Con 71,1 millones de vacunas contra el Coronavirus distribuidas a nivel nacional y 60 millones aplicadas, aún restan más de tres millones de personas mayores de 18 años sin vacunar, además de la población pediátrica cuya inmunización está en curso. El plan avanza a buen ritmo y hay dosis disponibles, pero al mismo tiempo crece la variante Delta: el 83% de los casos detectados en el AMBA ocurren con esta cepa, que afecta hace meses a Europa y la Región. En este escenario, emerge un planteo hacia lo que viene: ¿se puede pensar en que la vacuna contra el Covid-19 sea obligatoria?
“Es una pregunta difícil. Se está hablando del tema. Hay gente a favor y en contra. No hay consenso aún. Algunos argumentos se basan en que no están terminadas las Fase 3 y las aprobaciones son de emergencia. Otros apuntan a la autodeterminación y la libertad. La vacunación es un acto personal, pero tiene un impacto general. Pienso que debería ser obligatoria. No se podría hacer ninguna actividad sin tener la vacuna”, plantea el médico Martín Hojman, de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
“Nunca nos plantearon hasta ahora el tema de la obligatoriedad”, afirma Guillermo Docena, especialista en inmunología del Conicet, al frente del equipo que desarrolla la vacuna de la Universidad Nacional de La Plata y asesor del gobierno bonaerense. “Tiene que ver con que hay un porcentaje de aceptación muy elevado. Por sobre 18 años, solo 4% no recibió la primera dosis. Creo que va a haber que definirlo (el tema de la obligatoriedad) a partir de las dosis de refuerzo. Ahí estaría de acuerdo. Por ahora no es prioritario, pero es probable que se empiece a discutir”, sostiene.
“En nuestro país por el momento creo que no es algo que se tenga que valorar. Fundamentalmente porque tenemos una importante tasa de vacunación, porque hay una amplia trayectoria histórica de adherencia a la vacunación, las dosis están ampliamente disponibles y la verdad que yo creo, o al menos es un anhelo, que el porcentaje que va a quedar sin vacunar será muy escaso”, opina Leda Guzzi, de la SADI.
La infectóloga abre otra arista del debate: “Tal vez pensaría que sí sea obligatorio en ciertos trabajadores y trabajadoras como los de la salud, que estamos altamente expuestos y en contacto con muchas personas vulnerables, y si nos convertimos en vectores de la infección viral puede ser muy peligroso para una persona susceptible”. Suma a ese grupo a quienes cuidan ancianos, y personal de áreas cerradas como geriátricos y prisiones. “Quizás en esos escenarios sí se debería considerar la obligatoriedad. Es algo que está empezando a surgir y todavía se están construyendo las posturas. Esta es una opinión dinámica: según el resultado de la campaña de vacunación, la situación puede variar”.
La medida ya rige en otros lugares del mundo. En septiembre, el estado de New York dispuso la obligatoriedad de vacunarse a todo el personal de salud. Y también para eventos cerrados masivos. Aquí los aforos estarán habilitados al 100% a partir del 16 de noviembre. El requisito: contar con, al menos, una dosis.
Proteger a quienes
no pueden inocularse
Por tener menos de tres años, sufrir alergias o enfermedades incompatibles con la vacuna, hay personas que no pueden recibir sus dosis. El avance masivo de la inoculación es la única forma de resguardarlas, y se vuelve un elemento más a tener en cuenta a la hora de analizar la obligatoriedad. “La única manera de protegerlos contra un brote es que ese brote no pueda suceder porque la mayoría está protegida. Si la enfermedad ingresa y la mayoría estamos protegidos, no va a generarse. Ese concepto del rebaño inmune protege a los individuos que no tienen la posibilidad de vacunarse. Por lo tanto debe ser obligatoria. En el caso del Covid es un debate que se está dando fuerte al respecto”, dice Mario Lozano, virólogo molecular y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes.
Florencia Cahn preside la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) pero opina a título personal: “La vacunación tiene un claro beneficio individual, y también uno colectivo. Creo personalmente que para ciertas actividades debería ser obligatoria. Es el mismo concepto de las vacunas de calendario, y no es como la persona que tiene colesterol alto y decide no cuidarse, que en definitiva solo se perjudica a sí mismo. Vacunarse o no, afecta al entorno”.
Los efectos en la Europa no inmunizada
“La Covid se ceba con la Europa no vacunada”, tituló esta semana un diario español para informar la situación epidemiológica de Rusia, Rumania, Ucrania y Letonia, países del Este europeo con cifras récord de contagios y un punto de coincidencia: porcentajes de vacunación que apenas rondan el 30% de la población.
Si bien en la Argentina no hay datos sobre el porcentaje de inoculación entre la población fallecida o que requirió internación en terapias intensivas, las cifras de otros países sirven para reflejar el efecto de la vacunación. El Ministerio de Salud de Perú, por caso, expuso que entre enero y septiembre de este año el 94,05% de las personas fallecidas por coronavirus no contaba con ninguna dosis aplicada. Un porcentaje similar se dio entre los casos graves que pasaron por terapia intensiva: un 90,91% no estaba vacunado.
El Reino Unido constituye un caso aparte. Con el 68% de la población inmunizada con dos dosis, enfrenta una nueva ola pandémica, con altas cifras de contagios y también de decesos (aunque más baja que en las olas previas). El fenómeno es materia de análisis, pero en principio se apunta a que la vacunación no alcanza: se requiere seguir sosteniendo los cuidados básicos, como el uso del tapabocas y el distanciamiento social, algo que en ese país se dejó de implementar. Una señal de alerta para el resto.
Una mirada bioética
“La mejor forma de implementar una política sanitaria es por convicción. Pero, llegado un punto en el que ya no se puede avanzar en esa convicción, el límite sería la coacción. Porque lo que está en juego aquí es la salud colectiva. Hay una razón ética”, sostiene Ignacio Maglio, abogado del Hospital Muñiz, del Sanatorio Finochietto y de la Fundación Huésped, especialista en Bioética.
“Las/os trabajadoras/es de la salud renuentes persistentes a la vacunación estarían vulnerando esa obligación primigenia de no dañar, ya que conforme la evidencia disponible, ellos estarían generando un riesgo cierto, grave e inminente de propagación de la infección”, analiza Maglio. Y agrega que la responsabilidad sería también “de la institución que permite el despliegue de actividades presenciales y asistenciales de empleadas/os renuentes a la vacunación, con el subsiguiente riesgo de propagación institucional del Covid-19”.
Por eso, explica el experto, al elaborar documentación con recomendaciones sobre cómo abordar el tema del personal de salud renuente a inmunizarse, plantea desarrollar un esquema progresivo, que comience con intentos de generación de confianza y que termine, sí, en la obligatoriedad.
