A poco de cumplirse un año del mandato del presidente electo Javier Milei, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un informe en el que denuncia las graves consecuencias del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El estudio interdisciplinario fue realizado sobre los principales ejes de la política libertaria: desregulación, tarifazos, ajustes, extractivismo, represión, violencia y terrorismo. “Pusieron en marcha un nuevo andamiaje, funcional a la restricción de los derechos de algunos sectores sociales y la ampliación del poder de otros”, aseguraron a Tiempo desde el CELS, en relación al crecimiento de la brecha entre ricos y pobres en el país.

Fin a la igualdad de oportunidades

“El programa consolida un cambio de modelo muy profundo que busca poner fin al proyecto de país igualitario”, agregan desde CELS. La intención entonces fue elaborar un informe especial para sistematizar todas las políticas neoliberales de Milei, «remarcando sus consecuencias negativas», con especial detalle de todas las acciones impulsadas por el organismo para contrarrestarlas. 

El trabajo realizado por el CELS consiste en seis capítulos y cada uno de ellos aborda una problemática distinta. Al final de cada uno se plasman los modos en que el organismo se plantó ante la avanzada estatal libertaria. “Realizamos presentaciones ante la Justicia, el Sistema Interamericano, entre otras acciones”.

El primer capítulo se titula “Un Estado más fuerte que nunca”, en el cual se analizan las reformas normativas centrales, estructurales, impulsadas por el gobierno de Milei. Aquello en lo que se apalancó el programa libertario, tres herramientas que le permitieron evitar, en gran medida, al Congreso de la Nación: el DNU 70/23, la Ley Bases y las resoluciones ministeriales.

El segundo, titulado “Ejercer derechos democráticos es hoy más peligroso”, trabaja sobre la represión, criminalización, vigilancia masiva y ataques a la libertad de expresión. Apuntan que lo primero que hizo Milei cuando asumió -a través del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich- fue considerar como delito a casi todas las formas de protesta social más frecuentes en el país.

Lo hizo de hecho, sin modificar el Código Penal, apenas con una decisión administrativa: la resolución 943/23. Se incluyó allí también un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, el mismo que restringe el ejercicio de los derechos de reunión, expresión y de que la ciudadanía peticione libremente ante las autoridades.

Un Estado muy presente (para la desigualdad)

“Para cada necesidad hay un mercado” es el tercer capítulo del informa del CELS. Aquí el organismo denuncia la falta de acceso a la salud, medicamentos, vivienda y alimentos. Señala que el Estado no estuvo ausente durante el año en curso, sino que por el contrario solo lo hizo para desregular y brindar beneficios impositivos a los sectores más poderosos como la medicina privada y la explotación minera, ademásde privilegiar la primarización productiva.

El cuarto capítulo, “En los territorios indígenas la transición energética injusta ya comenzó”, se advierte sobre la gran expansión extractivista que arrasa derechos de los pueblos originarios. Desde el CELS explican que la crisis climática y la discusión internacional sobre el cambio de paradigma energético hace lugar a una transición tecnológica injusta que es entendida casi exclusivamente como una oportunidad de negocios para algunas empresas. Las desigualdades se intensifican a la par de los conflictos socioambientales en los países como Argentina, relegados al rol de exportadores de materias primas.

Terrorismo para disciplinar  

El quinto capítulo lleva el nombre de “El antiterrorismo moldea al Estado”. Esta matriz de las políticas de seguridad del gobierno al mismo tiempo es uno de sus principales criterios de lectura del tablero geopolítico. Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza, la violencia -que es un problema estructural en la sociedad- se produce y reproduce desde el aparato estatal de una manera exacerbada.

El último episodio del informe del CELS está titulado como “El año en el que el pasado se hizo presente”. En esta última sección se remarca el desprecio hacia el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, así como el ataque a esas políticas de Estado instauradas desde mucho antes de la existencia del movimiento libertario que llevó a Milei al sillón de Rivadavia.

La comparación con los años setenta se hace presente, ya que se explica que el revisionismo respecto a la última dictadura cívico militar y la revisión de sus crímenes no tenía la centralidad política que alcanzó en 2024. El CELS advierte allí que el principal agravante de ese posicionamiento tiene que ver con que La Libertad Avanza contiene sectores ligados orgánicamente a las fuerzas armadas

Podés leer el informe completo en este link.