Matías Lanusse es licenciado en Administración por la Universidad de la Marina Mercante y actual director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el encargado de poner su firma para que, en medio de la pandemia, se clausurara por más de 24 horas el Hospital Español, administrado por el PAMI, donde se atienden más de 71 mil afiliados de la obra social. Por sus manos pasan todas las decisiones consensuadas con la Jefatura de Gobierno porteño para habilitar o cerrar comercios, industrias, espectáculos y controlar el expendio de alimentos en la Ciudad; también tiene a su cargo la seguridad y la higiene de boliches y eventos masivos realizados en el distrito; el control de la salubridad de alimentos que se producen, venden y se transportan en la Ciudad; y la seguridad de las obras de construcción públicas y privadas, ya sean nuevas o se trate de refacciones o mantenimiento.

En la web oficial del gobierno porteño hacen un escueto recorrido por sus cargos previos: presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal; director provincial de Servicios Públicos en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; y director general de Fiscalización en Vía Pública, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que omiten mencionar es su paso por uno de los organismos más polémicos que creó por decreto Mauricio Macri en su primera gestión como intendente porteño, y que sepultaría la carrera de cualquier funcionario público: coordinador de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), bautizada por quienes asisten a personas en situación de calle como la «gestapo» de Macri.

La UCEP se desintegró un año después de su fundación, en 2009, ante decenas de denuncias de organismos de Derechos Humanos y entidades que presentaron pruebas concretas de que la UCEP actuaba como una patota que golpeaba a personas en situación de calle, una verdadera fuerza de choque del Ministerio de Espacio Público, por entonces a cargo del actual vicejefe de gobierno Diego Santilli.

Si bien Lanusse fue absuelto muchos años después, ese estigma lo acompaña. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó innumerables denuncias sobre hechos de violencia contra personas sin techo e indigentes en la vía pública, que incluía la participación conjunta de agentes de Espacio Público y efectivos de la entonces Policía Metropolitana.

Una de las denuncias más fuertes contra Lanusse, que involucró, también, a Mauricio Macri, había sido presentada por la exlegisladora Liliana Beatríz Parada y apoyada por el CELS y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. En 2011, el juez Facundo Cubas, titular del Juzgado Criminal de Instrucción Nº49, citó a declaración indagatoria a Macri; al exministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo; al propio Matías Lanusse y a más de 20 agentes de la extinta UCEP. La investigación no prosperó y en julio de ese mismo año, el magistrado dictó la falta de mérito para todos los imputados, pero una parte del expediente de la causa se derivó a la Fiscalía Nº13, a cargo del fiscal Daniel Roma.

En 2011, Lanusse se presentó como candidato a comunero de la Comuna 2. Su candidatura fue rechazada por organismos de Derechos Humanos e impugnada por Carlos Pisoni, de la agrupación H.I.J.O.S Capital, “por falta de idoneidad moral” debido al papel que cumplió en la UCEP; pero el polémico Tribunal Superior de Justicia porteño no hizo lugar a esa denuncia.

Desde el 11 de diciembre de 2019, Lanusse dirige la AGC. Una vez más, fue el propio vicejefe de gobierno, ahora a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien propuso la designación. Puertas adentro de la Comuna, a Lanusse lo llaman «el niño mimado de Santilli». A los tres meses de estar en funciones, organizó un operativo contra trabajadores ambulantes que terminó en tragedia. Fue señalado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos como el responsable de la muerte de Beatriz Mechato Flores, de 75 años, una vendedora ambulante que trabajaba en el Once y que fue embestida por una moto cuando huía de los inspectores de la AGC para evitar que le quitaran su mercadería. El jueves se cumplió un año.

En un comunicado, la Policía de la Ciudad se refirió al hecho como «un accidente de tránsito en el que resultó fallecida una ciudadana peruana». Y Lanusse sigue en su puesto, desde donde también cierra hospitales.

El cierre del Español, a la Justicia

Desde la AGC señalaron que la decisión de cerrar el Hospital Español se tomó a partir de una orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, a cargo de Margarita Braga. Según el informe presentado por la Agencia de Control, el hospital tenía “falta de luces de emergencia en todos los medios de salida, no poseía registro ni mantenimiento de las instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas con cables expuestos y derretidos, falta de mantenimiento y registro de 12 ascensores y montacargas y termotanques».

El PAMI llevará a la Justicia al gobierno porteño, al que responsabiliza por el cierre del centro de salud en plena pandemia. Así lo anunció la titular de la obra social de los jubilados, Luana Volnovich, quien responsabilizó por el cierre a Horacio Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud, Fernán Quirós.