Los productores, ambientalistas y docentes rurales Tamara Caserotto y Javier Gamba fueron detenidos el pasado miércoles por lo que denuncian fue una causa armada por oficiales de la comisaría 4ta de Longchamps, partido de Almirante Brown. Fueron privados de la libertad por 36 horas, los tuvieron incomunicados, sin permitirles contacto con sus abogados y familiares.
Se debe a que ambos docentes están reclamando que se cumpla con una ordenanza municipal que declara al Parque Rural Ministro Rivadavia de valor natural y paisajístico. El proyecto que están ejecutando apunta a realizar negocios inmobiliarios y urbanísticos con fines de lucro.
Fueron aprendidos sin sus documentos de identidad, “por interpelar a los sujetos que entraron y usurparon el lugar”, aseguró Tamara Caserotto, docente y técnica rural del Ministerio de Desarrollo Agrario, a Tiempo. La mujer y su pareja, un productor apícola, “seguimos en riesgo y constantemente somos vulnerados por defender estas tierras, me dijeron que me iban a quemar viva si sigo interfiriendo en el asunto”.
Violencia de género
Sin embargo, el fiscal Javier Gramajo todavía no le ha otorgado las medidas para proteger a Tamara, quien resultó víctima de violencia de género. Los usurpadores la amenazaron con quemarla viva si ella sigue interfiriendo en el loteo ilegal que se está llevando a cabo en esas 80 hectáreas.
El hostigamiento institucional no sólo fue hacia ellos, sino también hacia los dueños del campo, quienes fueron presionados y amenazados con armas de fuego por interferir en la obra ilegal desarrollada en ese predio rural. No es el primer caso de Ministro Rivadavia, en 2020 esta localidad fue rezonificada. La figura de club de campo quedó habilitada, de esta forma se desencadena la especulación inmobiliaria hacía 2.600 hectáreas que representan al último pulmón verde de Almirante Brown.
“Visibilizamos esta terrible situación frente a las autoridades para que tomen medidas, el único Plan FINES rural este año se encuentra en peligro por la amenaza de desalojo”, alertó Tamara. Siguió denunciando que los loteadores “entregaron una pala mecánica a los usucapiantes para que hagan operativos violentos en los que golpean y lesionan a los docentes que defienden el lugar”.
“Esta situación pone en riesgo la continuidad del FINES rural”, reclamó la mujer. Porque no está garantizada “la seguridad de los docentes ni de alumnos para que puedan estudiar en un espacio seguro y sin amenazas”, agregó.
Los datos del territorio en conflicto
Ministro Rivadavia representa 29,2km2 de todo Almirante Brown. Esto es más del 50% de los espacios verdes en esta parte del partido. Es un patrimonio natural y rural, histórico y tradicional de esa localidad que está en riesgo.
En el Parque Rural hay pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y ganaderos. Uno de los tamberos más grandes hoy no tiene permitido pastorear a sus 350 animales porque los loteadores están perimetrando las tierras. A partir de la Ordenanza 11819, los dueños históricos de los campos empezaron a padecer la impunidad, represión y persecución de un grupo de personas que operan de forma violenta y fraudulenta.
“Lo hacen con amenazas de muerte, escopetazos en las tranqueras, fingiendo el secuestro de familiares, identificando patentes de los vehículos, persiguiendo y amedrentando a los dueños y a sus familiares”, denunció la docente. Explicó que así es como “mantienen presionados a los ciudadanos de este pueblo rural”.
Familias estafadas
“La policía tiene una participación irregular y los testimonios de vecinos demuestran que lo que se vive en Ministro Rivadavia deja al barrio deliberado a la inseguridad con el avance de los loteos”, aseguró la docente. También apuntó que “400 familias fueron estafadas, Atilio Talavera es quién está detrás de estos operativos ilegales”.
La violencia institucional ya fue denunciada, también el atropello a más de 8 dueños con campos usurpados. Todo fue exhibido públicamente por los medios de comunicación y se dio aviso por notas presentadas ante Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría Privada de Intendencia.
Falta identificar una zona de transición periférica periurbana, y delimitar la zona rural propia del Parque Rural. Es un plan de ordenamiento territorial ambiental para la preservación de los brazos de los arroyos Santo Domingo y Las Piedras.
Este grupo de loteadores ilegales, han modificado y rellenado arroyos y bajos para vender más lotes. Lo hicieron sin asumir las consecuencias de la destrucción de la cuenca hídrica.
Utilizan legalmente los nombres de caseros y usucapiantes para desligarse de cualquier causa judicial. Mientras que la policía opera cuidando la identidad de cada uno de los que entran en ese negocio inmobiliario.
Son 180 hectáreas las que quedan en el corazón de Ministro Rivadavia. El resto de las calles principales del Parque Rural -Juan B Justo, Calderón, Fontana y Laprida- fueron alambradas y loteadas.
Dueños históricos del territorio
Los dueños del «Manchón Verde». Presentaron un proyecto de preservación de área protegida. El mismo fue entregado en mano a Mariano Cascallares, en un evento municipal ambiental donde participaron organizaciones ambientalistas de Almirante Brown.
“Este año, el municipio reconoció y declaró la Reserva Natural Camino las Flores en Longchamps”, aseguró Javier Gamba, productor apícola y docente. “Pedimos que si la pérdida de la zona rural avanza y la zona periurbano no es identificada, se genere una zona de preservación natural para garantizar la amortiguación y transición del impacto del desarrollo urbanístico”, agregó.
«Mi querido manchón verde», así reconocen los dueños al último pedazo verde que queda, con un gran potencial natural y biológico,” donde relevamos más de 300 especies nativas”, contó el hombre. Son casi seis parcelas que hoy “pueden ser el destino del proyecto de preservación, todas declaradas zonas productivas y de recuperación, para autorizar la realización de obras es necesario la intervención del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y realizar un estudio de impacto del proyecto”, agregó.
“El exintendente Darío Giustozzi, en 2013, junto a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron un plan de desarrollo urbanístico para todo Almirante Brown”, recordó Javier. Además, contó que en ese momento “se habló del Parque Rural como reserva provincial, delimitado por una zona periférica periurbana”.
“Parece que las autoridades no pueden tomar cartas en el asunto y contener a este grupo de privados e inmobiliarias, que ya destruyeron gran parte del patrimonio rural e hídrico de esta cuenca”, ahondó el docente. Detrás de la construcción de la Ordenanza 11819 lanzada en plena pandemia, “estaba la Fundación Metropolitana, sus embajadores son Grobocopatel y el negocio sojero, si aún queda un pedazo verde está a merced de la especulación inmobiliaria y sojera”, detalló.
“El Poder Judicial hoy debe actuar para garantizar los derechos de los vecinos”, reclamó. Sus abogados “están decididos a terminar con esta ilegalidad y solicitar a los señores jueces, fiscales y a la intendencia que tomen una determinación sobre la violación a la norma municipal”, finalizó.
