Al menos tres comisarías de Tucumán quedaron en la mira de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación por diferentes hechos de corrupción que se habrían registrado en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional. Así se desprende de una denuncia presentada esta mañana por la delegación local del organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti.

“Hay una situación de extrema violencia en los barrios carenciados, que se combina con hechos corrupción. Por lo menos identificamos a tres comisarías que están pidiendo dinero a los familiares de los detenidos por no respetar el aislamiento obligatorio a cambio de ponerlos en libertad”, explicó a Tiempo una fuente con acceso a la denuncia en la que se pide que se investigue a los agentes policiales por la posible comisión de los delitos de exacciones ilegales (coimas), violación de domicilio y lesiones. La causa quedó en manos de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien está al frente de la Fiscalía de Delitos Complejos. Según se desprende de la denuncia, las tres comisarías cuestionadas pertenecen a la ciudad de San Miguel de Tucumán y a sus alrededores: se trata de las seccionales de La Banda del Río Salí, Mercofrut y Lasteña.

De acuerdo a la denuncia, en la comisaría de Banda del Río Salí, en Santo Cristo y Las Heras, el sábado 21 de marzo un hombre fue a buscar a su hijo que había sido detenido por no respetar la cuarentena y no regresaba. Al llegar al lugar, se le pidió 2000 pesos para que el joven quedara en libertad. Además, la víctima escuchó cómo se le exigía el pago de entre 2000 y 3000 pesos a cada motociclista para que recupere las motos que habían sido secuestradas en el marco de estos operativos.

Igual de grave es lo que habría pasado en la Comisaría de Lastenia. Ese mismo sábado, la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos recibió al menos dos denuncias. En uno de los episodios fueron detenidos tres personas: dos hermanos de apellido L. y otro hombre de apellido A. Se estableció que los dos primeros le iban a comprar un auto a A. por lo que no respetaron el aislamiento. Para volver a la calle, debieron abonar 15.000 pesos cada uno, ya que los agentes habrían aprovechado que había mucho dinero en efectivo en ese momento. En esa misma seccional, un joven debió pagar 4.000 pesos para recuperar la libertad y su moto.

Otro de los hechos -siempre según la denuncia- ocurrió en el Barrio Mercofrut, donde el sábado las fuerzas policiales se llevaron a un grupo de chicos que, en franca violación a la cuarentena total, estaban jugando a la pelota. En este caso, los agentes habrían pedido a los familiares la suma de 4000 pesos para poder liberar a todos. Los jóvenes recién volvieron a la calle al otro día, luego del correspondiente pago.

Por si fuera poco, en el escrito presentado esta mañana también se pide que se investiguen varios hechos en los que las fuerzas de seguridad habrían cometido delitos de violación de domicilio, aprehensión ilegítima, lesiones y maltrato en la zona de Yerba Buena. Todo esto se suma además a las diferentes situaciones que se registraron en barrios vulnerables como Los Vázquez o Mercofrut, donde los policías fueron grabados irrumpiendo en las calles, disparando postas de goma, sin mediar palabras, en contra de la población presuntamente para que cumplieran con la cuarentena. 

“Si bien las fuerzas de seguridad por el artículo 205 del Código Penal pueden detener inmediatamente a un ciudadano por no cumplir con la cuarentena, esta aprehensión no debe durar más de 6 o 7 horas. Es para identificar al sujeto, corroborar que no tenga antecedentes, constatar el domicilio y mandarlo a la casa. Pero eso no está pasando”, precisó una de las fuentes consultadas, que lamentó que las calles de Tucumán hayan sido literalmente tomadas por la policía y no haya presencia de funcionarios judiciales ni de abogados, para garantizar los procedimientos.