Son las 7.30 de la mañana y por calle Santa Cruz, Monasterio o Uspallata, en las inmediaciones del barrio porteño de Parque Patricios, no se puede pasar. La explanada verde y sinuosa del parque Florentino Ameghino está dividida en dos por un vallado negro y en cada esquina hay policías de la Ciudad con diferentes uniformes. Los que se quedan quietos frente a las vallas tienen cascos, escudos y están abrigados porque aunque es 31 de octubre, hace 12 grados y la lluvia es inminente.

Por calle Patagones y Manuel García el tránsito está cortado y se pueden ver colectivos de color negro, como esos que se usan para transporte escolar, pero con la leyenda que dice “Policía de la Ciudad” a lo largo. Hay camiones que dicen “Fuerzas especiales”, camionetas con el escudo policial y al menos quince efectivos de la motorizada que forman un círculo en medio de la calle y conversan.

Algunos usan el cuello alto como tapabocas o lo despliegan como pasamontañas, ocultando su rostro. Inmóviles, como si fueran dos enormes bloques de cemento, están los camiones hidrantes y a su alrededor se mueven algunos efectivos con uniforme de asalto de tipo militar aunque también son oficiales porteños. Este desmesurado operativo se dispone a desalojar el edificio de calle Santa Cruz 144 en el que viven 107 familias que conforman la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco Limitada.

Allí funcionada una fábrica de toallas que cerró en los noventa y tras, años de abandono, fue ocupado y acondicionado para vivienda en 2004. En 2013, un empresario hotelero compró a precio vil el inmueble, en una subasta. Él sabía que unas 350 personas, de las cuales 100 son niños, niñas y adolescentes, vivían allí y, prontamente, inició el juicio de desalojo que llevó a este momento.  Pero el despliegue táctico del Gobierno de la Ciudad, bajo el mando actual de Horacio Rodríguez Larreta, será en vano. Al final de día, la resistencia dará sus frutos. Al menos, por seis meses.

No hay vivienda para los humildes en la ciudad de la furia

Pero son las 10 de la mañana y aún no se sabe con certeza si habrá un acuerdo. La policía mantiene el cerco de las cuatro esquinas cercanas, pide DNI y motivos para dejar pasar a los vecinos y a la prensa. Desde hace un par de horas hay ocho oficiales de Justicia que intervienen en el operativo policial. Uno de ellos blande en su mano una hoja sellada por el juez Fernando Césari del Juzgado en lo Civil N° 60 que dice “Mandamiento de lanzamiento” y le explica a un grupo de personas el alcance de la orden judicial.

Sin embargo, solo algunos de los presentes son vecinos del edificio en disputa. Detrás de esa pequeña multitud que acompaña, de las banderas, los gazebos y la fogata que comienza a arder sobre calle Santa Cruz, el edificio en cuestión está cerrado y la gran mayoría de sus ocupantes –desde las ventanas, balcones, terraza-  miran, cantan, golpean cacerolas, redoblantes, despliegan banderas y elevan sus brazos al cielo.

Susy Ordoñez vive desde hace 20 años en el edificio también conocido como Casa Santa Cruz y dice a Tiempo: “no es posible una salida sin la proyección de un techo para nosotros porque claramente en esta ciudad el hábitat está negado a las familias de los sectores humildes que no pueden de ninguna manera afrontar un alquiler”. El proceso judicial, cuenta Susy, lleva más de 14 años.

Para ella, la orden judicial da cuenta de que tanto al juez como el propietario que pide el desalojo -el empresario hotelero Leonardo Ratuschny- nada les importa. “Ayer obtuvimos sentencia en un amparo que hicimos ante otro juez, esa sentencia dice que el Estado nos tiene que garantizar el derecho a la vivienda digna pero el juez civil desestimó nuestro pedido”, señala.

Quizás por ese motivo, ante la envergadura del despliegue policial y la existencia de dos sentencias contrapuestas, es que se encuentran presentes funcionarios del Gobierno de la Ciudad, representantes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y asesores del Jefe de Gobierno. Susy Ordoñez agrega: “los organismos públicos encargados de las políticas de vivienda no están funcionando porque hay demanda pero nunca hay presupuesto, nosotros hicimos gestión por gestión, nos hicimos cooperativa, pero para nosotros no hay nada”.

