El balazo que el músico Santiago «Chano» Moreno Charpentier recibió en el estómago puso una vez más en discusión la actuación de un policía frente a una persona que padece una alteración mental. Mientras la justicia busca dilucidar los detalles del episodio, el agente fue imputado por una serie de delitos que podrían llevarlo 15 años tras las rejas, situación que fue aprovechada por su flamante defensa, la misma que la del homicida Luis Chocobar –con quien se fotografió esta semana– para presentarlo como un supuesto héroe que es perseguido por un sistema perverso.
Este viernes, el fiscal Martín Zocca notificó formalmente a Facundo Nahuel Amendolara, subayudante de la Bonaerense, que está siendo investigado por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial” contra el cantante y ex líder de Tan Biónica, baleado el domingo en su casa, en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, cuando en pleno brote psicótico estaba rodeado de otros agentes, familiares y médicos que intentaban persuadirlo de que se sometiera a un tratamiento para sus adicciones.
Consultado por Tiempo, el psicólogo y académico Daniel Russo prefiere no hablar de este caso puntual, aunque reconoce que “puso de manifiesto una situación que es mucho más habitual de lo que la opinión pública cree. Constituye una parte importante del trabajo policial, quizá no en estos niveles de gravedad, pero sí es frecuente”.
Incluso el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que “esto pasa todos los días” y opinó que “este es el típico caso que se podría haber evitado por medio de una pistola no letal, donde con tres metros de distancia se puede reducir a una persona”. De esta manera, volvió a defender el uso de las polémicas Taser y avaló la actuación del uniformado.
Russo, quien recientemente publicó el libro Cuidar a la Fuerza, donde aborda esta problemática, describe de qué manera un uniformado interviene en estas situaciones que no necesariamente están vinculadas con un delito: “En líneas generales, un policía llega a una escena de esta naturaleza convocado por alguien, ya sea un familiar o un vecino que no puede manejar las cosas y como primer reflejo llama al 911 en lugar de comunicarse al 107”.
“Un policía no asiste espontáneamente a estos hechos, más bien todo lo contrario. Cualquier policía quiere evitarlos, porque saben que pertenecen al campo de la salud y que cualquier intervención los va a dejar siempre en una situación muy compleja”, añade el ex directivo de la Sedronar y actual titular de la cátedra de Drogas de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal.
Para el experto, una vez que la fuerza de seguridad llega al lugar, el “abordaje ideal sería evaluar la situación de riesgo, que no se trata del riesgo psíquico del sujeto, porque no es su función, sino en virtud de si puede utilizar algún objeto para dañarse o dañar a otros, incluido al propio policía; si puede tirarse al vacío si está en un lugar de altura; o arrojarse debajo de un auto si es que está en la calle”.
El uniformado, entonces, debería “contener la escena de manera dialógica. Si no hay personal médico, pedirlo, y si lo hay, dejar que actúe y quedarse simplemente observando, porque cualquier intervención puede hacer la diferencia que genere o no una escalada. No tendría que producir intercambios tensos que provoquen mayor ansiedad de la persona”.
Todo esto no es nuevo, en el año 2013, la Sedronar elaboró una serie de pautas para este tipo de abordajes que también están contempladas en la resolución 506/2013 del Ministerio de Seguridad nacional.
Si el individuo está desarmado y se abalanza contra el policía, se supone que éste está entrenado para inmovilizarlo y esposarlo. Ahora bien, si el agresor empuña un cuchillo, el margen de acción se reduce. “Si se llega a esto, habrá que ver si hubo oportunidades previas para desandar el conflicto”, concluye Russo.
Abordaje punitivo
Cada vez que suceden este tipo de episodios trágicos, un sector de la oposición y los medios atacan la Ley 26.657 de Salud Mental. Desde el prejuicio, se le achaca, por ejemplo, que gracias a ella las personas con consumos problemáticos de sustancias no son internadas porque el adicto no suele prestar su consentimiento. Los que claramente no se cumplen son los protocolos de emergencia que postula la ley. La norma estipula que en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, un equipo interdisciplinario del servicio asistencial deberá evaluar debidamente a la persona para que, con el control judicial pertinente, las autoridades públicas dispongan o no el traslado a un establecimiento de salud. Por el contrario, lo que prevalece es el enfoque punitivo y el primer abordaje de la persona, tanto en la vía pública como en domicilios particulares, es policial.
La salud del médico y las pericias
Mientras Chano continúa internado en el Sanatorio Otamendi y su estado de salud es estable, ya sin respirador, luego de que le extirparan el riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas, la suerte del subayudante Facundo Nahuel Amendolara comenzará a definirse el próximo martes cuando la División Balística de la Policía Federal perite el proyectil, la vaina y el arma reglamentaria con la que le disparó al músico. No es que vaya a haber demasiadas sorpresas al respecto, pero sobre esa diligencia se desplegará la estrategia del abogado Fernando Soto, el mismo que asesoró al policía Luis Chocobar, condenado a dos años de prisión en suspenso por el asesinato de un joven delincuente por la espalda.
“Vamos a designar un perito de parte para las pericias a las vestimentas y balísticas. Nos preocupa que no se haya realizado el protocolo de preservación de prueba y de la mejor buena fe se pueden haber perdido rastros”, adelantó el defensor, quien apelará a cuanto tecnicismo tenga al alcance.
