Policías de la comisaría de General Madariaga torturaron a cinco menores de edad, según denunciarion los chicos, sus madres y su abogada. Este hecho de violencia institucional sucedió el sábado 26 de noviembre alrededor de las seis de la mañana, cuando un patrullero, conducido por dos mujeres, se detuvo frente a un grupo de adolescentes de entre 14 y 17 años, en las calles San Martín y Rivadavia.
Los chicos, que venían de una fiesta, cuentan que «estaban esperando que se les pase un poco el mareo del alcohol porque no podían seguir caminando». Las oficiales llamaron a la comisaria que está a cargo del comisario Gabriel Silvestro y el subcomisario Roberto Ferreyra. A los pocos minutos, relatan los adolescentes, llegaron seis móviles con oficiales masculinos, quienes empezaron a pegarles con garrotes y les propinaron golpes de puños. Luego los arrastraron en el piso y les pegaron patadas.
Según las víctimas, fueron treinta los oficiales que golpearon a cinco chicos. Uno de ellos resultó con la rodilla hecha añicos, por lo cual fue conducido al hospital esposado y a los empujones. Los otros cuatro menores fueron llevados a la comisaría donde los efectivos de la bonaerense continuaron con el ritual de la tortura, hasta que llegó la madre de uno de los menores, quien contó haber sido agredida a los empujones por el comisario Silvestro.
Tomé conocimiento del hecho porque recibí una llamada de la mamá de uno de los menores cerca de las nueve de la mañana de ese mismo día. Fui de inmediato al hospital y me encontré con un cuadro muy desolador, entre la tristeza de la madre, el estupor de los que allí trabajaban y con los que pude hablar. También con el dolor físico del menor con su pierna quebrada, quien es jugador de futbol, cuenta la abogada Fabiana Llarescape.
Lo que llamamos violencia institucional es violencia del Estado. No son sólo prácticas de rutina por las agencias estatales, sino parte de una política represiva que se agudiza al calor de las políticas neoliberales, que dan lugar a un proceso de profunda regresión social, desocupación, y una fuerte fragmentación y segmentación. Las víctimas siempre resultan ser los jóvenes de las barriadas populares: sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes, se queja Llarescape.
En otras palabras, estos oficiales y sus jefes, están ahí porque alguien los puso para generar este tipo de situaciones. Las autoridades estatales son responsables por acción u omisión de estas políticas de mano dura. Esto no es seguridad: es una violación sistemática a los Derechos Humanos en los grupos más vulnerables. De este modo se genera la peor violencia, que sin dudas, es la provocada por el Estado. Frente a este sistema de crueldad no hay aceptación ni naturalización posible. La solución consiste en no claudicar en el reclamo, concluye la abogada.
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