Cuatro jóvenes murieron en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría, ubicada en Transradio, que había sido clausurada por la justicia. Las muertes se produjeron en la madrugada de este jueves por el incendio de colchones en el sector de los calabozos de la seccional donde estaban alojadas 26 personas, pese a que tienen capacidad para diez. Hay otros ocho detenidos internados.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió sobre el hacinamiento y responsabilizó por el incumplimiento de la orden de clausura a la gobernadora María Eugenia Vidal, el Ministro de Seguridad, Christian Ritondo y la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también señaló la situación de sobrepoblación y la ilegalidad del sistema de encierro bonaerense.
El episodio se produjo durante la madrugada y según la versión oficial todo comenzó cuando un efectivo policial de la guardia descubrió a dos presos forzando una reja para escapar. Ese hallazgo –siempre según la versión policial- derivó en un “motín”, en el que los presos prendieron fuego unos colchones.
La información que emanó del Ministerio de Seguridad incluyó los “prontuarios” de dos presos señalados como iniciador del fuego y un cómplice en los hechos. Nada indica sobre la cantidad de presos en la seccional.
La CPM informó que la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría en la que murieron los cuatro jóvenes está clausurada por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande, que también había exigido a Seguridad desalojar de manera urgente los calabozos y trasladara a los detenidos.
Además, recordaron que el Ministerio había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos. Y precisaron que el 3 de marzo pasado el juzgado 2 notificó a Ritondo, al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia.
La versión oficial quitó el peso de los hombros de Vidal y Ritondo y dividió las culpas en los detenidos y en la justicia de Lomas de Zamora. Los voceros de Ritondo aseguraron que la comisaría estaba en funcionamiento pese a que la justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos.
“Los propios jueces y fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales y Ministeriales, son quienes remiten los presos a las comisarías por ellos mismos clausuradas para su alojamiento”, precisaron.
La información oficial precisó también que el año pasado el Jefe de Gabinete del Ministerio, Marcelo Hugo Roccheti informó la situación a la Fiscalía General, a la Defensoría General y al Presidente de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, pero que todavía no le contestaron.
Pese a esta orden judicial había 26 personas detenidas en un espacio que sólo podía alojar 10 personas.
El CELS remarcó que las muertes son “responsabilidad del Estado y se explica por el hacinamiento y la sobrepoblación que hay en el sistema de encierro bonaerense”. Y señaló que el “sistema de encierro provincial está basado en la ilegalidad: la detención en comisarías es ilegal; hay 4052 personas detenidas en estos lugares que no están en condiciones; esta comisaría tenía una clausura judicial y administrativa que no se respetó”.
Este hecho se sumó al ocurrido en marzo de 2017 cuando 7 jóvenes murieron en lo que se conoció como la masacre de Pergamino. La Comisión recordó que en la gestión de Ritondo ya hubo 11 jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.
Antes que hechos aislados, las muertes son consecuencia de decisiones políticas: el organismo de derechos humanos provincial, que año a año releva la situación de encierro en la provincia, remarcó que los presos en comisarías aumentaron un 14% en el último año y acumula un 93% desde diciembre de 2015. Además recordó que hay 252 comisarías inhabilitadas (el 55% del total), de las cuales 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. Y que las seccionales están sobrepobladas en un 246%.
Las víctimas fueron identificadas por la CPM como Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez y Juan Bautista Lavarda. Sus muertes se enmarcan en el incremento del encarcelamiento como principal política de seguridad: las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías llegan a 47.000 y supera todos los registros previos.
