin embargo, y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN: el 9 de diciembre de 2019, a un sólo día de dejar su cargo, firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de diez años en favor de la firma Estación Rosedal S.A. El actual Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero puntualizó que “desde todo punto de vista, el ex titular de AABE no estaba en condiciones normales de poder dictar el acto, incluso había solicitado un dictamen a la SIGEN y sin esperar su despacho firmó la adjudicación. Pero más allá de esto, y en forma paralela al conflicto de intereses, se incumplieron otras cuestiones de la norma regulatoria”.
En total, Macri le cedió a Larreta más de cien inmuebles en los últimos 80 días de su gobierno, involucrando al menos 16 mil millones de pesos, en base a decretos de Necesidad y Urgencia. En la Capital Federal la venta de tierras es cada vez más compulsiva. Durante las gestiones de Macri, entre 2008 y 2015, se privatizaron 205,8 hectáreas, mientras que en la administración de Larreta se entregaron otras 225,65 hectáreas al sector privado.
