Cuando ingresó el macrismo al gobierno nacional una de sus primeras medidas fue desguazar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de decretos presidenciales. La Defensoría del Público, creada por esa misma ley, sobrevivió a la guadaña pero en 2018 fue intervenido y así continúa.
En septiembre de 2018, la Comisión Bicameral de las Comunicaciones del Congreso Nacional, presidida por el senador santacruceño Eduardo Costa (Cambiemos), designó de interventor a Emilio Alonso, un funcionario sin antecedente ligado a medios, periodismo, comunicación o audiencias. Como contó Martín Becerra en Tiempo días atrás, para su designación ocultaron su CV y una de las diputadas presentes, en un acto reñido con cualquier noción republicana, dijo que la presentación del curriculum del funcionario no era necesaria porque “a (Emiliio Alonso) lo conocemos todos”.
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“Desde ese momento el organismo se ha vaciado de políticas públicas y quedó al servicio de un marketing político insólito e improvisado”, denunciaron sus trabajadores en un comunicado difundido para el aniversario y responsabilizaron a la Comisión Bicameral “por el deterioro y asfixia institucional del organismo”.
“Hasta el día de hoy, la Defensoría del Público continúa intervenida y en una incertidumbre constante que no permite prever nada ni cumplir de manera efectiva el rol de defensa de los derechos de las audiencias de la radio y de la televisión”, manifestaron.
Por último, destacaron la necesidad de que se regularice el organismo con la designación de una nueva autoridad nombrada legítimamente. Mientras es ocurre, reclaman “que cese esta intervención caótica y perversa que está destruyendo un organismo central en la construcción de la comunicación entendida como derecho humano”.
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