No son pocas y no están en cualquier lugar. Serán 12.351 hectáreas de la región de Malargüe que incluyen una fracción de la Cordillera las que pasarán a ser propiedad de El Azufre S.A. para un gran centro de esquí y turismo, gracias al Decreto 2138/2021 firmado el 23 de diciembre por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. La decisión fue cobrando rechazos en la oposición y sectores sociales, y ya se presentaron pedidos de informe y planteos ante la Fiscalía de Estado, que avaló la compra en un primer momento. De acuerdo a especialistas hídricos, el sur de Mendoza “es la zona de mayor cantidad de recursos hídricos”.

Las tierras entregadas se encuentran en la zona de Campo Potreros de Cordillera. Así lo dice textual el decreto: «Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2, y del Sector 3 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza».

De acuerdo a medios de la región, se trató de formalizar una cesión que ya ocurre en los hechos, porque la empresa llevó adelante intervencioes, pruebas y desarrollos en esa zona de montaña. El objetivo privado es un gran centro turístico de esquí en una zona que viene levantando en exposición en los últimos tres años. Montañas con nieve en polvo para deportistas y turistas, rodeados por tres máquinas pisa nieve, un helicóptero, 30.000 acres esquiables y paisajes únicos. Pero privatizados. Y en humedales.

“Puedo contar de lo que conocemos desde lo ambiental, de los glaciares y de la nieve que cae. La zona del sur de Mendoza y en la cordillera es la zona de mayor cantidad de nieve que hay en la provincia, de mayor cantidad de recursos hídricos. La nieve cae en invierno, proviene de tormentas que viajan desde el Pacífico. Al ser la montaña más baja y tener latitud hacia el sur aumentan la frecuencias de esas tormentas de nieve y al ser más baja la Cordillera permite que la nieve logre atravesar la Cordillera con más facilidad que en el norte. Allá ronda los 3 mil o menos de altura, en ese sentido la característica geográfica de esa zona es la mayor nevadora, por eso está el proyecto”, comentó a Radio Mitre Mendoza el investigador de Ciencias Atmosféricas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia Conicet), Maximiliano Viale, y mencionó al volcán Peteroa como uno de los principales de la zona.  

“En cuanto a lo ambiental es mayor tránsito de personas en una zona que era salvaje. Eso afecta, como el paso Cristo Redentor que ha ido creciendo en el tiempo. Imaginen algo así en el futuro. Mucha gente pasando. Por otro lado, una percepción que tengo es que estos centros de esquí es gente que va y que por ahí desconoce que se está metiendo en la montaña y no es una gente, en general, que vienen, lo llevan y no tiene conciencia 100% de dónde está, de cuidar el recurso. Por ahí pasa la potencialidad del impacto”, agregó.

Las miradas apuntan al Fiscal del Estado

El proyecto también movilizó al sector político. En un principio el justicialismo había apoyado la iniciativa. Hasta que se efectivizó la cesión. El jefe de bloque, Lucas Ilardo, presentó un pedido de informes al Senado provincial, para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre el negociado: “Queremos que la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Gobierno nos expliquen la entrega, la privatización de una porción de la cordillera con bienes naturales estratégicos, glaciares a favor de la firma El Azufre SA”. Y acotó varias situaciones: la falta de declaración de impacto ambiental, la ausencia de concurso público para la presentación de proyectos para la explotación del centro de esquí, y el destino de los puesteros que usan esas tierras para la veranada de su ganado. El dictamen del Fiscal de Estado, Fernando Simón (el único justicialista que dirige un organismo de control provincial, el resto tiene al frente representantes oficialistas) previo a la entrega de las 12 mil hectáreas, afirmó que el proyecto “es viable” y que no existen conflictos legales con puesteros de la zona. Con los herederos de dos de ellos la empresa llegó a un acuerdo para la cesión de derechos.

El dictamen agrega que además la firma ya invirtió «en estudios y en la ejecución de instalaciones y trabajos concretos para su emprendimiento turístico proyectado». Aunque lo resalta como algo positivo, eso significa que la empresa avanzó con intervenciones sin un acuerdo formal previo.

«Específicamente, su ocupación preexistente sobre los terrenos donde se desarrolla el proyecto, las inversiones ya realizadas en ellos y el destino turístico como objeto principal de su emprendimiento son los extremos que sostienen la legitimidad de su pretensión por derecho propio», agrega Simón en su dictamen. Y menciona que “no existen pedidos en trámite que se superpongan con los inmuebles pretendidos por El Azufre SA. Al no haber otros interesados no existe obstáculo para su asignación a la empresa solicitante».

«El Fiscal de Estado también debería dar explicaciones», apuntó el legislador Ilardo. El senador Marcelo Romano fue más allá: «Vamos a hostigar al oficialismo para que nos traigan a cada uno de los funcionarios que no hicieron estudio de impacto ambiental. Necesitamos que venga el Fiscal de Estado Fernando Simón a explicar por qué le ha dado el ok a este mamarracho jurídico».

