El Gobierno bonaerense dejó sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios iniciados a docentes de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal por una serie de medidas de fuerza realizadas en 2018 en reclamo de mejoras salariales.

Lo hizo mediante la resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación publicada en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra Agustina Vila y la subsecretaria Claudia Bracchi. Allí, además se dispuso «absolver» a los docentes que continuaban siendo investigados.

Las sanciones habían sido aplicadas contra maestros y directores de escuelas para evitar medidas de fuerza en el marco de las discusiones paritarias.

En su disputa con los gremios de la educación, Vidal aplicó sumarios a docentes por “no desempeñar digna, eficaz y responsablemente funciones inherentes al cargo, al no cumplimentar la apertura y cierre del edificio escolar” durante diferentes paros.

También había instruido sumarios administrativos a directivos que no habían consignado las inasistencias de aquellos docentes que habían adherido al paro. Estas instrucciones también fueron cerradas.

Se expuso en la resolución que «el contexto de las medidas de fuerza traídas formalmente a reproche se enmarca dentro del legítimo ejercicio del derecho a huelga constitucionalmente amparado, lo que imposibilitó garantizar la apertura de establecimientos educativos».

Se destacó asimismo que «la conducta docente asumida se contextualiza dentro de un conflicto colectivo, adquiriendo los hechos descriptos una dimensión institucional que cobra su verdadero sentido al articular los derechos individuales y sociales involucrados».

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Durante el gobierno de Cambiemos en la provincia, los gremios Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), cuestionaron los sumarios iniciados contra maestros al considerar que configuraban una «persecución gremial».

De hecho, interpusieron demanda de amparo sindical contra el Ministerio de Educación que tramitó en el Tribunal de Trabajo N° 3 de la ciudad de La Plata denunciando que el organismo estatal ejerció un comportamiento antisindical consistente en obstaculizar el ejercicio regular del derecho a huelga de los trabajadores docentes.

El 21 de diciembre de 2018 en esa causa se ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires dejar sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios, iniciados contra los directores por no abrir los edificios educativos durante los días de paro y el 14 de febrero de 2019 el Tribunal amplió la medida cautelar en el mismo sentido.