La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denuncia condiciones inhumanas en dispositivos de encierro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace muchísimo tiempo que este organismo viene advirtiendo que estos lugares no están aptos para detenciones prolongadas.
También contaron que en cada monitoreo que realizan encuentran decenas de irregularidades que muestra un gran desprecio por las vidas de los allí cautivos. Según las estadísticas que construyeron, más del 90% de la población detenida se encuentra a disposición de la Justicia Nacional que no les brinda una solución.
“Si abordamos la situación de estos dispositivos de encierro desde una perspectiva de Derechos Humanos queda en evidencia que todos los derechos de estas personas están siendo vulnerados”, denunció Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto de la PPN, durante el diálogo que mantuvo con Tiempo. Continuó reclamando que “nosotros venimos alertando sobre esto desde hace mucho y en forma continua”.
“Cuando empezó la pandemia una gran cantidad de personas privadas de libertad fue alojada en forma permanente en lugares de encierro transitorio -de distintas fuerzas de seguridad- en terribles condiciones de hacinamiento”, recordó el procurador adjunto. En este sentido las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad “que están ubicadas por todo el territorio porteño y alojan una gran cantidad de detenidos en espacios pequeños”.
“Esta problemática se profundizó por dos decisiones que se tomaron durante la pandemia, la primera se debe a los estrictos protocolos sanitarios y la otra a las disposiciones judiciales que ordenaron un cupo limitado en las cárceles Servicio Penitenciario Federal”, señaló Cejas Meliare. Sin embargo, hasta el momento estas medidas adoptadas “no fueron modificadas, siguen funcionando así y deben ser reemplazadas porque quedaron obsoletas ante la situación actual”, reclamó.
“Lamentablemente estamos lejos de que disminuya la población en estos establecimientos para encierros transitorios, sino todo lo contrario, ha ido aumentando en forma exacerbada”, advirtió el procurador adjunto. “Consideramos que seguirá así y que seguirá creciendo en el tiempo”, agregó.
“Es tan así, que las estadísticas que construimos indican que más del 90% de estas personas detenidas se encuentra a disposición de la Justicia Nacional, que no muestra interés en brindar una solución”, enumeró y denunció el funcionario. También remarcó que el alojamiento de detenidos en estos espacios “implica la afectación directa a todos sus derechos -que están garantizados en el marco de la privación de libertad- por el propio ordenamiento jurídico”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación viene denunciando de manera permanente que estos lugares para detenciones transitorias carecen de los recursos materiales, económicos, profesionales y humanos que se necesitan para garantizar los derechos de las personas allí cautivas.
“Para graficar el enorme hacinamiento que existe en estas dependencias policiales, solo basta con ver que en una celda individual alojan hasta cuatro personas”, se quejó el procurador adjunto. Señaló que permanecen detenidas “bojo las peores condiciones que puedan imaginarse, esto es gravísimo y amerita una inmediata solución”.
“Estas condiciones evidencian que estos espacios no son aptos para detenciones prolongadas”, aseveró el funcionario. Porque repercuten directamente en el “trato digno hacia las personas que indica la privación de libertad, como lo estipula el artículo 18 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal”, argumentó el procurador adjunto.
“De acuerdo a la información actualizada que tenemos, la cantidad total de personas detenidas que son alojadas por día en dependencias de la Policía de la Ciudad, actualmente llegan casi a las 1.200”, enumeró Cejas Meliare. Finalizó explicando que todas ellas son distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Ciudad Buenos Aires en veintiuna alcaidías comunales, en centros de contraventores y en más de veintisiete comisarías de la Policía de la Ciudad. A pesar de todo ello, hasta el mes de marzo la Justicia Federal no ha tomado ninguna medida al respecto”.
