Los alimentos ocupan el podio de los aumentos en medio de un proceso inflacionario que parece imparable. Mientras algunos se ocupan de fogonear esas subas y apuestan a un dólar cada vez más alto, para una gran mayoría la preocupación es más inmediata y cotidiana: comer es cada vez más caro. ¿Podría ser distinto? ¿Podría haber más Estado en la producción de alimentos que llegan a las mesas de los hogares? Algunas (pocas) experiencias indican que sí, aunque el intento de replicarlo a nivel nacional languideció.
A principios del año pasado circuló la existencia de un proyecto de ley para crear Alimentos Argentinos, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado (Sapem). La iniciativa nunca avanzó, tal como pasó con propuestas previas en el mismo sentido. Pero mientras a nivel nacional la posibilidad parece lejana, en ámbitos provinciales, municipales y comunales hay casos concretos en los que la producción de alimentos con participación estatal es una realidad.
«Nos acordamos cuando hay aumentos en los precios de los alimentos. Frente a la especulación, la alternativa es la intervención estatal –dice Rafael Klejzer, exdirector de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social y uno de los impulsores de aquella iniciativa–. La creación de una empresa nacional de alimentos con reglas del mercado, pero donde el Estado pueda intervenir. Esa es la potencia que tiene una empresa nacional de alimentos, estatal. Lamentablemente, solo nos acordamos en tiempos de especulación«.
Del desinterés privado a la exportación
Hay más de un centenar de empresas con composición estatal en Argentina, abocadas a productos y servicios. Alrededor de un tercio están en La Rioja, y varias de ellas están en el rubro de alimentos y bebidas.
Vallesol, productora de pasas de uva, es una de esas experiencias riojanas. Con una composición estatal del 85%, la empresa nació en 2011 con una inversión en varias fincas y una fábrica.
«Desde 2016 venimos exportando y nos ha ido bastante bien. La iniciativa ha sido potenciar una cadena alimenticia en la provincia que estaba relegada, en un lugar que es muy propicio para pasas de uva. El gobierno implantó fincas en diferentes puntos de La Rioja. La idea fue poner unidades de trabajo en diferentes lugares donde no había fincas. Ahora da mano de obra y genera recursos que se exportan«, destaca Julio Alarcón, gerente de la compañía.
En la fábrica trabajan entre 35 y 40 personas. En las fincas, unas 45 de forma permanente y hasta 180 en tiempos de cosecha. «No nos creemos una mega empresa, pero facturamos unos dos millones de dólares por año, son divisas para la provincia y genera empleo», celebra Alarcón en diálogo con Tiempo.
Otros casos riojanos de producción de alimentos con participación estatal son los de Agroandina –producción primaria de tomate y elaboración de conservas–, Cerdo de los Llanos abocada a la carne porcina y AgroArauco, que vende aceitunas y derivados del olivo.
«No es una provincia que en su momento hubiera sido atractiva para que venga un privado a invertir. El gobierno tomó la iniciativa para ser punta de lanza y que después eso genere interés», apunta Alarcón, de Vallesol.
De feria a fábrica municipal
La experiencia del Centro Delicatessen de Gaiman, en Chubut, se gestó entre puestos de feria. En 2010 se organizó una feria artesanal en la plaza del pueblo que reunió a una mayoría de productores de dulces caseros. Hoy forman parte de una fábrica municipal que comenzó con ocho productores y ya nuclea a 25, con posibilidad de comercializar en todo el país.
«La mayoría de los puesteros de aquella feria hacían dulces caseros. Porque acá en el valle tenemos un sinfín de frutas. Con fondos de Nación, de un plan que había en esa época, se creó una fábrica de dulces municipal. La gente traía los insumos y la fábrica les hacía el producto y lo registraba para que lo pudieran comercializar no sólo en Gaiman sino también en el resto del país», describe Leonardo Tapia, director de Producción de ese municipio chubutense.
«Acá el productor viene, deja los insumos en una puerta y saca los frascos de dulces por la otra. En el valle no hay otra fábrica así, estatal».
La fábrica municipal se mantiene pese al contexto. Según Tapia, en el marco de la actual crisis económica bajó la producción un 50%. «Lo seguimos sosteniendo con el mismo personal porque ahora viene la temporada de frutas y creemos que va a levantar. Al ser dulces muy caseros, sin aditivos ni colorantes, son caros. Estamos muy al sur, es caro el azúcar, los frascos, las etiquetas. Tiene un costo importante y a los productores les está costando mucho la venta», advierte.
De escuela experimental a empresa multifunción
En 2008 comenzó en San Luis una escuela experimental de producciones frutales, viñedos y hortalizas. Quince años después Sol Puntano es uno de los ejemplos más emblemáticos de producción de alimentos desde el Estado en Argentina.
