El 23 de abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, comenzaba un motín en la Cárcel de Devoto. Los presos reclamaban medidas ante el contagio de un penitenciario, pedían testeos e intervención de las autoridades para evitar un brote. Días antes se habían producido protestas en el penal de San Martín y en la Unidad 23 del penal bonaerense de Florencio Varela. En todos los casos, se reclamaba que los detenidos con factores de riesgo fueran trasladados a lugares más seguros o se les otorgara arresto domiciliario, algo que generó oleadas de cuestionamientos y desinformaciones sobre la liberación de presos. Dos años después, el Informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre el impacto del coronavirus en las cárceles expone los efectos del virus en los ámbitos intramuros, como advertían los detenidos. “La letalidad del virus en el encierro carcelario resultó mayor que en el medio libre: para 2020 se registró 2,9% en Argentina frente a 3,7% en unidades penitenciarias, aumentando la diferencia en 2021, con 1,9% en Argentina y 3,8% en unidades penitenciarias”.
Entre el 11 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 se registraron un total de 3084 casos confirmados de COVID-19 en personas privadas de su libertad en 20 jurisdicciones de todo el país. Hubo 120 muertes clasificadas como COVID-19 en las cárceles. De ellas, 70 fueron hasta diciembre de 2020 y 45 durante 2021.
“Si bien el incremento de casos de contagio y muerte intramuros tiene relación con las olas registradas en el país, los registros muestran que la ocurrencia de fallecimientos en cárceles durante 2020 creció más rápidamente que en el conjunto de la población. Esto podría tener que ver con una más rápida propagación del virus en espacios de alojamiento carcelarios, afectando especialmente a personas de riesgo (por edad o comorbilidades)”, plantea el CNPT. Y advierte que el reporte “abre importantes interrogantes respecto del cumplimiento de protocolos y el agravamiento de los procesos salud-enfermedad bajo custodia penitenciaria”.
La comparación con la situación epidemiológica del ámbito libre también indica que el promedio de las edades de las muertes fue más bajo que en la población general. Las personas fallecidas por covid en cárceles (hombres en un 95%) tenían entre 32 años y 86 años: el 57% tenía más de 60 años. “Si cruzamos edad y género, tanto para varones como para mujeres, más del 60% de las muertes se concentra entre personas de 50 años o más. Interesa agregar que la mujer trans cuya muerte fue clasificada como COVID-19 tenía 48 años”, detalla el documento. Así, mientras que entre la población en general el 79% de las muertes se corresponden con personas de 60 años o más, en unidades penitenciarias los fallecimientos en este grupo etario representan el 57,4%.
En el encierro, el efecto de la vacunación también quedó evidenciado. En 2020 el CNPT contabilizó 1879 casos confirmados de coronavirus, mientras que en 2021 hubo 1210: una reducción del 35% respecto del primer año de pandemia. “En la evolución trimestral de contagios del año 2021, la caída en los contagios coincide con el período de tiempo donde la gran mayoría de las jurisdicciones informaron haber avanzado con la aplicación de las primeras dosis, es decir el tercer trimestre de 2021”, postula el documento.
Protestas y estigmatización
El contagio por coronavirus no fue la única causa de muerte en contextos de encierro relacionada con la pandemia de coronavirus: 16 presos fallecieron durante las protestas en reclamo de medidas contra el Covid. La mayor concentración de casos de protestas y reclamos se dio en la Provincia de Buenos Aires. De los 104 casos registrados, 35 tuvieron lugar allí.
“Frente a este contexto global, cabe señalar la prevalencia de categorías discriminatorias y estigmatizantes en el tratamiento periodístico, generando dificultades para abordar integralmente las diferentes aristas de esta problemática”, alerta el informe, en relación a un período en el que también proliferaron las noticias falsas y el alarmismo en torno a la supuesta liberación masiva de presos, algo que también fue analizado y advertido desde el Observatorio de la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Entre las principales causas registradas para las protestas hubo pedidos judiciales, problemas vinculados a la atención de la salud, a la escasez de elementos de higiene y las restricciones en las visitas. “La ausencia o debilidad de los mecanismos de resolución o mediación ante los conflictos, con la participación de todas las partes involucradas, contribuyó con la rápida extensión de este tipo de medidas de fuerza en todas las jurisdicciones del país –señala el informe- Muchos casos de protestas concluyeron con personas heridas de gravedad e incluso con fallecimientos”.
Las restricciones a las visitas durante la cuarentena generaron medidas compensatorias como el acceso a teléfonos celulares e internet par el sostén de los vínculos afecticos. Esos derechos se fueron recortando a medida que se restablecían las visitas a los penales. Sin embargo, el CNPT considera que “la vigencia de regímenes de visitas muy restrictivos -al menos, en lo referido a frecuencia y duración constituye una obstaculización al ejercicio de este derecho no justificado en razones sanitarias. A su vez, el retiro de los celulares o la restricción del uso de internet impacta también en el acceso a la educación ya que constituyen herramientas indispensables para participar de clases virtuales y acceder a material de estudio”.
