“No hay plazos para el lanzamiento del satélite Arsat-3 ni me gusta poner plazos. Porque soy un tipo responsable y creo que hay que esperar hasta que esté la plata”, cuenta Rodrigo de Loredo, presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) desde diciembre de 2015. Su gestión decidió “convalidar” la misión del satélite pero dejó supeditado su diseño y construcción a eventuales acuerdos con operadores privados, con quienes ya intercambian cartas confidenciales para conocer su interés en comprar hasta el 100% del satélite.

A casi un año del primer pedido de entrevista, De Loredo atiende telefónicamente a Tiempo y reconoce que el despliegue de la TDA no es prioridad. También confiesa que cuando asumió “algún representante del gobierno tenía una visión de vender la empresa o particionarla”, pero se diferencia de ellos.

–¿Cuál es su evaluación de este primer año?

–Estamos muy contentos. Las cosas que nos propusimos, las pudimos concretar. Tenemos un resultado económico-financiero favorable, un nivel de avance importante en el plan principal de la empresa que es el Plan Federal de Internet. Y el segundo está en marcha: el de conexión a las escuelas rurales del Norte. Tuvimos un EBITDA (beneficio bruto de explotación) de 80 millones de pesos, cuando la gestión pasada tuvo un déficit de 250 millones. Y no tuvimos aportes del Tesoro.

–En los últimos meses recortaron 2500 millones de pesos del presupuesto 2016 de ARSAT. ¿Pueden sostenerse los objetivos de esa forma?

–Los objetivos cambiaron decididamente. De entrada sabíamos que Arsat no iba a recibir aportes del tesoro. Entonces logramos recibir un aporte de capital de $ 1300 millones del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (proveniente del 1% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones del país). Es un logro que nos tomó seis o siete meses. Porque había millones de pesos inutilizados en ese fondo que debían ser destinados a financiar proyectos que procuren dar un acceso a las TICS en condiciones de igualdad, y por lobby o presiones de las empresas, la gestión de La Cámpora no los usaba. Ahora la prioridad es el Plan Federal de Internet, que viene a cubrir la brecha digital.

–¿Las prioridades no están fijadas por la Ley de Desarrollo Satelital?

–La legislación pretendía construir una política de Estado desde la unilateralidad, imponiéndole al otro lo que debe hacerse. Ese plan de desarrollo se planteaba en plazos con condiciones y términos, pero parte de esas condiciones no están dadas. Porque se pensaba construir el tercer satélite con entre 200 y 300 millones de pesos de aportes del Tesoro.

–¿Y ante esta decisión decidieron suspender el Arsat-3?

–Nosotros hemos convalidado la tercer misión satelital. Es el más comercial y el que mejor cierra al plan de negocios. Pero la decisión es no lanzarlo con aportes del Tesoro ni financiamiento externo que quite cupo de créditos blandos que puedan ir a otros proyectos de infraestructura. Entonces, estamos trabajando en lanzarlo a riesgo de Arsat, prevendiendo totalmente su capacidad a operadores privados, o que operadores privados compren el tercer satélite en un 100%, 50% o lo que sea. Pero quiero aclarar que decir que un privado nos compre el tercer satélite no es privatizar la unidad satelital. Queremos promover una industria satelital y difícilmente uno pueda promover una industria automotriz pretendiendo que el Estado compre todos los autos. Hoy estamos cruzando cartas de confidencialidad, recogiendo el interés en invertir en ese satélite. Y tengo toda la fe de que lo vamos a lanzar.

–¿Pero no hay plazos?

–No hay plazos ni me gusta poner plazos. Porque soy un tipo responsable y creo que hay que esperar hasta que esté la plata. Por eso el diseño está abierto para terminar de definir según las negociaciones con los operadores privados.

–¿Y los contratos firmados con otras empresas que preveían un lanzamiento en 2019?

–Había una multiplicidad de contratos con empresas extranjeras, pero los de Airbus y Thales ni siquiera están iniciados, porque para entrar en vigencia requerían el primer pago. Al no efectuarse, no empezaron. En conversaciones con ellos dijimos que se abría una ventana de tiempo. Accedieron y lo que puede pasar es que a la hora de entrar en vigencia cambien los precios de aquel momento. El más complicado es el de Arianespace, el lanzador, que nos pasa factura todos los meses. Ahí acumularemos una deuda hasta el lanzamiento. Pero eso también pasó con el Arsat-1, que se lanzó mucho después y la empresa terminó condonando esas moras.

–¿Cómo ve el rol de Arsat como empresa estatal?

–Para nosotros una empresa tiene que ser del Estado cuando tiene objetivos estratégicos de política y economía, o cuando lleva adelante una tarea en la que el privado por si solo no está interesado en avanzar. Por eso estamos desarrollando la red de fibra en lugares donde no llega el privado porque no está estimulado. La visión que tenía la gestión de La Cámpora era hacer una megaempresa que sustituyera roles que están bien cuidados por otras empresas privadas. Esa mirada también la aplicaron a la TDA, que la usaban para su batalla de medios, y en el intento de brindar telefonía móvil.

–Pero la TDA permitiría que la gente tuviera acceso a información audiovisual, aunque no pueda pagar el cable cuando llegue el apagón analógico.

–Eso dice el objetivo de la TDA. En la práctica, la distribución de los decodificadores fue con sentido electoral para competir con la TV por cable, porque se distribuyeron más en la provincia de Buenos Aires que en el Norte del país.

–Este año se suspendió la instalación de unas 20 antenas de TDA y hay denuncias de falta de mantenimiento.

–Eso es absolutamente cierto. Este gobierno tomó la decisión de avanzar hacia el apagón analógico, pero la gestión anterior pretendía realizarlo sobre la base de un despliegue de 85 torres con un monto de 1200 millones de dólares, lo que me parece desacertado. Nosotros hubiéramos elaborado un camino distinto, que incluyera inversión compartida con los privados. Ahora le daremos continuidad a lo ya hecho, pero no coincidimos en el orden de prioridades. Por lo que el despliegue de TDA irá más tarde.

–¿Y vamos a llegar al apagón en 2019?

–La gestión pasada ya no llegaba. El plan está estudiado, será con distinta intensidad, pero no vamos a eliminar la TDA.

–Los intereses privados son grandes, e incluso hay funcionarios vinculados a firmas que compiten en el sector.

–No es mentira que había alguno que tenía una visión de vender la empresa. Algún representante del gobierno podía haber tenido una visión más liberal, de particionar la empresa. Pero son opiniones.

–¿Y qué opina sobre Hispasat, que opera ilegalmente y cuya representación tiene una firma fundada por Federico Pinedo?

–A Hispasat la denunciamos. A mí no me importa quién está detrás de cada cosa. Hacemos lo que es mejor para la empresa y los hechos hablan por sí solos. «