Un hotel no es vivienda digna

La propuesta del IVC, dicen algunos vecinos, fue otorgar subsidios para alquiler transitorio en hoteles familiares hasta una solución definitiva. Pero esa propuesta ya había sido hecha dentro del proceso y también rechazada. El estado deplorable de los hoteles familiares de CABA, la creciente violencia social que los rodea y el monto irrisorio del subsidio habitacional determinaron la negativa.

Ante ello, la abogada de la Cooperativa, Rosa Herrera, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos cuenta: “se propuso conformar una mesa de diálogo, que se suspenda la medida y que se actualice el relevamiento”.

La abogada detalla que el juez Césari había sido notificado mediante sendos escritos acerca de la sentencia de amparo a favor que obtuvieron los vecinos. “Se da la contradicción de que el Poder Judicial por un lado ordena una medida de desalojo y por el otro, una sentencia de amparo que ordena una solución habitacional, nosotros pedimos que se suspenda pero a primera hora el juzgado rechazó todos los pedidos”.

El abogado Héctor Trajtemberg, también de la Liga y representante de los vecinos, comenta: “la gente anda con temor porque no hay adónde ir, el gobierno de la Ciudad no hace propuestas concretas, a menos que se trate de los paradores y hay que considerar que el amparo dice que se debe dar una solución adecuada dentro de los 30 días”.

Las infancias en proceso de desalojo

Es casi mediodía y, mientras llueve, Marisa Graham -defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación- va de un lado al otro con su teléfono celular. Se dirige a un oficial de justicia y a un funcionario del gobierno de la Ciudad y dice que Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de Nación, se comprometió a ser parte de la mesa de diálogo.

“Hemos presentado un escrito en el juzgado 60 y hemos pedido que se suspenda el desalojo para garantizar los derechos a la vivienda, escolaridad y salud de los 99 niños que viven aquí”, cuenta a Tiempo. Una de las dimensiones del desalojo que no puede soslayarse, según Graham, es el impacto en la vida de las infancias que habitan Casa Santa Cruz.

“La responsabilidad no es de los vecinos sino del Estado local que en 14 años no ha podido cumplir con darles una solución habitacional adecuada, un estado que es la capital de la Argentina, estamos esperando que den una solución definitiva y no transitoria porque no es recomendable para ningún niño”, asevera.

Asimismo, resalta que aún cuando el desalojo no se lleva a cabo con uso excesivo de la fuerza, el escenario montado resulta traumático para los niños. “Mi función es defender sus derechos, falta un mes para terminar la escuela, si los sacamos de este lugar van a tener que terminar en otro o quien sabe si van a poder”, asegura.

En relación a la propuesta del IVC, dice: “lo que hay que garantizar es que las familias tengan el dinero suficiente para pagar un alquiler, nosotros le pedimos además que contemple también que tengan acceso a una garantía para poder hacerlo”. 

Acuerdo y mesa de diálogo

Son casi las 1 de la tarde y aunque a la lluvia intensa se le suma un viento incesante, las personas que acompañan a las familias de la Casa Santa Cruz no se van sino que se apiñan debajo de los gazebos y de las copas de los árboles del parque.

Rosa Herrera, abogada de la Cooperativa, llama a una asamblea a mitad de la calle. Mientras habla, es notorio que las fuerzas policiales han comenzado a retroceder. En las esquinas solo quedan policías de calle y aunque las vallas siguen ahí, la infantería no. A viva voz dice que tiene una contrapropuesta que conversar con los vecinos que resisten dentro del edificio y que solo después podrá decir más.

Media hora después, mientras los abogados de la Liga se apresuran hacia Tribunales, un vocero confirma la noticia más esperada de la jornada: hay un acuerdo provisorio y el desalojo no se llevará a cabo. El propietario recibirá un pago en concepto de alquiler por seis meses durante los que se trabajará en una solución habitacional digna para las familias por medio de la mesa de diálogo. En esa mesa se sentarán representantes de la Cooperativa con el Estado porteño y nacional.

Hay aplausos, cantitos, alivio, abrazos pero la alegría es cautelosa. Los vecinos saldrán a festejar junto a las organizaciones solo cuando los abogados regresen con el acuerdo firmado. Ante la duda, todavía hay que permanecer.