«Cuenta con un sector de colonia agrícola donde se produce olivo, vid, pistacho, durazno, y una parte hortícola. Otra unidad es la fábrica de dulces y conservas, próximo a agregar escabeche. Y hay tres frigoríficos: uno para cerdo y bovinos, otro para cerdo, cabra y ovejas y otro que procesa todo, donde se embandeja para la venta. Además de una planta fraccionadora de alimentos secos», enumera el jefe del Programa Marca San Luis, Agustín Martínez. Los de mayor demanda son carnes, verduras y toda la línea de dulces y conservas.
«A todo esto se suma la colectividad boliviana que produce hortalizas en un predio bajo contrato. Se les ceden hectáreas para que cada familia produzca y se hacen aportes en herramientas», agrega. Y remarca que la empresa estatal «es un nexo para políticas ministeriales del gobierno». Por ejemplo, para generar actividades de capacitación en el ámbito de la empresa estatal o mediante convenios para la provisión de alimentos de Sol Puntano a las penitenciarías de San Luis.
La producción apunta principalmente al mercado interno, aunque se trabaja también para hacer llegar el vino y el aceite de oliva de la marca puntana a otros pagos. Entre ellos, el Mercado Central de Buenos Aires. «El principal mercado nuestro, y tenemos de sobra, es el local. En toda la provincia», dice Martínez, y define la experiencia puntana como una «empresa multifunción» que «genera una economía circular, se abastece tanto de materia prima de producción propia como de producciones de pequeños y medianos productores de toda la provincia generando un círculo virtuoso», un entramado que ayuda a «minimizar los impactos de la inflación en nuestros precios y, en la medida de lo posible, mantenerlos estables».
Para Klejzer, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e impulsor del proyecto de empresa estatal de alimentos a nivel nacional que nunca avanzó, la iniciativa permitiría «recuperar la seguridad y la soberanía alimentaria en la Argentina, y generar innumerables políticas públicas alrededor: puestos de trabajo, mejor alimentación, repoblar zonas rurales. Una política de políticas«. «
Emapa, el emblema boliviano creado por Evo
A nivel latinoamericano, existe un caso emblemático de producción de comida: la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), impulsada por Evo Morales en Bolivia en 2007. Su rol en un principio apuntó al abastecimiento, con la importación de trigo, azúcar y harina para su venta al por mayor y de forma directa al consumidor final. Luego, la empresa pública amplió su funcionamiento para potenciar el trabajo de pequeños productores de carne, azúcar y cereales.
Emapa fue gestada en un contexto inflacionario, que a nivel general era de casi el 12% pero en los alimentos trepaba al 20, la más alta en mucho tiempo. «Esta agresión económica de algunos pocos bolivianos nos obligó a organizar, a crear Emapa», dijo Morales en su momento.
A 15 años de su puesta en marcha, la empresa estatal tiene más de 40 sucursales, abastece a dependencias públicas y permitió «enfrentar situaciones de desabastecimientos ocasionados por factores climáticos adversos, especulación y otros», explicó a Página 12 Patricia Ballivian, exministra de Desarrollo Productivo y luego gerenta de la empresa boliviana.
Santa Fe: alimentos sanos, soberanos y baratos
La idea de apuntalar la producción pública de alimentos en este contexto altamente inflacionario se tradujo días atrás en un proyecto de ley presentado en Santa Fe.
La iniciativa partió de Carlos Del Frade, diputado Provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, y se presentó en la legislatura provincial a principios de este mes. La propuesta no sólo apunta a la intervención del Estado en la producción y distribución de alimentos, sino también a su calidad: «Libres de agrotóxicos».
En el primer artículo, el proyecto apunta a que «el Estado provincial cumpla con el objetivo estratégico de garantizar y facilitar a las personas, comunidades y pueblos, el acceso a alimentos sanos (libres de agrotóxicos), nutritivos y culturalmente apropiados, de forma permanente». Esto implica «establecer en forma soberana las políticas públicas para fomentar los espacios de comercialización e intercambio de producciones, preferentemente provenientes de la pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones de la economía popular, de la pesca, así como de la microempresa artesanal».
En los fundamentos del proyecto presentado por Del Frade se argumenta que «Dolorosamente, en las últimas décadas, el ‘supermercadismo’ es el principal beneficiado del modelo (…) La red de intermediarios y la comercialización por medio de grandes cadenas de supermercados ubica a unas pocas empresas con el poder de decidir con qué se alimenta la población y a qué precios, dando lugar a decisiones especulativas. Es menester recuperar la producción de alimentos sanos, soberanos y baratos».
