La confección de “listas negras” de periodistas y organizaciones ambientalistas filtradas en la previa de la votación en la Legislatura de modificaciones a la ley de Basura Cero, revelada por legisladores de la oposición, llegó a la justicia. Se presentó este jueves una denuncia penal contra la Ciudad para que se investigue el financiamiento irregular del plan del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para aprobar la incineración y acallar voces críticas al proyecto oficial.

Los impulsores son referentes sociales, ambientalistas y legisladores porteños, que denuncian al gobierno porteño por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, a partir de la aparición de evidencia escrita de un plan confidencial de la Ciudad para que la opinión pública avalara la incineración, con tácticas para presionar a la prensa para que informara sobre los supuestos beneficios de esa práctica.

La presentación fue acompañada por Jacquelin Flores, representante de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la República Argentina; Roberto Alfredo Gómez (Cooperativa El Álamo); los legisladores Myriam Bregman, Mariano Recalde y Patricio del Corro; Enrique Viale, de Abogados Ambientalistas; y el legislador (mandato cumplido) Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad.

Aquellos nueve archivos filtrados fueron confeccionados en la Agencia de Protección Ambiental. Algunos contienen el nombre y apellido de empleados de ese ente. El ministro de Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, informó que instruyó al titular de la APRA para que investigue si los archivos existieron. Y su titular, Juan Bautista Filgueira Risso, comenzó a mandar cartas con membrete oficial pidiendo disculpas a algunas de personas que aparecen en las listas, periodistas y ambientalistas, reconociendo de ese modo la responsabilidad en los hechos por parte del Gobierno de la Ciudad.

“Macri es un corrupto. A nosotros nos quiere hacer saber que somos menos que la basura”, dijo a Tiempo Jacquelin Flores. “Es mentira que no hay lugar para la basura, la cuestión es que esos espacios son entregados a sus amigos empresarios.” Y agregó: “Queremos que esta ley se haga pública y no se tape. Nosotros propugnamos el reciclado, al Gobierno no le interesa, sólo defiende sus propios intereses”

Bregman, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda que lideró la denuncia pública a principio de mayo, explica en el escrito que “los documentos presentados revelan el modus operandi que el gobierno utiliza para tapar temas que tienen un amplio rechazo en la población, utilizando la pauta oficial para apretar o seducir a periodistas, medios de comunicación y ONGs. En este caso puntual nos quieren hacer creer que la incineración es algo bueno para la ciudad, cuando es un enorme retroceso”.

Las mencionadas “listas negras” de “personajes escaneables” sugieren la posibilidad de coaccionar periodistas y medios de comunicación con pauta publiciitaria oficial, y también hablan de un “cronograma distractivo” que podría aprovecharse en el año del Mundial de fútbol, como elementos para influir e interferir en el proceso de votación de la modificación a la ley de Basura Cero, en una estrategia comunicacional destinada a alinear actores influyentes.

Es uno de los archivos filtrados, un excel creado el 13 de diciembre de 2017, se detalla la estrategia de presión que se sugiere realizar sobre activistas y periodistas. Está dividida en cuatro columnas: una identifica al periodista, medio u organización ambientalista; otra ilustra su postura respecto de la incineración según APRA; una tercera califica a cada una de esas posturas como “posible”, “viable”, “abordable”, “difícil” o “inamovible”); y la última sugiere la mejor estrategia de coacción, si se aborda a cada actor en grupo o a solas.