Ayer por la tarde, les cartoneres nucleades en el MTE llevaron hasta el Ministerio de Ambiente de CABA su reclamo por apertura de paritarias. Cerca de las 17, el gobierno de la Ciudad decidió interrumpir la negociación y hacer intervenir a la Policía de la Ciudad, que reprimió la protesta y detuvo a 13 cartoneres, acusados de “desobediencia”.
Durante las siguientes cinco horas, les detenides estuvieron retenides en la calle, y luego dando vueltas en un camión celular sin destino conocido. Después de, ya de noche, ser alojades en distintas comisarías, transcurrieron otras largas horas incomunicades, mientras se dilataban diversos trámites judiciales. Recién en la tarde de hoy la Auxiliar Fiscal Catalina Neme decidió no imputar a les detenides y comenzaron las liberaciones. Esta decisión muestra que las aprehensiones no tenían ningún sustento. Pero a pesar de eso, trabajadores de la economía popular pasaron casi un día presos.
Episodios como éstos intentan dejar un mensaje de disciplinamiento a la protesta social. En un contexto de creciente pobreza y precarización, la protesta es una herramienta fundamental para que los sectores más golpeados puedan visibilizar sus demandas.
En CABA, el Poder Ejecutivo y el Judicial están alineados desde hace tiempo en una política que criminaliza a manifestantes a través del uso de distintas herramientas policiales y judiciales que se aplican para privar de su libertad durante horas o días a personas que participan en protestas, y que en su enorme mayoría luego no son procesadas y mucho menos condenadas. Prácticas de este tipo se reiteraron en los últimos años, y se vienen intensificando en los últimos meses. Se trata entonces de un castigo por protestar que se aplica de manera sumaria y por el que luego ningune funcionarie rinde cuentas, lo que contribuye a naturalizar esta práctica de detener, trasladar y encarcelar manifestantes, para luego liberarles sin dar explicaciones.