Desposesión

Como expone un artículo de ANRed, esa zona es reclamada por las lof Buta Mallín y Pincheira, como zona de veranada para la pastura de su ganado y ocupantes ancestrales de esas tierras. Y también existen denuncias que apuntan a que la empresa El Azufre S.A. goza de un derecho de uso de agua del Río Valenzuela por parte del Departamento General de Irrigación, sin ser aún titulares de la tierra. De acuerdo a la Ley de Aguas de Mendoza, ese bien natural es inherente a la tierra.

El legislador del FIT, Lautaro Jiménez, planteó que “más que una privatización es una desposesión de tierras, que cada vez pertenecen menos a los puesteros y a las comunidades. Lo que está en discusión es si siempre se va a apostar a este tipo de inversiones que arrasan con estas comunidades. No me caben dudas que este proyecto va a llegar con su seguridad privada, con sus alambrados. Como ocurre en el sur, que cualquiera pone una garita y avanzan. Hay un sentido de privatización importante».

A la discusión política se le suma la judicial. Por un lado hubo una presentación en la Fiscalía de Estado por parte de Ricardo Pont, ex intendente de Tunuyán (PJ) y abogado que representa a un puestero de Malargüe que expresó su interés de quedarse con tierras en el área del emprendimiento.

El abogado radical Fernando Armagnague planteó una acción el viernes ante la Suprema Corte de Justicia provincial para señalar la inconstitucionalidad del decreto 2138/21. Explicó que no cumple con los mínimos requisitos: se trata de una entrega gratuita por parte de la provincia, cuando el artículo 99 inciso 4 de la Constitución establece que, en estos casos, debe llamarse a una licitación pública.

“Como el decreto se sacó entre gallos y medianoche, en enero (se emitió el 23 de diciembre, pero fue publicado el 7 de enero), pensaron que nadie se iba a presentar, porque hay 30 días corridos para plantear una acción”, apuntó el abogado, patrocinante de Daniel Blajevich, un habitante de la zona.

Agregó que el emprendimiento se encuentra sobre un glaciar, que está en una zona de frontera y se necesita la aprobación de Nación para autorizar el proyecto; que no se sabe la reputación de la empresa que en 2018, al momento de su inscripción en el registro público, tenía un capital accionario de solo cien mil pesos.

“Soy y siempre he sido radical. Lo he apoyado a Rodolfo Suárez cuando impulsó la nominación de Teresa Day a la Corte. Pero otra cosa es el cumplimiento de la Constitución; más en el radicalismo. Hay una frase de Ricardo Balbín que decía que ‘un gobierno que se autoinvestiga es un gobierno que se prestigia’”, buscó justificar su postura.

La voz del gobierno provincial

Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de Suárez y el otro firmante del decreto, indicó que “son tierras del propiedad del Estado nacional, no son tierras de la provincia. Aclaro esto porque las manifestaciones de personas de la oposición muestran un desconocimiento absoluto. Estas tierras que en el año 69 el Estado nacional le entrega a la provincia de Mendoza en posesión son tierras de frontera, son 52 mil hectáreas”.

Las tierras se ubican en “Zona de Frontera” que tiene una legislación especial (Leyes 18.575 y 21.900) que tienen como objetivo general lograr la radicación de pobladores argentinos, mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales. Después del ’69 el otro paso fue en 1991, bajo el gobierno menemista, cuando el propietario (Nación) y el poseedor (Provincia) suscribieron un convenio que establece como “dar destino final” a las tierras ubicadas en la zona denominada “Potreros de Cordillera”, aprobado por Decreto 2868/91, durante el gobierno de José Octavio Bordón.

“Hablar de privatización de las tierras de frontera como algo negativo, es desconocer la legislación específica que las regula y que precisamente persigue que esas tierras sean utilizadas y ocupadas, incluso explotados los recursos naturales”, plantearon voceros gubernamentales a medios locales, aunque en este caso se trate de una empresa que ni siquiera es totalmente mendocina y que tiene asentamiento en Buenos Aires.

“El objetivo que tienen estas normas nacionales es radicar allí pobladores y desarrollar emprendimientos de tipo turístico u otros como inversiones agropecuarias. Lo que se ha hecho con El Azufre es que se asigna, no hay concesión, no hay sesión, no hay venta. La asignación es un paso inicial y precario que permite el convenio y las leyes a aquellos que pretenden desarrollar un emprendimiento de alguna naturaleza, como el turístico. La gente de El Azufre ha iniciado un proyecto de inversión. Hicimos los dictámenes correspondientes y en la Fiscalía de Estado para que el Fiscal de Estado se pronunciara, y él ha dicho por qué está correctamente asignada esta tierra”, planteó el ministro provincial Ibáñez.

De acuerdo a lo establecido en el convenio entre Nación y Provincia décadas atrás, las “medidas previas” en todos los casos sobre estas tierras de Zona de Frontera, deben ser puestas a consideración de la autoridad Nacional (en el Convenio la Superintendencia Nacional de Fronteras, actual Comisión Nacional de Fronteras) que es quien tiene que aprobarlas y disponer en su caso la cesión (definitiva o temporal) de los terrenos. Algo que aún no sucedió. La discusión promete continuar.