“Esta es la carita bonita del barrio”, dice a modo de bienvenida María Rafael, e invita a Tiempo a recorrer el Barrio Rodrigo Bueno. Alude a las primeras edificaciones que se divisan desde Avenida España al 1800, en la Costanera Sur, construidas en el marco de la urbanización del asentamiento por parte del gobierno porteño. Se aprecian imponentes, pero están hechas con materiales precarios. Y mientras ese maquillaje de urbanización los mantiene en el limbo de la precariedad, unos metros más allá, del otro lado de un canal contaminado, el macrismo y sus empresas aliadas avanzan con el megaproyecto Costa Urbana, que busca convertir el lugar en una de las zonas más exclusivas del país.

“Queremos saber cómo van a repercutir estas obras. En la urbanización del barrio, las máquinas generaron movimientos en los suelos que impactaron en nuestras casas, y eran edificios de apenas cuatro pisos”, plantea María, que no imagina las consecuencias que acarrearía la construcción de megaestructuras que podrían alcanzar los 145 metros. Esa altura máxima permite el convenio aprobado por la Legislatura para que la empresa IRSA construya torres de lujo  en la exCiudad Deportiva de Boca Juniors.

Años atrás, el entonces jefe de gabinete de Mauricio Macri en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, tenía una clara postura hacia los habitantes de la Rodrigo Bueno: “Realmente es un disparate. En este caso es una zona donde no hay infraestructura adecuada para que la gente viva. Estamos convalidando una toma; la gente ha usurpado un lugar”.

Así se refería el futuro alcalde a una de las tantas resoluciones judiciales a favor de los vecinos. “Vamos a apelar el fallo. Es muy a la ligera convalidar a gente que tomó un lugar hace unos años y ahora hay que darle la propiedad de la tierra”, insistía Rodríguez Larreta, al mismo tiempo que ya alentaba el negocio inmobiliaria en el predio lindero.

La lucha de los vecinos rindió sus frutos y en marzo de 2017 se sancionó una ley que dispuso la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del barrio. Un año antes, un censo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) estableció que había en el lugar 563 viviendas donde vivían 2665 personas. Se planificó entonces la construcción de 46 edificios con unos 611 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, de los que, según el gobierno porteño, a fines de 2020 ya habían sido entregados 279. Las obras contemplan la apertura de calles y toda la infraestructura básica. Los vecinos pagarán su propiedad gracias a un crédito del IVC y del Banco Ciudad.

Según los testimonios que recogió este diario, los nuevos moradores se quejan de las terminaciones de las obras y argumentan que hay beneficiarios provenientes de otros barrios, como la Villa 31 o la 21-24, en desmedro de los habitantes locales. María Rafael sostiene que los vecinos ya reubicados “todos los días suman nuevos problemas: muchos departamentos tienen los baños clausurados, hay inconvenientes con las cloacas, y ni hablar de la humedad que brota de las paredes”.

Nadia Paucar tiene 34 años y hace 15 llegó al barrio junto a su hermana. Hoy vive en una casa de tres plantas en forma de L, donde conviven ella, sus padres y sus dos hermanos con sus respectivas parejas. La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, Elena Liberatori, que tiene en sus manos la causa por la urbanización de la villa Rodrigo Bueno y la judicialización de las elecciones en el barrio, considera que Nadia es, desde 2012 y formalmente, delegada de la 4ta manzana.

Sin embargo, el gobierno porteño la desconoce. “Figuro en diferentes censos, como el de 2009, mi DNI indica que vivo acá, tengo residencia permanente, pero como no estuve en el censo de 2016, no reconocen mi derecho a la vivienda”, sostiene Nadia, que intenta resistir en su casa mientras las empresas contratadas por el IVC demuelen todo a su alrededor. “Voy a dar la lucha porque me corresponde”, añade.

Gran parte de lo que queda del asentamiento, que es uno de los más pequeños de la Capital, parece haber soportado un bombardeo. Muchas viviendas fueron derrumbadas, o están en ese proceso, y los escombros aún permanecen allí. Faltan ventanas, puertas, y cuando ni siquiera quedan paredes, por el suelo se puede adivinar lo que alguna vez fue un baño, una pieza o un comedor. Los carteles sobre las puertas de algunas casas que aun siguen en pie explicitan que tarde o temprano tendrán la misma suerte, porque por ahí debería pasar una calle.

Foto: Edgardo Gómez

Hay varios vecinos como Nadia que no fueron censados y ya fueron intimados a dejar sus casas. El último intento de desalojo, el pasado 9 de julio, fue bastante violento. El IVC había detectado que un hombre, su hija discapacitada y dos menores habían intrusado una de las unidades demolidas y decidieron echarlos por la fuerza. El apoyo de los habitantes del barrio y el despliegue de la Policía de la Ciudad fueron tan considerables que el Ministerio Público de la Defensa advirtió que “la decisión adoptada por el IVC puso en riesgo la seguridad”.

