La aceleración de los tiempos y aprobación automática pasados los 70 días solo beneficia a la industria farmacéutica, que acorta los tiempos de prueba, ahorrándose mucho dinero, pero aumenta el riesgo para los sujetos que se prestan a ser «probandos», con la única justificación del supuesto beneficio que tendrán él y la sociedad. Y así inundan un país con ensayos clínicos, la mayoría «enlatados» de países centrales. Nunca una metodología científica y el objetivo de la generación rápida de ganancia pueden estar por encima de la ética.
Otro punto que mencionó el presidente fue que esta medida ayudaría a generar empleo genuino y de calidad. No es así, pues un 90% de quienes participan en dichos ensayos son médicos de hospitales públicos y privados que hacen las investigaciones al mismo tiempo que su trabajo. No es que se abren nuevos cupos para investigadores en el Conicet, más bien lo contrario.
Si el acortamiento de los tiempos de los ensayos clínicos es para aumentar la inversión de la industria farmacéutica, tentándola con controles más laxos, está claro que lo que se busca es poner los intereses comerciales por encima del derecho a la vida de quienes intervienen en la investigación.
Es muy grave pretender cambiar el paradigma ético que se construyó en toda la comunidad internacional a partir de tragedias causadas por intereses económicos y políticos, como el nazismo, poniendo como valor máximo el de la dignidad de las personas, por otro paradigma regulado por el mercado. Aquí se estaría desprotegiendo a las personas, retrocediendo a épocas previas a 1947, antes de los juicios de Nuremberg. Y lo más alarmante es que se naturaliza. Es lo que más me asusta de todo esto. «
*Director de la cátedra de Salud y Derechos Humanos de Medicina (UBA) y coordinador del curso de posgrado Derechos Humanos y Ética de Investigación
