El presidente Mauricio Macri sorpresivamente, sin previa discusión con los actores principales en este tema, resolvió mediante el decreto 591/19 modificar la prohibición total que regía para el ingreso de residuos peligrosos al país. A partir del decreto las empresas podrán importar la basura que consideren necesaria un insumo básico para su producción. El tratamiento de los residuos es uno de los problemas socioambientales  más agudos de la Argentina, por eso un debate social sobre el tema debería haber sido un requisito esencial. De hecho, el decreto ni siquiera está firmado por el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. Por otro lado, el artículo 41 de la Constitución sobre derecho a un medio ambiente sano dice que “se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

Los especialistas alertan que no sólo se trata del daño ambiental siempre presente, sino que además está en juego el perjuicio a la salud de los argentinos, dado que el decreto determina que no será necesario un certificado de origen que acredite su inocuidad sanitaria y ambiental, ya que este “resulta de imposible cumplimiento”. Tampoco menciona la afectación del trabajo de cientos de cooperativas que deberán competir con corporaciones internacionales que trabajan en el transporte a nivel de internacional.

Desde la Junta interna de ATE del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad definieron claramente “quieren que seamos el patio trasero de los países desarrollados, el basural de los países del primer mundo”.

Un especialista que trabaja el tema residuos urbanos consultado por este diario alerta que “aún no pudimos resolver la cuestión interna de la gestión integral que necesita Argentina y trabajar en economía circular y empezar a entender a los residuos como materia prima. Entonces –se pregunta– si no pudimos aplicar esto internamente, ¿cómo podemos abrir las puertas de Argentina de otros países?

El ambientalista Enrique Viale alerta que “detrás del decreto de Macri de autorizar la importación de basura está la reciente decisión de China de reducir la importación de residuos en un 99%. China compraba la mitad de los desechos reciclables estadounidenses y Europa le vendía 11 millones de toneladas por año”.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, señala que se trata de  un negociado para los amigos empresarios del plástico, las metalúrgicas y las papeleras. Por su parte la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti adelantó que han presentado un pedido de informes y presentaron un proyecto de ley para reforzar la prohibición de introducir, transportar e importar residuos, desechos y desperdicios en el país.