“Espero que el proyecto de IRSA afecte a la naturaleza lo menos posible”, señala Eduardo Miñano, otro vecino que aún recuerda que hasta no hace muchos años pescaba en los humedales donde se quiere erigir Costa Urbana. “Hay incertidumbre, porque nos ofrecieron y se comprometieron con un montón de cuestiones que no se cumplieron. Entonces, no sabemos si este proyecto es bueno para el barrio”

Al cabo de diferentes pasillos en varios desniveles, aparece la casa de María, todavía indemne, frente al canal que desemboca en el Río de La Plata y divide la villa Rodrigo Bueno del predio de la exCiudad Deportiva de Boca. En esta zona, inundable cada vez que llueve, solo quedan escombros. Ella, como otros, resiste. “Nos cortaron la luz, es un peligro todo esto de noche. Está lleno de víboras y ratas”, precisa.

Thania Quesada Trujillo no quería saber nada con el Barrio Rodrigo Bueno cuando lo conoció de pasada, siendo comerciante. Vivía con su familia en Del Viso, luego tuvo un breve paso por la 21-24, hasta que se instaló definitivamente aquí. “Vine cuando todo era un chatarrerío, no había calles, ni agua, ni electricidad, solo plomo y aceite de los autos para respirar”, dice la mujer, que anhela: “Lo que pedimos es muy simple: decimos no a las torres, sí a los humedales y por una urbanización digna”.

Tanto Nadia como Thania están obligadas a dejar sus casas, pero la propuesta del IVC no las convence: deberían trasladarse al sector denominado como “barrio histórico”, que no será demolido y donde se prevén cientos de refacciones. “En los papeles que nos quieren hacer firmar especifican que nos mudaríamos de manera provisoria, por un año, a estas casas, pero pasado ese tiempo, nadie nos asegura nada”, describe Thania.

La mayoría de los vecinos consultados ven con desconfianza cualquier negocio privado vinculado con esas tierras de enfrente. Siguiendo unos metros por Avenida España, sobre el viejo puente de acceso a la exCiudad Deportiva, una garita de seguridad y unas vallas de metal impiden el paso: «Propiedad privada». En el asfalto, en los postes, se lee: «Torres No, Ley de Humedales ya, No vendan la Costanera Sur».

Los vecinos de la Rodrigo Bueno están seguros de que su horizonte de humedales y chimeneas industriales cambiará para siempre: solo quieren que las obras no los afecten, y ser contemplados. “Los del río somos personas”, clama una bandera, en una de las casas con destino de escombro.

Para los legisladores del larretismo, un trámite

El gobierno porteño y su empresa preferida a la hora de desarrollar emprendimientos inmobiliarios especulativos, IRSA, están cada vez más cerca de concretar un viejo sueño: la construcción de un Puerto Madero 2 en el sur de la ciudad. El jueves 19 de agosto, la Legislatura aprobó en primera lectura con 37 votos contra 20 el proyecto Costa Urbana. Se prevé que para antes de fin de año se complete el trámite con una audiencia pública no vinculante y el tratamiento en segunda lectura.

Desde la oposición al larretismo y entidades como el Observatorio por el Derecho a la Ciudad denunciaron que el tratamiento de la norma violó la Constitución porteña, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú, ya que consideran que la audiencia pública debió haber sido convocada antes de la votación, y que el proyecto, para ser aprobado, debía contar con mayoría agravada, es decir, al menos 40 votos.

Unos días antes, el oficialismo había introducido una modificación al convenio urbanístico para que se autorice en la exCiudad Deportiva de Boca Juniors la construcción de edificios de hasta 45 pisos, cambiando así el uso del suelo. Los detractores del proyecto sostienen que se trata de una estafa porque, en su momento, las 71 hectáreas habían sido cedidas por el Estado nacional al club para uso deportivo. En la década del ´90, IRSA las adquirió con fines especulativos.

Según el convenio, el 67% del predio se entregará a la Ciudad para que se haga un gran parque público de 35 hectáreas. En el resto del predio, se prevé la construcción de viviendas de julo, oficinas, locales comerciales, un sanatorio y hasta una escuela y un hotel. También se contempla un paseo peatonal y un paseo costero. Quienes se oponen al megaemprendimiento presentaron un proyecto alternativo para que el lugar se convierta en otra reserva ecológica; al tiempo que desconfían de la calidad de «públicos» que tendrían los espacios verdes que rodeen a las torres.