Gran parte de las muertes  por violencia de género ya habían sido largamente anunciadas en un expediente judicial. Detrás de cada uno de los femicidios suele estar el registro de múltiples denuncias, que no bastaron para frenar el impulso criminal de los asesinos. Los botones antipánicos o las medidas perimetrales restrictivas no alcanzan y apenas se convierten en señales de que lo peor siempre está por llegar y que nada ni nadie puede remediarlo. Tiempo dialogó con tres fuentes judiciales que coincidieron en que el fracaso del sistema obedece a la falta de políticas públicas de prevención.

Para el defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, se trata de «un problema estructural que se ve reflejado en la ausencia de políticas de prevención. Nos encandilamos y enfocamos preferentemente en una visión de tipo punitivista, sesgada por la ignorancia o la demagogia, pero se descuida la aplicación de medidas reparadoras». Su planteo es el de «una respuesta restaurativa que se haga cargo de las situaciones de asimetría, para proteger a las víctimas que, a través de la denuncia, están haciendo saber lo que muchas veces antes no se animaron a decir o denunciar».

El funcionario judicial entiende que «hay otros caminos que no se están recorriendo. Las políticas de género no encaran en serio el tema». Destaca que «el feminismo no sólo puso en agenda la problemática; también dejó en evidencia la ineficacia del abordaje del Estado». Y propone la implementación de «espacios de terapia masculina intrafamiliar, dirigida directamente al violento. La contención psicológica y emocional de las víctimas funciona bien, ¿por qué no la aplicamos a los sospechosos? Esto tendría un alto grado de eficacia”. Coriolano lamentaque el Ejecutivo no haya escuchado estas ideas. “Esto se resumo en tres palabras: prevención, prevención y prevención», agrega.

Fuentes de la Procuración Bonaerense indican que hay una multiplicidad de factores que determinan la derrota del Estado, o dicho de otra manera, la muerte de una víctima de violencia machista. Un vocero del organismo que conduce Julio Conte Grand, que prefirió hablar off the record, se refirió a las dos medidas «extremas» que suelen implementarse en estos casos: el botón antipánico y «la perimetral». No fue muy alentador.

Respecto de las restricciones perimetrales, la fuente puntualiza que muchas veces no se notifica al sospechoso, ya sea porque no fue hallado en su domicilio o porque la policía no se esmeró demasiado en dar con él. En caso de que sea notificado, también resulta prácticamente imposible impedir su acercamiento a la víctima.

Sobre los botones antipánicos, para el vocero de la Procuración «son insuficientes, nunca llegan a cubrir la demanda, y no podemos soslayar que siempre vamos a depender de la asistencia de la policía y de los recursos que esta tenga». A modo de prueba piloto, en algunos departamentos judiciales, los sospechosos son obligados a llevar una pulsera electrónica para un mayor control de sus movimientos. Parece un sistema efectivo, pero cuesta dinero y muchos jueces son reacios porque sostienen que se avanza sobre la libertad y la privacidad de las personas», argumenta.

El funcionario reconoce que «el 40% de todas causas de la provincia de Buenos Aires con autores individualizados pertenecen a casos de violencia de géner». Y confiesa: «Tengamos en cuenta que de los 60 fiscales que debe haber por jurisdicción, apenas tres están especializados en este tipo de delitos. Los despachos están abarrotados. Tienen que hacer malabares para que la violencia no escale».

La abogada penalista Analía Fangano es mucho más cruda: «La lucha contra la violencia de género fracasó. Si bien la sociedad cada vez está más sensibilizada, las situaciones se viralizan rápidamente y las denuncias crecieron; en paralelo la violencia cada vez es peor». Hay, dice, una mayor capacitación de los operadores y más recursos «como refugios, botones antipánicos, comisarías de la mujer o personal policial femenino dedicado al tema, pero nos siguen matando como si nada».

«Todos somos responsables por la mala aplicación de estos recursos: los abogados, los jueces, peritos y asistentes sociales, la maestra, el vecino y los medios de comunicación –analiza Fangano–. La solución no puede buscarse sólo en el ámbito penal. Cuando el abogado o el juez interviene es porque ya ocurrió el delito. Estamos sostenidos por la buena voluntad de los operadores que se involucran y comprometen». «

«Mi mamá no llegó a apretar el botoncito»

«Mi mamá no llegó a apretar el botoncito», dijo uno de los tres hijos de María del Carmen Iglesias, que vio cómo el domingo pasado al mediodía su padre mató a su madre de seis puñaladas. Instantes antes, el pequeño le había arrojado piedras al agresor cuando vio que se acercaba a la casa de Gregorio de Laferrere, en La Matanza, donde la mujer de 46 años vivía con sus hijos de 5, 6 y 8 años.

Alberto Antonio Olguín, de 40 años, había sido denunciado unas 17 veces por su expareja. De hecho, el viernes anterior al femicidio, la Justicia le había otorgado a la víctima el botón antipánico que nunca llegó a presionar.

El sospechoso fue detenido poco después en los alrededores de la estación de trenes de Tapiales, luego de que se dirigiera a la casa de su madre, donde se cambió de ropas e intentó huir. «Los últimos mensajes que tenemos de ella es que estaba contenta limpiando la casa mientras escuchaba música con sus chicos. Ellos fueron los únicos que presenciaron el ataque», dijo Estela, una amiga de la mujer, en diálogo con el diario Crónica.